La relación de los ahorristas con el dólar vuelve a estar en el centro de la escena en el Cono Sur. Mientras Uruguay avanza con una normativa que obliga a los bancos a advertir sobre los riesgos de guardar dinero en moneda extranjera, Argentina decide flexibilizar una restricción que durante más de dos décadas impidió que los bancos prestaran dólares a quienes no generan ingresos en esa divisa. Dos caminos opuestos para un mismo fenómeno: la elevada dolarización del ahorro.
En Uruguay, la medida impulsada por el Banco Central (BCU) busca que los depositantes sean conscientes de que el tipo de cambio puede erosionar su poder de compra. En Argentina, en cambio, la decisión del Gobierno de Javier Milei apunta a poner a trabajar los dólares ociosos del sistema financiero, aunque ello implique asumir riesgos que en el pasado resultaron traumáticos. Ambas iniciativas han generado debate entre economistas, banqueros y ahorristas.
Uruguay: información para desdolarizar el ahorro
La Superintendencia de Servicios Financieros del BCU aprobó la resolución definitiva que obliga a las entidades financieras a entregar a sus clientes un documento independiente con una advertencia sobre el riesgo de tipo de cambio en los depósitos en dólares. La norma, que entrará en vigor el 1 de octubre de 2026, establece que los bancos deberán informar a las personas físicas y empresas unipersonales residentes que abran cuentas en moneda extranjera sobre las posibles variaciones del valor de sus ahorros.
El texto final de la advertencia señala que el depósito «se encuentra expuesto al riesgo de tipo de cambio» y que, aunque su valor en moneda extranjera no cambie, su equivalente en pesos uruguayos podría sufrir variaciones negativas o positivas. Esta redacción supone un suavizamiento respecto al borrador original, que mencionaba la posibilidad de «recuperar menos de lo depositado» y «perder poder de compra en Uruguay». Los bancos habían criticado duramente esa redacción inicial.
Para los clientes que ya tienen cuentas en dólares, la normativa establece que la notificación deberá realizarse antes del 31 de diciembre de 2026, mediante correo electrónico, un aviso destacado en la web de la entidad o a través de canales digitales durante al menos diez días hábiles. Desaparece así la obligación de notificación personal que contemplaba el proyecto original, otra concesión a las entidades financieras.
El presidente del BCU, Guillermo Tolosa, ha defendido la medida comparándola con el octógono de advertencia que aparece en los alimentos procesados. Tolosa señaló que Uruguay se encuentra entre los tres países del mundo con mayor porcentaje de dolarización de sus depósitos, y que durante los últimos 30 años los uruguayos perdieron casi la mitad de su poder adquisitivo por esta causa. «Así de dramático es lo que estamos dejando arriba de la mesa los uruguayos por no confiar en nuestra propia moneda», afirmó.
Argentina: adiós al candado del 2002
En Argentina, el Gobierno de Javier Milei flexibilizó el artículo 23 del decreto 905 de 2002, una norma que impedía a los bancos prestar dólares a quienes no tuvieran ingresos en esa moneda. La medida, adoptada mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), habilita a las entidades a otorgar créditos en dólares a empresas que facturan en pesos, con un límite del 15% de los depósitos en moneda extranjera.
La decisión representa un cambio significativo en la arquitectura financiera argentina. El candado fue impuesto por Eduardo Duhalde tras el estallido de 2001, como respuesta al trauma colectivo que supuso el corralito y la pesificación asimétrica. La frase «el que depositó dólares recibirá dólares» se convirtió en el símbolo de aquella promesa de reconstruir la confianza en el sistema bancario.
Los datos explican la urgencia del Gobierno por dinamizar el crédito. Según el Banco Central argentino, entre diciembre de 2023 y agosto de 2026, los depósitos en dólares pasaron de 14.115 millones a 40.656 millones de dólares, un aumento de 26.541 millones. En el mismo período, los depósitos en pesos expresados en dólares apenas crecieron 2.665 millones. Es decir, los depósitos en dólares crecieron diez veces más que los depósitos en pesos.
La capacidad prestable de los bancos en dólares supera a la de pesos: hay unos 15.000 millones de dólares disponibles en moneda extranjera frente a 10.000 millones en pesos. Con la nueva normativa, se estima que podrían destinarse unos 10.000 millones de dólares a créditos en esa moneda. Los bancos privados, cámaras empresarias y la industria automotriz celebraron la decisión, mientras que economistas heterodoxos y sindicatos advierten sobre el riesgo de descalce de monedas.
Dos modelos frente a la dolarización
Las medidas adoptadas por Uruguay y Argentina reflejan dos filosofías distintas. Mientras el BCU apuesta por la información y la educación financiera para desalentar el ahorro en dólares, el Gobierno argentino prefiere incentivar la utilización productiva de esos fondos mediante la flexibilización del crédito. Ambas estrategias tienen riesgos y beneficios.
En Uruguay, la norma ha sido criticada por los bancos, que temen que la advertencia genere desconfianza entre los depositantes. El CEO de Scotiabank Uruguay, Maximiliano Saporito, señaló que los bancos tienen un deber fiduciario con sus clientes y que el Central no va a indemnizarlos si las cosas no salen como se prevé. Por su parte, el gerente general de Banco Santander, Gustavo Trelles, defendió que la decisión de ahorrar en una u otra moneda corresponde al propio cliente.
En Argentina, el principal temor es que la flexibilización del artículo 23 reabra el fantasma del descalce de monedas, la pesadilla histórica del sistema financiero argentino. El riesgo es que, si el tipo de cambio se dispara, los deudores no puedan pagar y los bancos queden expuestos. Sin embargo, el porcentaje autorizado es acotado y las condiciones macroeconómicas actuales difieren de las de 2001.
La confianza sigue siendo el factor clave en ambos países. En Argentina, millones de personas guardan dólares fuera del sistema financiero, una desconfianza que se remonta al corralito y que se ha visto alimentada por reiteradas estafas regulatorias. En Uruguay, la elevada dolarización responde a razones históricas y a la percepción de que el peso no protege el poder adquisitivo.
Ambas iniciativas buscan, en última instancia, reducir la dependencia del dólar en economías que han sufrido las consecuencias de la volatilidad cambiaria. El éxito de estas políticas dependerá de la capacidad de los gobiernos para generar confianza y estabilidad, algo que no se logra únicamente con normas o advertencias.
La experiencia demuestra que los cambios en la regulación financiera requieren tiempo y consistencia. Tanto Uruguay como Argentina han aprendido que las decisiones unilaterales pueden tener efectos contraproducentes. La coordinación entre el sector público y privado, así como la comunicación clara de los riesgos y beneficios, serán fundamentales para que estas medidas alcancen sus objetivos.
En definitiva, lo que está en juego es la capacidad de los países para ofrecer a sus ciudadanos alternativas de ahorro seguras y rentables en moneda local. La dolarización no es solo un fenómeno económico, sino también un reflejo de la confianza en las instituciones y en la estabilidad de las políticas públicas. Las medidas adoptadas en Uruguay y Argentina son pasos en esa dirección, aunque con enfoques diferentes.