Tubos Reunidos encara la liquidación de su matriz mientras busca comprador para las plantas

  • La sociedad holding pide la liquidación tras no recibir ofertas por sus acciones, aunque sigue la venta de las unidades productivas.
  • Cinco propuestas pujan por los activos industriales, con Trapagaran como foco principal y Amurrio en varias ofertas de forma subsidiaria.
  • La deuda con la SEPI, en torno a 150 millones, se convierte en el principal obstáculo para cerrar la operación.
  • El empleo de unas 1.300 personas y el calendario de reuniones con sindicatos y compradores marcan el futuro inmediato.

Tubos Reunidos y su proceso industrial

La sociedad holding de Tubos Reunidos ha pedido al juzgado abrir la fase de liquidación después de constatar que ningún oferente quiere hacerse con las acciones y de que no ha sido posible cerrar un convenio con los acreedores. La decisión afecta a la matriz cotizada, no al cierre automático de las factorías, mientras sigue adelante la venta de las unidades productivas.

El proceso llega con cinco ofertas seleccionadas por la administración concursal, que gestiona PKF Attest, y con la plantilla pendiente de saber cómo encajan los planes de los compradores. La compañía agrupa a unos 1.300 trabajadores y concentra su futuro industrial en las plantas de Amurrio y Trapagaran, con una deuda que ronda los 300 millones de euros.

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Una liquidación limitada a la sociedad matriz

Instalaciones industriales de Tubos Reunidos

La solicitud de liquidación se refiere a Tubos Reunidos S.A., la sociedad holding que cotiza en bolsa, y no supone por sí sola la liquidación de las fábricas. La empresa ha trasladado a la plantilla que el proceso de venta de las unidades productivas continúa y que los ocho empleados de la matriz no se verán afectados, aunque sí se cerrará la oficina corporativa de Madrid.

El movimiento llega tras meses de intentos para encontrar un socio industrial. No ha habido interés por las acciones y tampoco ha cuajado un acuerdo con los acreedores, de ahí que la matriz se asome a una liquidación que dejaría sin valor a los títulos y afectaría a accionistas minoritarios, entre ellos varias familias vascas.

La compañía, con sede en Amurrio y más de 130 años de historia, factura alrededor de 360 millones de euros y arrastra pérdidas relevantes. En el último ejercicio comunicado las pérdidas se elevaron a 118 millones, una cifra que se suma a la presión de los aranceles estadounidenses y a la caída de actividad en un mercado que llegó a representar cerca de la mitad de sus ingresos.

Cinco ofertas para los activos industriales

La administración concursal ha seleccionado cinco propuestas para pujar por los activos de la compañía. Las ofertas se han presentado de forma anonimizada y todas contemplan ajustes de plantilla o cambios en las condiciones laborales, según el cuadro trasladado a los sindicatos y las fuentes del proceso.

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  • Una de las ofertas plantea un perímetro amplio por un importe simbólico de un euro, la propuesta que más se acercaría a quedarse con todo.
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  • Otra se limita a Trapagaran con una oferta de un millón de euros, mientras una tercera ofrece 100.000 euros por esa planta vizcaína y deja abierta de forma subsidiaria la opción de asumir Amurrio.
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  • La propuesta económica más alta alcanza 27,5 millones de euros por Trapagaran, pero no extiende su alcance a la factoría alavesa.
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  • La quinta ofrece un euro por Trapagaran y otro por Amurrio, aunque excluye los inmuebles y abre la puerta a gestionarlos en alquiler o fórmulas similares.
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Entre los nombres que suenan en el proceso figuran Sidenor, Tubacex y el grupo indio Welspun, si bien la identidad oficial no se ha desglosado en el detalle anonimizado. Welspun ha citado al comité de Trapagaran para explicar su oferta, mientras los sindicatos reclaman información concreta sobre cada proyecto industrial.

El nudo de la deuda con la SEPI

El gran escollo es la deuda con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. El rescate concedido durante la pandemia a través del Fasee fue de unos 113 millones de euros y, con los intereses devengados, la SEPI reclama en torno a 150 millones. La SEPI ha rechazado una quita y sostiene que esa carga debe asumirse en la operación; si el juzgado no lo acepta, ha avisado de que podría acudir a los tribunales europeos.

La Abogacía del Estado ha comunicado a la administración concursal su disposición a defender esa vía judicial, lo que añade incertidumbre a una puja que los inversores condicionan a no cargar con el préstamo. Un informe inicial de la Comisión Europea apuntaría a que no sería posible una quita, aunque Tubos Reunidos subraya que no es vinculante ni constituye la posición definitiva; la administración concursal califica la deuda como subordinada y los compradores piden que no se transfiera con las unidades productivas.

El consejero vasco de Industria, Mikel Jauregi, ha advertido de que si la SEPI no flexibiliza esa carga, la salida de la empresa podría ser una vía sin retorno. Las ofertas se presentaron pensando en un escenario sin esos 150 millones y los inversores temen que cualquier riesgo jurídico acabe por alejar a los interesados de las plantas vascas.

Empleo, calendario y presión de caja

La puja se mueve con el reloj en contra. La administración concursal se ha reunido con los comités de empresa y las ofertas deberán concretarse en propuestas vinculantes, previsiblemente a finales de noviembre. La jueza del Juzgado de lo Mercantil número 7 de Vitoria ha fijado como prioritarios el mantenimiento del empleo y el perímetro de la empresa por encima del precio.

Las plantas de Trapagaran y Amurrio suman cerca de 1.300 trabajadores: unos 400 en la vizcaína y unos 900 en la alavesa. Los interesados muestran más apetito por Trapagaran, mientras Amurrio aparece en varias ofertas con carácter subsidiario y una situación de rentabilidad más delicada. Los sindicatos temen que los recortes y la revisión de convenios acaben pesando más que los proyectos industriales.

La compañía ha trasladado a la plantilla que en los primeros veinte días de octubre se dieron de alta pedidos por unos 15 millones de euros, un 105% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. El 85% de esos pedidos corresponde a Amurrio y se dirige principalmente al mercado estadounidense, una señal que la empresa considera alentadora por la recuperación de precios del tubo de acero sin soldadura.

Sin embargo, ninguna de las ofertas ha incluido financiación interina para sostener la actividad mientras se resuelve el concurso. Esa falta de liquidez preocupa por su impacto en proveedores y nóminas, y podría acercar a la compañía a un parón temporal de la producción si no llega una solución con rapidez.

Contorno judicial y reputacional

El rescate de Tubos Reunidos está bajo escrutinio judicial en la Audiencia Nacional por el presunto pago de comisiones ilegales vinculadas a la trama de la exafiliada del PSOE Leire Díez. Entre los investigados figuran el actual director general de la compañía, Carlos López de las Heras, el expresidente Francisco Irazusta y quien fuera consejero Jesús Pérez Rodríguez-Urrutia; también se ha investigado al expresidente de la SEPI Vicente Fernández Guerrero.

Este frente judicial se suma a la compleja negociación financiera y a la presión del calendario. La sociedad matriz ya ha solicitado la liquidación, pero las fábricas siguen siendo la pieza que se quiere preservar mediante la venta de las unidades productivas. La empresa insiste en que la decisión no altera el objetivo de mantener la actividad y el mayor número posible de puestos de trabajo.

La pelota está ahora en el tejado del juzgado, de la SEPI y de los cinco interesados. La continuidad de las plantas y del empleo depende de que la deuda no ahogue las ofertas, de que haya financiación para sostener la actividad y de que prospere una solución industrial antes de que el calendario apriete.


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