Telefónica ha puesto ya negro sobre blanco el impacto económico del amplio expediente de regulación de empleo (ERE) pactado con los sindicatos en su perímetro en España. La operadora calcula que el plan de salidas, que abarcará a varias filiales del grupo, tendrá un coste aproximado de 2.500 millones de euros y permitirá reducir de forma significativa su estructura de gastos en los próximos años.
Según las estimaciones comunicadas al supervisor bursátil, el ajuste supondrá la salida de alrededor de 5.500 trabajadores, con un mínimo garantizado de unas 4.525 bajas y un máximo que podría superar las 5.000 personas en función del grado de adhesión voluntaria. A cambio de este desembolso inicial, la compañía prevé lograr ahorros anuales cercanos a 600 millones de euros a partir de 2028, dentro del plan de eficiencias que el grupo está desplegando.
Un ERE de 2.500 millones y hasta 5.500 salidas
La documentación remitida por Telefónica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) fija en torno a 2.500 millones de euros antes de impuestos la provisión asociada a los planes de salida. La cifra engloba a las siete sociedades afectadas por el ERE: Telefónica de España, Telefónica Móviles España, Telefónica Soluciones de Informática y Comunicación de España, Telefónica Audiovisual Digital (Movistar Plus+), Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital y Telefónica, S.A.
La compañía detalla que el valor actual de ese gasto corresponde al conjunto de los paquetes de indemnización y coberturas diseñados para los empleados que se acojan al proceso. El número de salidas se mueve en una horquilla con un mínimo de 3.765 bajas en las tres grandes sociedades del convenio de empresas vinculadas (Telefónica de España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones) y un techo de 5.040 en esas mismas filiales, a lo que se suman las reducciones en las demás unidades.
En total, los cálculos internos de la empresa apuntan a que podrían abandonar la plantilla alrededor de 5.500 personas, lo que supone cerca de una cuarta parte de los empleados del perímetro afectado en España. Se trata del proceso con más impacto desde los grandes planes de salidas voluntarias lanzados en la pasada década y se enmarca en un contexto de transformación del negocio de las telecomunicaciones en Europa, con ingresos presionados y un fuerte esfuerzo inversor en redes.
Las organizaciones sindicales han insistido durante la negociación en fijar un suelo mínimo de bajas para evitar que la compañía recurriera a despidos forzosos de forma masiva, si bien el acuerdo deja abierta la puerta a superar esas cifras mediante adhesiones voluntarias. De hecho, la dirección considera factible que la parte alta de la horquilla se alcance si el plan resulta atractivo para los empleados con más antigüedad.
Distribución del coste y sociedades más afectadas
El grueso del esfuerzo económico se concentra en las filiales más grandes del grupo en el mercado nacional. Para Telefónica España y Movistar Plus+, la compañía estima una provisión conjunta cercana a 2.300 millones de euros, que recoge la mayor parte de las indemnizaciones y costes asociados a las salidas. El resto, en torno a 200 millones de euros, se vincula a las denominadas unidades corporativas, entre las que figuran Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital y Telefónica, S.A.
En términos de empleo, las cifras negociadas perfilan un ajuste especialmente intenso en el negocio tradicional de servicios fijos. En Telefónica de España se han acordado 2.925 bajas, casi un tercio de la plantilla de esa sociedad. En Telefónica Móviles el recorte afectará a 720 trabajadores, alrededor del 20% de su personal, mientras que en Telefónica Soluciones se prevén 120 salidas, el 11% de sus efectivos.
A esas cifras se añaden las 175 bajas previstas en Movistar Plus+, sobre un total aproximado de 860 empleados, y los ajustes en el perímetro corporativo: 294 salidas en Telefónica S.A., 182 en Telefónica Innovación Digital y 109 en Telefónica Global Solutions. Sumadas todas las sociedades, el mínimo de 4.525 salidas pactadas puede incrementarse hasta el máximo fijado en los acuerdos si se superan las adhesiones esperadas.
Telefónica subraya que la mayoría de los procesos se articularán mediante adhesión voluntaria, con criterios de edad y antigüedad. En las divisiones bajo convenio colectivo, la compañía da prácticamente por descartados los ceses forzosos, mientras que en las otras sociedades se ha habilitado un mecanismo para completar las cifras mínimas acordadas si la respuesta voluntaria fuese insuficiente.
Coste medio por empleado y condiciones económicas
Si se materializan las previsiones de la empresa sobre el número total de bajas, el coste medio por trabajador se situará en torno a los 455.000 euros. Esta cifra supone un incremento de alrededor del 20% respecto al plan anterior, cerrado a comienzos de 2024, en el que el importe promedio rondó los 380.000 euros por empleado y el coste global fue de unos 1.300 millones de euros.
El nuevo ERE incluye distintos tramos de compensación en función de la edad. Para los empleados nacidos entre 1969 y 1971, el esquema general contempla un pago equivalente al 68% del salario regulador hasta los 63 años, con un porcentaje inferior a partir de esa edad. Para las cohortes de 1965 a 1968, las condiciones bajan hasta el 62% del salario hasta los 63 años y en torno al 34% después, mientras que para los nacidos en 1964 y anteriores las coberturas se sitúan alrededor del 52% hasta los 63 años y el 35% a partir de ahí.
Además de estos porcentajes sobre el salario, los acuerdos contemplan complementos adicionales como el pago de una parte de los planes de pensiones, mantenimiento de seguros de salud y primas de voluntariedad en determinadas sociedades. Estos elementos refuerzan el atractivo del plan para los perfiles con más tiempo en la empresa, que son precisamente los que concentran los costes laborales más elevados.
Los sindicatos han enmarcado este proceso como uno de los expedientes más costosos desde 2017, aunque recuerdan que aquel programa de entonces tuvo una naturaleza distinta, ya que no implicaba una extinción plena de la relación laboral en todos los casos. Desde 2012, sumando los distintos planes de salidas, se calcula que más de 26.000 trabajadores han abandonado Telefónica en España, un ajuste paulatino ligado a la digitalización y a la caída de ingresos en servicios tradicionales como el cobre.
Calendario del ERE y efecto en la caja del grupo
El proceso de adhesión al ERE se desarrollará durante varias semanas. Las inscripciones se abrirán el 29 de diciembre en la mayoría de las sociedades incluidas en el convenio y se mantendrán hasta el 26 de enero, mientras que en las denominadas GBU o unidades corporativas el plazo se alargará unos días más, hasta el 29 de enero. En el caso de Movistar Plus+, el calendario se desplaza ligeramente y el periodo de adhesión se iniciará el 7 de enero y concluirá el 6 de febrero.
Una vez cerrado el cupo de solicitudes, la empresa deberá determinar si es necesario recurrir a salidas forzosas para alcanzar los mínimos pactados. Los posibles vetos o despidos no voluntarios se comunicarán, según el esquema pactado, a mediados de febrero en las compañías que no están bajo el convenio de empresas vinculadas. En las filiales con convenio, tanto la dirección como las centrales sindicales consideran muy improbable llegar a ese escenario.
Desde el punto de vista financiero, Telefónica asegura que, pese al elevado desembolso inicial, el impacto en la generación de caja será positivo ya desde 2026. La razón es que las salidas efectivas de empleados se empezarán a producir desde el primer trimestre de 2026, de modo que la reducción de la masa salarial y otros gastos asociados compensará progresivamente el coste de las indemnizaciones.
La compañía destaca que el mercado ya ha ido descontando este ajuste dentro de su hoja de ruta. Tras conocerse los detalles económicos, las acciones de Telefónica llegaron a registrar descensos cercanos al 1% en el IBEX 35, en una sesión de caídas moderadas para el conjunto del selectivo. La reacción refleja cierta cautela por el volumen de la provisión, pero también la expectativa de que las eficiencias futuras contribuyan a mejorar los márgenes.
Un aspecto clave es que la generación de caja se ha convertido en el principal indicador de referencia para el dividendo de la operadora. Por ello, el diseño del ERE tiene en cuenta no solo el recorte de costes, sino también el ritmo al que se verá reflejado en el flujo de caja disponible para los accionistas, una variable que la dirección ha situado en el centro de su discurso en los últimos meses.
Objetivo de ahorro: 600 millones al año desde 2028
Telefónica enmarca este ERE dentro de un programa más amplio de ahorro de costes y simplificación operativa. Según las cifras comunicadas, los ahorros anuales directos derivados del ajuste de plantilla se situarán en torno a 600 millones de euros a partir de 2028. De esa cantidad, aproximadamente 500 millones se generarán en Telefónica España y Movistar Plus+, mientras que cerca de 60 millones procederán de las unidades corporativas.
Estas estimaciones se integran en el nuevo plan estratégico 2026-2030 presentado por la compañía a comienzos de noviembre, que fija como objetivo global la obtención de unos 3.000 millones de euros en eficiencias hasta 2030, de los cuales unos 2.300 millones se esperan ya para 2028. Dentro de ese paquete, la empresa ha cuantificado en torno a 1.200 millones de euros los ahorros ligados directamente al ERE firmado con los sindicatos.
Además del recorte de plantilla, el plan contempla medidas de reorganización interna, digitalización de procesos y simplificación del modelo operativo. La compañía insiste en que estos cambios están orientados a construir un grupo más ágil, flexible y digital, capaz de responder a un entorno muy competitivo en el mercado europeo de telecomunicaciones y a un escenario regulatorio exigente.
En paralelo, Telefónica afronta otros movimientos corporativos relevantes, como la revisión de su política de dividendo y la decisión de abandonar la cotización en Wall Street décadas después de su desembarco en Estados Unidos, concentrando así su presencia bursátil en los mercados europeos. Todo ello forma parte de una estrategia que busca reforzar el balance, priorizar la generación de caja y reorientar las inversiones hacia negocios de mayor crecimiento.
Relación con los sindicatos y prórroga de convenios
El acuerdo del ERE se ha alcanzado tras varias semanas de negociación con las principales organizaciones sindicales, en un contexto de debate social por la magnitud del ajuste. La empresa ha puesto el acento en que el proceso será, en la medida de lo posible, voluntario y pactado, mientras que las centrales han centrado sus esfuerzos en mejorar las condiciones económicas y reducir el riesgo de despidos forzosos.
En el mismo paquete de acuerdos, Telefónica ha confirmado la prórroga de los convenios colectivos de las sociedades afectadas hasta el 31 de diciembre de 2030. Según la operadora, esto permitirá mantener un marco de estabilidad laboral en los próximos años, al tiempo que se despliegan las medidas de reorganización contempladas en el plan estratégico.
La compañía sostiene que, con estos convenios y el rediseño de su estructura de personal, podrá seguir apostando por la captación y fidelización de talento, invertir en capacidades tecnológicas diferenciales y consolidar nuevas formas de trabajo más flexibles y digitales, basadas en la autonomía, la responsabilidad individual y la contribución a los resultados. En paralelo, se seguirá trabajando en simplificar el modelo operativo para reducir duplicidades y agilizar la toma de decisiones.
Por su parte, las organizaciones de trabajadores recuerdan que el Estado, a través de su participación accionarial, tiene un papel relevante en el futuro de la compañía y han reclamado que los ajustes de plantilla se acompañen de planes de recualificación y recolocación, especialmente en áreas de alta demanda tecnológica. El debate sobre el peso del empleo cualificado en el sector y sobre el impacto territorial del ERE sigue abierto, especialmente en las comunidades donde Telefónica mantiene centros de trabajo de gran tamaño.
El movimiento de Telefónica se enmarca en una tendencia más amplia entre los grandes operadores europeos, que buscan reducir sus costes fijos para adaptarse a un mercado maduro, muy regulado y con fuerte presión competitiva, en el que los ingresos tradicionales por voz y datos móviles crecen con dificultad mientras se mantienen elevadas las necesidades de inversión en redes de fibra y 5G.
Con este ERE, la teleco española afronta uno de los ajustes laborales más relevantes de su historia reciente, asumiendo un desembolso inmediato de 2.500 millones de euros a cambio de una reducción estructural de gastos que, según sus previsiones, empezará a notarse en la caja desde 2026 y se consolidará en forma de ahorros anuales de unos 600 millones de euros a partir de 2028. Todo ello encaja en la estrategia de lograr un grupo más ligero en costes, más digitalizado y con mayor margen de maniobra financiera en el mercado europeo de telecomunicaciones.
