Santa Bárbara Sistemas (SBS) ha dado un paso inesperado al solicitar al Tribunal Supremo que detenga la tramitación del recurso que presentó contra la concesión de los préstamos a Indra y Escribano vinculados al Programa Especial de Modernización (PEM) de Artillería Autopropulsada. En concreto, la compañía reclama la paralización cautelar de 3.000 millones de euros en créditos estatales al 0% de interés, que fueron otorgados a la unión temporal de empresas (UTE) formada por Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E).
Fuentes de la compañía han aclarado a Europa Press que esta solicitud de suspensión no implica el desistimiento del recurso, tal y como adelantó el diario Expansión. Es decir, el procedimiento judicial no se retira, sino que se pone en pausa mientras se desarrollan las conversaciones que SBS mantiene con Indra. Estas negociaciones, que ya habían sido avanzadas por la propia SBS, tienen como objetivo impulsar la integración del sector, generar sinergias y aprovechar las capacidades industriales y tecnológicas existentes en España.
Un acercamiento que cambia las reglas del juego
La decisión de SBS llega en un momento de intensos contactos con Indra para crear una empresa conjunta que permita a ambas firmas unir fuerzas de cara a los grandes contratos militares terrestres. Según fuentes del sector, las conversaciones han avanzado significativamente desde que se produjo el cambio de cúpula directiva en Indra, con la llegada de Ángel Simón a la presidencia en sustitución de Ángel Escribano, y el nombramiento de Josep Maria Recasens como consejero delegado en lugar de José Vicente de los Mozos. Este relevo ha rebajado las tensiones que existían entre ambas compañías, especialmente después de que Escribano criticara públicamente la gestión de General Dynamics, matriz de SBS, en España.
La compañía ha reiterado su disposición a poner a disposición del Ministerio de Defensa toda su experiencia, capacidades inmediatas y propiedad intelectual nacional. Este gesto, junto con la paralización del recurso en el Supremo, supone un acercamiento inédito entre dos empresas que hasta hace poco estaban enfrentadas por la adjudicación de los programas de artillería, valorados en más de 7.000 millones de euros. No obstante, el procedimiento abierto en la Audiencia Nacional, íntimamente ligado al de los préstamos, sigue su curso por el momento.
El contexto de los préstamos y la financiación pública
Los créditos reclamados están recogidos en el real decreto del 14 de octubre de 2025, que establece las normas para la concesión directa de créditos destinados al desarrollo industrial de los Programas Especiales de Modernización (PEM). En total, el Ejecutivo ha concedido 14.224 millones de euros en préstamos sin intereses a diferentes empresas para prefinanciar estos proyectos de defensa. De esa cantidad, los programas en los que participa Indra —ya sea en solitario, con algún socio o a través de Hisdesat— acumulan 7.944 millones de euros en financiación pública. Por su parte, los de Airbus suman 4.030 millones de euros, incluido un programa de 350 millones compartido con Indra, mientras que los vinculados a Navantia alcanzan los 2.292 millones de euros.
Este volumen de financiación refleja la apuesta del Gobierno por modernizar las capacidades militares del país, pero también ha generado tensiones entre los actores del sector. La UTE formada por Indra y EM&E se ha llevado una parte significativa de los fondos, lo que motivó el recurso inicial de SBS. Ahora, con la suspensión temporal del mismo, se abre una ventana de oportunidad para que las negociaciones entre las dos compañías cristalicen en una alianza que podría redefinir el mapa industrial de la defensa en España.