Nuevos jubilados, RETA y pensión media: la gran brecha en las pensiones

  • Los nuevos jubilados del RĆ©gimen General acceden a pensiones cercanas a 2.000 € mensuales, muy por encima de la media del sistema.
  • Los autónomos del RETA y las viudas perciben pagas claramente inferiores al SMI, con una brecha de mĆ”s de 500 € respecto a los asalariados.
  • Las reformas recientes, los incentivos al retraso de la jubilación y la indexación al IPC elevan el gasto en un sistema ya muy generoso en comparación con Europa.
  • La llegada masiva de los baby boomers y el aumento rĆ”pido del nĆŗmero de jubilados tensionan la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones.

pension media nuevos jubilados

La jubilación en España estÔ viviendo un cambio de época. La llegada masiva de la generación del baby boom a la edad de retiro, las sucesivas reformas del sistema y la brecha histórica entre trabajadores asalariados y autónomos han dibujado un escenario donde las cifras mandan un mensaje muy claro: no todos los pensionistas cobran lo mismo ni se acercan, ni de lejos, a los mismos niveles de bienestar.

Mientras los nuevos jubilados del Régimen General acceden a prestaciones que rozan o superan los 2.000 euros mensuales en 14 pagas, buena parte de los trabajadores autónomos y de las viudas se quedan muy por debajo del salario mínimo, con pagas que muchas veces no alcanzan los 900 euros. Y, entre medias, un sistema de pensiones muy generoso en términos comparados con Europa, pero sometido a una tensión creciente por el aumento del número de beneficiarios y el fuerte incremento del gasto.

Pensión media del sistema y diferencia entre regímenes

comparativa pension media regimen general y reta

Según los últimos datos de la Seguridad Social disponibles para finales de 2024 e inicios de 2025, la pensión media total del sistema (sumando todas las modalidades contributivas) se sitúa en torno a los 1.260-1.423 euros mensuales, dependiendo del corte temporal y de si se habla de todo el conjunto o específicamente del Régimen General. En febrero de 2025, un pensionista del Régimen General cobra de media 1.423,35 euros, una cantidad que integra tanto pensiones de jubilación como de viudedad, incapacidad permanente u otras prestaciones contributivas.

Ahora bien, esa cifra global oculta una brecha muy profunda cuando se comparan los dos grandes colectivos: asalariados del Régimen General y trabajadores del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Mientras un pensionista medio del Régimen General supera con holgura los 1.400 euros mensuales, el autónomo tipo se queda varios escalones por detrÔs, con mÔs de 500 euros de diferencia.

En términos concretos, los trabajadores por cuenta propia reciben de media 517,25 euros menos que los del Régimen General. Esta diferencia no es un detalle menor: marca el día a día de cientos de miles de jubilados autónomos que, tras una vida de trabajo, llegan al retiro con una renta muy ajustada.

La fotografía territorial tampoco mejora el panorama. En casi el 60% de las provincias y comunidades autónomas, la pensión media de los autónomos no llega a 900 euros al mes. Y en ninguna región la pensión media del RETA alcanza el nivel del salario mínimo interprofesional (SMI), hoy situado en 1.134 euros mensuales en 14 pagas. Es decir, la mayoría de jubilados autónomos viven con ingresos claramente inferiores al umbral que el propio Estado fija como salario mínimo para un trabajador en activo.

Los nuevos jubilados del RƩgimen General: pensiones cercanas a 2.000 euros

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Si se pone el foco en los nuevos jubilados del Régimen General, la situación es muy distinta y, en muchos casos, bastante mÔs holgada. La pensión media contributiva de las nuevas altas de jubilación en este régimen ha encadenado varios años de subidas intensas, hasta el punto de rozar los 2.000 euros al mes.

En enero, los últimos datos de la Seguridad Social apuntan a que cada nuevo jubilado asalariado entró en el sistema con una pensión media de 1.982 euros mensuales en 14 pagas. Es la cifra mÔs alta de la serie histórica y refleja la confluencia de varios factores: carreras laborales mÔs largas y mejor cotizadas, salarios mÔs altos en los tramos finales de la vida laboral y los incentivos introducidos en la última reforma para retrasar la edad efectiva de jubilación.

Esta subida no es coyuntural. La pensión media de entrada de los nuevos jubilados del Régimen General crece a un ritmo anual del 5,5%, mientras que la inflación ronda el 2,3%. Dicho de otro modo, los recién jubilados estÔn ganando poder adquisitivo frente a los precios y también respecto a generaciones anteriores de pensionistas.

Si se mira con perspectiva, el salto es llamativo: en 2021, la pensión media de un nuevo jubilado del Régimen General era de unos 1.583 euros. En apenas cinco años, ha experimentado un incremento cercano al 25%, es decir, unos tres puntos por encima de la inflación acumulada en ese mismo periodo. Y eso pese a que se han endurecido las jubilaciones anticipadas con nuevas penalizaciones, lo que en teoría debería contener algo el importe de las pensiones iniciales.

Conviene distinguir, ademÔs, entre la pensión de los recién jubilados y la del conjunto de jubilados del Régimen General. Mientras las nuevas altas superan ya los 1.900-2.000 euros, la media de todos los jubilados asalariados se sitúa en torno a 1.606,6 euros. Esta diferencia se explica porque en la media general todavía pesan los pensionistas de generaciones anteriores, que accedieron a la jubilación con bases de cotización mÔs bajas.

Jubilados autónomos (RETA): pensiones muy por debajo del SMI

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En el otro extremo del sistema se encuentran los jubilados autónomos, cuya pensión media sigue siendo sensiblemente mÔs baja que la de los asalariados. Pese a las revalorizaciones anuales, el importe que perciben al retirarse continúa alejado de los niveles considerados suficientes para garantizar un envejecimiento económicamente desahogado.

La pensión media de jubilación en el RETA se sitúa actualmente en torno a los 966,8-1.006,23 euros mensuales, según el momento y la fuente concreta de los datos. La cifra de 1.006,23 euros refleja ya la subida del 2,8% aplicada recientemente a las pensiones contributivas. Aun así, la distancia con el Régimen General sigue siendo enorme: los jubilados autónomos cobran de media una pensión un 39,4% inferior a la de los asalariados.

Esta brecha no es algo casual ni reciente. Durante décadas, muchos autónomos han cotizado por la base mínima, pues el sistema les permitía elegir libremente su cuota al margen de sus ingresos reales. Esa estrategia, pensada para reducir la carga mensual en activo, tiene una consecuencia directa: pensiones de jubilación muy modestas, muchas veces incluso por debajo de la pensión mínima del sistema y siempre por debajo del SMI.

El mapa provincial y autonómico confirma la gravedad del problema. En casi el 60% del territorio, la pensión media de los autónomos jubilados no alcanza los 900 euros al mes, y en ninguna comunidad llega al salario mínimo vigente. Esto implica que un buen número de jubilados por cuenta propia se sitúan de facto en el umbral de la pobreza o dependen de otros ingresos familiares para llegar a fin de mes.

Organizaciones como la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) llevan tiempo denunciando esta situación. Su presidente, Eduardo Abad, ha sido especialmente claro al señalar que no se puede aceptar que quienes han pasado décadas sacando adelante pequeños negocios, contribuyendo al empleo y al crecimiento económico, acaben la vida laboral abocados a una jubilación precaria.

Propuestas de UPTA y sistema de cotización por ingresos reales

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Para intentar corregir esta situación, UPTA defiende desde hace años un cambio estructural en la cotización de los autónomos. La medida estrella, ya en marcha, es el sistema de cotización por ingresos reales, que sustituye al antiguo modelo de elección libre de bases dentro de unos mínimos y mÔximos preestablecidos.

Desde 2023, los autónomos estÔn obligados a cotizar en función de sus rendimientos netos, dentro de una serie de tramos de ingresos que llevan asociadas bases y cuotas mínimas. En teoría, esto permitirÔ que quienes mÔs ganan aporten mÔs al sistema y, a la larga, generen derecho a pensiones mÔs altas. Por el contrario, quienes tienen ingresos mÔs modestos verÔn algo mitigado el esfuerzo de cotización, pero su futura pensión también serÔ previsiblemente reducida.

UPTA considera este cambio un paso adelante, pero insuficiente para cerrar la brecha de pensiones entre autónomos y asalariados. Por eso propone un plan de refuerzo específico: una subida de tres puntos anuales en el importe de la pensión media de los autónomos durante los próximos cuatro años. Con este impulso, la pensión media estatal del RETA podría alcanzar alrededor de 1.020 euros al mes al cabo de ese periodo.

Para Eduardo Abad, el problema no es solo cuantitativo sino también político y social. Ha criticado que un Gobierno de corte progresista no haya priorizado con mÔs contundencia la mejora de las pensiones mÔs bajas, y al mismo tiempo reprocha a la oposición que no reconozca la urgencia de abordar este desequilibrio si se quiere mantener un sistema de pensiones percibido como justo y equitativo.

Su mensaje se centra en la idea de reparar la situación del colectivo que recibe las prestaciones mÔs bajas del sistema, subrayando que no se trata solo de números, sino de la dignidad de personas que han contribuido con su trabajo autónomo al tejido productivo del país. El objetivo, en definitiva, es que ningún jubilado autónomo se vea condenado a la pobreza una vez finalizada su vida laboral.

Viudedad: pensiones muy bajas y feminización de la precariedad

MÔs allÔ de la comparación entre Régimen General y RETA, otro colectivo que ilustra las desigualdades internas del sistema es el de las personas beneficiarias de pensiones de viudedad. En noviembre de 2024, la pensión media de viudedad rondaba los 898,8 euros mensuales, muy por debajo del salario mínimo y también por debajo de la pensión media del sistema.

La clave estÔ en la normativa: con carÔcter general, la pensión de viudedad da derecho a cobrar el 52% de la base reguladora del trabajador fallecido. Desde 2019, se ha introducido una mejora para ciertos supuestos: cuando la persona beneficiaria tiene 65 años o mÔs, no percibe otra pensión pública, no tiene ingresos laborales por cuenta ajena o propia y no supera determinados límites de rentas del capital o actividades económicas (en torno a 7.707 euros anuales), el porcentaje sube al 60%.

En la prÔctica, este diseño hace que una gran mayoría de viudas (y en mucha menor medida viudos) se sitúen en niveles de ingresos muy ajustados. De hecho, la pensión media de viudedad las deja claramente por debajo del SMI, lo que explica por qué numerosos colectivos de pensionistas reclaman una mejora sustancial de estas prestaciones, especialmente en los casos mÔs vulnerables.

En España hay alrededor de 2,35 millones de beneficiarios de viudedad, la inmensa mayoría mujeres de edad avanzada. La combinación de pensiones bajas, mayor esperanza de vida y, en muchos casos, ausencia de otros ingresos, coloca a este grupo en una posición de riesgo muy evidente. De ahí que movimientos como Coespe, ASJUBI40 o las plataformas de pensionistas vascos (MPEH) mantengan una presión constante para que el Gobierno eleve de forma mÔs ambiciosa estas pagas.

En 2024, el Ejecutivo ha aprobado una subida del 14,1% para las pensiones de viudedad con cargas familiares, una mejora relevante pero considerada escasa por los colectivos afectados. Para 2025 se espera una revalorización general en torno al 3%, que equivaldría a unos 27 euros mensuales mÔs de media para las pensiones de viudedad. AdemÔs, la última reforma establece que las pensiones mínimas de viudedad deberÔn incrementarse por encima del IPC entre 2024 y 2027, con el objetivo de aproximarlas progresivamente a las pensiones mínimas de jubilación.

Reformas recientes: incentivos, penalizaciones y estrategia de jubilación

La evolución de las pensiones de los nuevos jubilados no se explica solo por la trayectoria salarial de los trabajadores, sino también por los cambios introducidos en la última reforma de pensiones. Uno de los pilares de esta reforma ha sido incentivar el retraso de la jubilación, premiando a quienes deciden seguir en activo mÔs allÔ de la edad ordinaria.

Estos incentivos, que pueden tomar la forma de aumentos porcentuales de la pensión o de pagos a tanto alzado, han conseguido elevar la edad media efectiva de retiro y, al mismo tiempo, incrementar el importe de la pensión de entrada para quienes se acogen a ellos. Es lógico: quien cotiza mÔs años, sumando ademÔs salarios relativamente altos en la parte final de su carrera, acaba con una base reguladora mÔs generosa.

En paralelo, se han endurecido las jubilaciones anticipadas con nuevas penalizaciones. La idea es desincentivar las salidas prematuras del mercado laboral que cargan costes al sistema durante mÔs tiempo. Sin embargo, el efecto combinado de las penalizaciones y los incentivos ha generado también efectos colaterales, especialmente en lo relativo al momento concreto en que muchos trabajadores deciden solicitar su pensión.

Otro elemento clave es la indexación de las pensiones al IPC. Cada mes de enero, las prestaciones contributivas se revalorizan en función de la inflación media del aƱo anterior. Eso ha generado una especie de ā€œestrategia de diciembreā€: algunos trabajadores optan por adelantar su jubilación a finales de aƱo para cobrar en enero la pensión ya revalorizada. En contextos de inflación baja, esta jugada puede no compensar por las penalizaciones de anticipar la jubilación, pero en aƱos de precios disparados le sale mucho mĆ”s rentable al futuro jubilado… y considerablemente mĆ”s caro a la Seguridad Social.

Los datos de altas de jubilación lo reflejan con claridad. En enero se registraron 38.760 nuevas jubilaciones, la segunda cifra mÔs alta de toda la serie histórica, ya que incluye muchas solicitudes cursadas a finales de diciembre. En los meses siguientes se suele observar un descenso notable: en febrero de 2024, por ejemplo, las nuevas jubilaciones cayeron un 18% respecto a enero, y en febrero de 2023, tras el año de gran inflación, el descenso llegó al 31%. Todo apunta a que muchos trabajadores estÔn afinando al mÔximo el momento de su retiro para optimizar su pensión dentro de las reglas vigentes.

Un sistema de pensiones muy generoso en comparación con Europa

MÔs allÔ de las tensiones internas, conviene colocar el modelo español en el contexto europeo. De acuerdo con los cÔlculos recogidos por el Gobierno en el último Ageing Report, España se sitúa a la cabeza de la Unión Europea en lo que se denomina tasa de sustitución: el porcentaje del último salario que cubre la primera pensión de jubilación.

En nuestro país, la tasa de sustitución media se sitúa en torno al 77% del último sueldo, mÔs de 30 puntos por encima de la media europea. Eso significa que, en general, los nuevos jubilados españoles mantienen un nivel de ingresos relativamente cercano al que tenían como trabajadores en activo, algo que no ocurre en la mayoría de países del entorno.

A esta generosidad inicial se suma la revalorización anual de las pensiones con el IPC, que garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo a lo largo del tiempo. El resultado es que, a lo largo de toda su vida como pensionistas, los jubilados españoles terminan cobrando, de media, en torno a un 60% mÔs de lo que aportaron en cotizaciones durante su carrera profesional, una vez actualizadas las cifras por crecimiento económico e inflación.

Esta característica hace que el sistema de pensiones español sea percibido como muy protector, pero también aumenta la sensibilidad respecto a su sostenibilidad financiera, sobre todo en un contexto de envejecimiento acelerado de la población y de entrada masiva de los baby boomers al retiro.

El impacto del baby boom: mƔs jubilados y mƔs gasto

En los últimos años, la incorporación progresiva de la generación del baby boom al sistema de pensiones ha disparado tanto el número de jubilados como la cuantía total de la nómina mensual que debe afrontar la Seguridad Social. España encadena ya cuatro años consecutivos con un aumento de mÔs de 100.000 jubilados adicionales cada doce meses.

En el último año disponible, el número de pensionistas de jubilación ha crecido en unos 113.700 nuevos jubilados. Mientras tanto, las bajas por fallecimiento se han estabilizado por debajo de las 270.000 anuales, en tanto que las altas superan las 380.000. El saldo neto es, por tanto, claramente positivo, y se traduce en un incremento continuo de la población jubilada.

La combinación de una generación muy numerosa y de pensiones iniciales elevadas (especialmente entre los nuevos jubilados del Régimen General) estÔ provocando un aumento muy intenso del gasto en pensiones. La nómina mensual de jubilación prÔcticamente se ha duplicado en una década: de unos 5.300 millones de euros al mes en 2013 (en 14 pagas) se ha pasado a superar los 10.400 millones en la actualidad.

Este crecimiento es uno de los grandes desafíos a medio y largo plazo para las finanzas públicas. Mantener un sistema que paga pensiones altas, revalorizadas con el IPC y con un número creciente de beneficiarios exige combinar varias palancas: mÔs ingresos vía cotizaciones y fiscalidad, ajustes paramétricos y, eventualmente, cambios de diseño que repartan mejor los costes entre generaciones.

Al mismo tiempo, la realidad es que, dentro de ese sistema generoso, coexisten situaciones muy desiguales: jubilados del Régimen General con pensiones cercanas a los 2.000 euros, autónomos que apenas rozan los 1.000 y viudas que se mueven en torno a los 900 euros. Esta heterogeneidad estÔ en el centro del debate político y social sobre la suficiencia y la equidad del modelo.

Tomando el conjunto de datos oficiales y las reivindicaciones de los colectivos implicados, el panorama actual de las pensiones en España se puede resumir en una imagen muy nítida: un sistema globalmente generoso y en expansión, pero con graves desequilibrios internos entre regímenes, tipos de pensión y territorios, donde los nuevos jubilados asalariados salen claramente favorecidos frente a autónomos y viudas, y donde las próximas reformas deberÔn lidiar con la doble exigencia de garantizar la sostenibilidad financiera sin dejar atrÔs a quienes hoy ya sufren las pensiones mÔs bajas.

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