El panorama de las tarjetas de crédito en España está a punto de dar un giro importante. El Gobierno ha aprobado un anteproyecto de ley que prohíbe a las entidades financieras emitir tarjetas o aumentar el límite de crédito sin el consentimiento expreso del cliente, una práctica que hasta ahora era habitual y que ha generado numerosas quejas y litigios.
La reforma, que transpone directivas europeas, también introduce un tope temporal del 22% TAE en los intereses del crédito al consumo, con especial impacto en las tarjetas revolving, y establece nuevas obligaciones de transparencia para proteger a los consumidores del sobreendeudamiento. La medida llega en un momento en que el crédito al consumo ha alcanzado máximos históricos.
¿Qué cambia con la nueva ley?
El texto, impulsado por el Ministerio de Economía, es claro: queda prohibida cualquier concesión de crédito que no haya sido solicitada de forma expresa por el consumidor. Esto incluye tanto el envío de tarjetas preaprobadas como la ampliación automática de las líneas de crédito existentes. El Banco de España ya había advertido de que estas decisiones unilaterales no eran legítimas, y ahora la ley lo convierte en obligación.
Además, la norma establece un límite transitorio del 22% TAE para el crédito al consumo, que afecta de lleno a las tarjetas revolving. Según el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, una de cada cuatro tarjetas de este tipo tendrá que revisar su precio a la baja. El crédito al consumo alcanzó los 114.000 millones de euros en noviembre de 2025, un 15% de la deuda total de los hogares.
Medidas contra el sobreendeudamiento
La reforma no se limita a las tarjetas. También regula los microcréditos y préstamos de alto coste, un segmento que afecta con especial dureza a las rentas más bajas. Entre las novedades destacan: un interés mensual máximo del 4%, una comisión de apertura que no podrá superar el 5% o 30 euros, y un plazo mínimo de tres cuotas para estos créditos.
También se introduce un periodo de reflexión de 24 horas antes de aprobar un crédito de alto coste, para evitar decisiones impulsivas. La publicidad de estos productos deberá ser más transparente, sin apelar solo a la inmediatez del dinero, evitando así el peligro de las tarjetas de crédito sin comprobar ingresos. Solo las entidades autorizadas y supervisadas por el Banco de España podrán conceder este tipo de financiación, cerrando la puerta a operadores no regulados.
El impacto en las tarjetas revolving
Las tarjetas revolving, que permiten pagar a plazos, han sido el centro de la polémica por sus altos intereses, que en muchos casos superaban el 25% TAE. El Tribunal Supremo ha fallado en numerosas ocasiones contra estas prácticas, y el Ejecutivo ha decidido que la solución no puede depender solo de los tribunales. Con el nuevo tope del 22%, muchas de estas tarjetas tendrán que ajustar sus condiciones.
La ley también prohíbe la concesión de crédito sin solicitud expresa, lo que pone fin a la práctica de enviar tarjetas preaprobadas o aumentar límites sin avisar. El Banco de España ya había señalado que, si el cliente supera el límite porque el banco lo ha subido sin consultarle, la entidad debe asumir el coste de esas compras y prevenir posibles fraudes con tarjetas de créditos.
Opciones de tarjetas gratuitas en el mercado
Mientras la nueva normativa se tramita, el mercado de tarjetas de crédito sin comisiones sigue ofreciendo alternativas. Entre las más conocidas se encuentran las de Revolut, Creditio, Plazo y WiZink, todas ellas sin cuota anual y con límites de crédito que pueden alcanzar los 6.000 euros, según el perfil del solicitante. Estas tarjetas permiten obtener financiación sin intereses desde las tarjetas de crédito y acceder a ventajas como programas de puntos o cashback, aunque conviene revisar siempre las condiciones.
La reforma avanza hacia su aprobación definitiva, con previsión de entrada en vigor a finales de 2026. Mientras tanto, los consumidores pueden revisar el estado de sus tarjetas revolving y, si tienen un interés elevado, consultar con su banco o utilizar el simulador del Banco de España. La nueva ley refuerza la protección del cliente, pero la mejor defensa sigue siendo leer la letra pequeña y no aceptar créditos no solicitados.
