Santiago Niño Becerra se ha consolidado como una de las figuras más escuchadas cuando se habla de economía doméstica en España. Sus análisis suelen mezclar datos oficiales, comparaciones internacionales y una lectura incómoda sobre el futuro del mercado laboral. En las últimas semanas, su nombre ha vuelto a aparecer ligado a la vivienda, pero también a las pensiones y al precio de los carburantes.
La imposibilidad de acceder a un techo se ha convertido en uno de los grandes problemas sociales del país. El desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años, ha llevado la discusión a las calles y ha forzado al Gobierno a acelerar un paquete de medidas. Niño Becerra, sin embargo, mantiene que sin un cambio en la oferta difícilmente se arreglará el fondo del asunto.
Una crisis que Niño Becerra atribuye a la falta de oferta
El economista insiste en que el origen del desajuste está en la escasez de vivienda disponible. Su receta no depende de una única fórmula: vale tanto devolver al uso residencial parte de los pisos destinados a turistas como poner en circulación inmuebles cerrados o levantar nuevas promociones. Lo importante, repite, es que la oferta crezca y lo haga con precios que la gente pueda asumir.
En España hay cerca de cuatro millones de viviendas vacías, según las referencias que maneja el experto. Se trata de inmuebles sin nadie empadronado y con un consumo de suministros muy bajo, lo que alimenta la paradoja de un país con necesidad de alojamiento y miles de casas sin uso habitual.
Niño Becerra también mira al pasado para explicar el presente. Recuerda que el problema viene de lejos: durante décadas se construyó mucho para vender, y más tarde llegó el impacto del turismo sobre el precio de la vivienda en las ciudades. Aquella publicidad que animaba a propietarios con segundas viviendas a dedicarlas a visitantes ayudó a crear parte del embudo actual.
Su conclusión es tajante: si no aumenta el parque residencial disponible, las normas que se aprueben se quedarán en remedios cosméticos. Podrán calmar momentáneamente el malestar, pero no cambiarán la relación entre una demanda creciente y una oferta que no responde al mismo ritmo.
El decreto del Gobierno y el desahucio que encendió las calles
El caso de Maricarmen, una mujer de 87 años, se convirtió en el símbolo de una tensión que llevaba tiempo acumulándose. Su desalojo provocó manifestaciones y un campamento en la Puerta del Sol de Madrid, con jóvenes y adultos exigiendo soluciones ante unos precios que expulsan a cada vez más hogares.
El Ejecutivo trabaja contrarreloj para llevar al Consejo de Ministros del martes un decreto sobre vivienda. La intención es cerrar un acuerdo con los grupos parlamentarios que responda a la indignación social y garantice el acceso a un alojamiento digno. Entre las medidas que se negocian hay escudos frente a los desahucios y límites a la compra especulativa.
También se discuten bonificaciones fiscales para inquilinos y estímulos para propietarios que rebajen el precio del alquiler. Son medidas que buscan aliviar el esfuerzo mensual de las familias y, al mismo tiempo, reforzar el parque público y el alquiler asequible. El problema, según Niño Becerra, es que todo eso actúa sobre los síntomas y no sobre la raíz.
El catedrático ha mostrado sus dudas sobre la eficacia del decreto. A su juicio, la falta de oferta sigue siendo el nudo que nadie desata, y mientras esa realidad no cambie, las iniciativas legislativas tendrán un recorrido limitado. Las protestas, entretanto, han puesto presión sobre los partidos y sobre el propio Gobierno.
Viviendas vacías, alquiler turístico y precios récord
El mercado residencial vive una combinación complicada. La demanda sigue fuerte, en parte por la necesidad de vivir en las ciudades y en parte por quienes buscan refugio para sus ahorros en el ladrillo. Esa presión choca con una oferta que no crece al mismo ritmo y empuja los precios hacia arriba.
Niño Becerra evita hablar de una burbuja clásica y prefiere describir un desajuste entre demanda y oferta. En algunos bolsillos sobra dinero para invertir, mientras muchas familias no llegan ni a plantearse una hipoteca o un alquiler. Esa dualidad explica por qué el debate no se apaga aunque se anuncien ayudas.
Las alternativas que defiende pasan por movilizar viviendas cerradas, transformar usos turísticos en residenciales y impulsar nuevas promociones de vivienda pública. No se trata solo de cantidad: también importa que los precios sean asequibles y que la oferta sirva tanto para compra como para alquiler. Sin ese equilibrio, el mercado seguirá tensionado.
El experto recuerda que el problema no nació ayer. La herencia de décadas de construcción orientada a la venta y el posterior auge del alquiler vacacional han dejado un parque inmobiliario mal repartido. Hay zonas con exceso de pisos turísticos y otras con falta de vivienda habitual, lo que complica cualquier solución rápida.
Pensiones: más edad, más años cotizados y menos margen
Otro asunto que preocupa a Niño Becerra es el sistema de pensiones. La edad ordinaria de jubilación se sitúa en 67 años en 2027 para quienes no alcanzan largos periodos de cotización, mientras que quienes superan esos requisitos pueden retirarse a los 65. La reforma de 2013 diseñó esta subida progresiva y ahora se acerca su tramo final.
El contexto demográfico añade presión: envejecimiento de la población, jubilación de la generación del baby boom, natalidad baja y mayor esperanza de vida. Todo ello obliga a revisar cuánto tiempo se trabaja, cómo se calcula la prestación y qué margen tienen las cuentas públicas para sostener el sistema.
El economista ha advertido de que la tendencia puede ir hacia calcular la pensión con toda la vida laboral, en lugar de los 35 años que se usan ahora. También apunta a un aumento de la edad de retiro y a penalizaciones más duras para las jubilaciones anticipadas, una posibilidad que genera malestar entre quienes planean salir antes del mercado laboral.
En Europa, varios países discuten fórmulas parecidas. Dinamarca aparece como referencia por su intención de llevar la jubilación convencional hasta los 70 años en 2040, aunque Niño Becerra matiza que aplicar esa lógica sin mirar el tipo de profesión puede ser injusto. No es lo mismo envejecer en una oficina que en un trabajo físico exigente.
Carburantes: la fiscalidad que se cuela en el surtidor
El precio de los carburantes es otra de las preocupaciones cotidianas. Niño Becerra ha puesto el foco en un elemento que, según él, queda en segundo plano: el peso de los impuestos y las tasas en lo que finalmente se paga en la gasolinera. La subida de la energía se nota cada vez que alguien llena el depósito.
El economista compara la carga fiscal sobre el gasóleo en varios países europeos. Italia podría estar alrededor del 50%, Alemania en el 48%, Austria en el 45%, Portugal en el 44% y España en el 43%. Son porcentajes que explican por qué el precio final no depende solo del coste del crudo o de las tensiones geopolíticas.
En España, al precio del combustible se suman el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos y el IVA del 21%. El Real Decreto-ley 18/2026 aprobó rebajas temporales de los tipos del impuesto especial durante julio, agosto y septiembre. En septiembre, la minoración general prevista rondaba los cinco céntimos por litro de gasolina, aunque el alcance dependía de la evolución del IPC.
El debate sobre los carburantes se enmarca en un contexto de precios energéticos elevados y tensiones internacionales. Para Niño Becerra, no todo lo que se paga en el surtidor responde al coste del producto: una parte relevante corresponde a decisiones fiscales que a menudo pasan desapercibidas en la conversación pública.
La mirada de Santiago Niño Becerra deja varios frentes abiertos. En vivienda, su mensaje principal es que sin más oferta disponible las medidas del Gobierno se quedarán cortas, por mucho que incluyan protección frente a desahucios o incentivos fiscales. En pensiones, avisa de que el ajuste puede traducirse en más años de trabajo y prestaciones menos generosas. Y en carburantes, recuerda que impuestos y tasas forman parte esencial del precio final. Son asuntos distintos, pero comparten una misma idea: las soluciones urgentes no bastan si no se corrigen los desequilibrios de fondo.
