La Comunidad de Madrid ha dado un paso más en su estrategia para facilitar el acceso a la vivienda en propiedad. El Consejo de Gobierno ha aprobado una ampliación del programa
La nueva regulación eleva la edad máxima para acceder a estas garantías de 40 a 50 años, e incorpora a las familias con hijos menores de edad como beneficiarias sin límite de edad. Además, se incrementa el precio máximo de las viviendas que pueden acogerse al programa, pasando de 390.000 a 425.000 euros. Con una inversión de 25 millones de euros para 2026, la administración autonómica pretende ampliar el abanico de compradores potenciales y adaptarse a la realidad del mercado de la vivienda en España.
Ampliación del programa y nuevas condiciones
El programa Mi Primera Vivienda, que echó a andar en 2022, ha ido evolucionando para llegar a más perfiles. Inicialmente estaba pensado para menores de 35 años, pero en 2024 se elevó el límite a 40 y ahora se sitúa en 50. La financiación avalada también se ha escalonado por edades: los menores de 40 años podrán optar a hipotecas que cubran el 100% del valor de la vivienda; entre 40 y 45 años, el 95%; y entre 45 y 50, el 90%. Esta progresividad busca ajustar el riesgo y facilitar el acceso a quienes más lo necesitan.
Otra novedad relevante es la inclusión de las familias con hijos menores de edad, que hasta ahora solo podían beneficiarse si eran numerosas o monoparentales. Estas dos últimas categorías mantienen su acceso sin límite de edad, tal y como venía ocurriendo. El objetivo es apoyar la emancipación y la creación de hogares, especialmente en un contexto donde el ahorro previo se ha convertido en la principal barrera para comprar una vivienda.
Financiación y precio máximo de las viviendas
La inversión de 25 millones de euros se distribuirá entre las entidades financieras adheridas que cumplan los requisitos establecidos, una vez se firmen los convenios previstos para los próximos meses. El precio máximo de las viviendas sube a 425.000 euros, lo que amplía significativamente el catálogo de inmuebles disponibles. Este ajuste responde a la evolución de los precios en la región y permite que más compradores puedan encontrar una casa dentro de los límites del programa.
La financiación avalada se articula de forma escalonada según la edad del solicitante, como se ha mencionado. Las entidades colaboradoras son nueve: CaixaBank, Ibercaja, Banco Santander, Abanca, ING, Kutxabank, Unicaja Banco, Banco Sabadell y Eurocaja Rural. Todas ellas han mostrado su compromiso con esta iniciativa, que ha demostrado ser una herramienta eficaz para reducir la brecha entre la capacidad de pago y el ahorro inicial a través de una entidad bancaria colaboradora.
Resultados y perspectivas
Desde su puesta en marcha, el programa ha permitido que 8.309 madrileños hayan adquirido su primera vivienda. Esta cifra refleja el impacto positivo de la medida, que ha ido ganando protagonismo en la política de vivienda de la Comunidad de Madrid. La ampliación hasta los 50 años supone un nuevo impulso, ya que amplía el colectivo de potenciales beneficiarios y da respuesta a una demanda creciente.
La medida se enmarca en el Plan de Choque 2026/2027 para la Vivienda, con el que el Ejecutivo autonómico pretende impulsar nuevas soluciones para facilitar el acceso a un hogar. La combinación de avales públicos y la colaboración con el sector financiero se ha revelado como una vía efectiva para superar la barrera del ahorro previo, que sigue siendo uno de los principales obstáculos para la compra de vivienda en España.
En definitiva, la ampliación del programa Mi Primera Vivienda en Madrid representa un avance significativo en la política de vivienda regional. Con un mayor límite de edad, un precio máximo más alto y la inclusión de nuevos perfiles familiares, la iniciativa busca dar respuesta a las necesidades de una población que, a pesar de tener solvencia económica, se ve frenada por la falta de ahorro inicial. La colaboración entre la administración y las entidades bancarias será clave para que estas ayudas lleguen a más ciudadanos y contribuyan a facilitar la emancipación y el acceso a la propiedad en la región.
