Los grandes bancos centrales del mundo han dado un paso poco habitual y han salido en bloque a respaldar a Jerome Powell y a la Reserva Federal de Estados Unidos tras conocerse que el Departamento de Justicia ha abierto una investigación penal contra el presidente de la Fed por su comparecencia sobre la reforma de la sede del banco central. Lo que en principio podría parecer un asunto técnico se ha transformado en un choque político de primer orden que preocupa a los mercados y a las autoridades monetarias de medio planeta.
En el centro de la polémica está la independencia de los bancos centrales: los grandes bancos centrales se solidarizan con Powell porque ven en la ofensiva judicial y en el acoso político un intento de condicionar las decisiones sobre tipos de interés. Para muchos gobernadores, el caso se ha convertido en un test sobre hasta qué punto se respetan los límites entre el poder político y las instituciones encargadas de velar por la estabilidad de precios y financiera.
Una carta conjunta sin precedentes: el BCE y el BIS toman la palabra
La reacción más llamativa ha llegado desde Europa. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, y Pablo Hernández de Cos, en su papel de director general del Banco de Pagos Internacionales (BIS), se han situado en primera línea del apoyo a Powell. Ambos figuran entre los firmantes de una declaración conjunta en la que los máximos responsables de varios bancos centrales muestran su respaldo explícito a la Fed y a su presidente.
El texto subraya que “la independencia de los bancos centrales es fundamental para la estabilidad de precios, financiera y económica, en beneficio de los ciudadanos a quienes servimos”. No es un matiz menor: los firmantes insisten en que esa autonomía solo tiene sentido si va acompañada de respeto al Estado de derecho y de mecanismos claros de rendición de cuentas democrática, pero rechazan de plano que la política monetaria se convierta en un arma más en las luchas partidistas.
En la carta se afirma además que Powell ha ejercido su cargo con integridad, centrado en el mandato que le ha fijado el Congreso y con “un compromiso inquebrantable con el interés público”. Para los gobernadores que suscriben el documento, el presidente de la Fed es “un colega respetado, muy estimado por todos los que han trabajado con él”, una frase que pretende dejar claro que el apoyo trasciende fronteras y afinidades políticas.
Entre los firmantes destacan figuras clave para los mercados europeos y globales, como Andrew Bailey, gobernador del Banco de Inglaterra, y el francés François Villeroy de Galhau, que además preside el consejo del BIS. A ellos se suman los máximos responsables de los bancos centrales de Suecia, Dinamarca, Suiza, Australia, Canadá, Corea del Sur, Noruega y Brasil, lo que convierte el mensaje en un auténtico frente internacional a favor de la Fed.
Esta toma de posición pública remata una tendencia que ya se había visto en otros foros. Lagarde ya salió en defensa de Powell en encuentros internacionales como el de Sintra del BCE, donde llegó a afirmar que, si estuviera en su lugar, actuaría “del mismo modo” frente a las presiones políticas. La carta actual, sin embargo, eleva el tono y formaliza ese respaldo en un documento coordinado entre múltiples bancos centrales.
La investigación penal: del expediente técnico al pulso político
El detonante de esta ola de solidaridad ha sido el anuncio de Powell de que la Fiscalía federal ha abierto una investigación penal sobre su testimonio ante el Congreso el pasado junio. En esa comparecencia, el presidente de la Fed explicó los detalles de una remodelación multimillonaria de los edificios históricos de la institución en Washington, un proyecto que ya había generado críticas por su elevado coste.
En un mensaje de vídeo difundido en la red social X, Powell relató que el Departamento de Justicia ha remitido citaciones de un gran jurado en relación con sus declaraciones ante el Comité Bancario del Senado. El presidente de la Fed insistió en que la institución ha informado de forma transparente al Congreso, tanto mediante testimonios como a través de documentación pública, y calificó de “pretextos” los argumentos utilizados para abrir el caso.
Powell no escatimó palabras y definió la actuación de Washington como una “acción sin precedentes”, vinculada a “amenazas y presión constante” sobre la Reserva Federal. Aseguró mantener un “profundo respeto por el Estado de derecho y la rendición de cuentas”, pero dejó claro que, a su juicio, la investigación no tiene que ver realmente con la renovación de los edificios ni con el control parlamentario, sino con las decisiones de tipos de interés.
En uno de los pasajes más comentados de su intervención, Powell afirmó que “nadie, y desde luego tampoco el presidente de la Reserva Federal, está por encima de la ley”, pero advirtió de que la amenaza de cargos penales es “una consecuencia de que la Reserva Federal fija las tasas de interés basándose en la mejor evaluación de lo que servirá al público, en lugar de seguir las preferencias del presidente” de Estados Unidos. Ese mensaje fue interpretado en los mercados como una señal de que no está dispuesto a doblegarse ante la Casa Blanca.
La administración de Donald Trump, por su parte, ha negado estar detrás del proceso. La portavoz presidencial, Karoline Leavitt, respondió con un tajante “no” cuando se le preguntó si el presidente había ordenado a Justicia abrir el caso contra Powell. Evitó, sin embargo, aclarar hasta qué punto las repetidas críticas del mandatario pudieron influir en la decisión de los fiscales, y se limitó a defender que Trump “tiene todo el derecho a criticar” al jefe de la Fed en virtud de la libertad de expresión.
Trump contra la Fed: insultos, presiones y una sucesión envenenada
El choque entre la Casa Blanca y la Reserva Federal viene de lejos. Donald Trump lleva meses arremetiendo contra Powell en sus intervenciones públicas y en redes sociales, donde ha llegado a calificarlo de “tonto”, “estúpido” e incluso “idiota” por no plegarse a sus demandas de recortes más agresivos de los tipos de interés para impulsar la economía.
Durante las últimas decisiones de la Fed, la institución optó por ajustar las tasas a un rango en torno al 3,5%-3,75% con un recorte de 0,25 puntos, una decisión prudente que buscaba combatir la inflación sin desestabilizar el mercado laboral. Powell insistió en que la prioridad del banco central es “usar nuestros instrumentos para lograr los objetivos que el Congreso nos ha marcado: máximo empleo, estabilidad de precios y estabilidad financiera”, un mensaje que dejaba claro que las presiones de la Casa Blanca no iban a marcar la hoja de ruta.
En paralelo a las críticas, Trump ha coqueteado abiertamente con la idea de despedir a Powell. El presidente llegó a plantear la posibilidad de destituirlo, algo sin precedentes en la historia reciente de la Fed, y anunció que ya tenía “una decisión en mente” sobre quién le sustituiría cuando termine su mandato como presidente del banco central. Aunque no ha revelado el nombre, ha dejado caer que baraja varias opciones dentro y fuera del consejo de gobernadores.
Esta ofensiva ha enturbiado la sucesión de Powell y ha desatado una batalla política en el Senado. Algunos senadores republicanos, como Thom Tillis, clave en el Comité Bancario, han asegurado que se opondrán a cualquier nominación de Trump a la Fed hasta que se aclare la investigación, complicando aún más el calendario de nombramientos. John Thune, líder de la mayoría en la Cámara Alta, ha advertido de que la independencia del banco central para fijar la política monetaria debe mantenerse “sin interferencia política”.
En este contexto, los analistas especulan con que Powell podría optar por mantener su asiento en el consejo de gobernadores más allá de mayo, cuando expira su mandato como presidente. Aunque la práctica habitual es que el máximo responsable abandone también el consejo cuando deja la presidencia, Powell tendría margen legal para seguir hasta 2028, lo que abriría un escenario poco convencional pero posible si considera que es la mejor forma de proteger la autonomía de la institución.
Apoyo de exbanqueros y economistas de peso en Estados Unidos
El respaldo a Powell no se ha limitado a los bancos centrales extranjeros. En Estados Unidos, los tres expresidentes vivos de la Reserva Federal —Alan Greenspan, Ben Bernanke y Janet Yellen— han firmado una carta conjunta en defensa de la independencia del banco central y del actual presidente. Se trata de un gesto muy poco frecuente entre antiguos responsables de la institución, que suelen mantener un perfil bajo respecto a las decisiones de sus sucesores.
El documento, respaldado también por varios exsecretarios del Tesoro —entre ellos Timothy Geithner, Jacob Lew, Henry Paulson, Robert Rubin y la propia Yellen en su rol reciente en el Gobierno de Joe Biden—, advierte de que la percepción pública de la independencia de la Fed es “crucial” para el desempeño económico. Sin esa confianza, el banco central tendría muchas más dificultades para controlar la inflación, asegurar el máximo empleo y estabilizar las tasas de interés a largo plazo.
La carta va más allá y describe la investigación penal contra Powell como “un intento sin precedentes de utilizar ataques fiscales para socavar” la autonomía del banco central. Los firmantes comparan esta estrategia con la forma en que se maneja la política monetaria en algunos mercados emergentes “con instituciones débiles”, donde la injerencia política ha desembocado en episodios de inflación descontrolada, volatilidad económica y riesgo sistémico.
Entre los apoyos figuran también reconocidos economistas que han encabezado el Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca —Jared Bernstein, Jason Furman, Glenn Hubbard, Gregory Mankiw y Christina Romer—, así como el académico Kenneth Rogoff, profesor en Harvard y ex economista jefe del Fondo Monetario Internacional. Para este grupo, el caso Powell afecta directamente a la reputación institucional de Estados Unidos como país basado en el Estado de derecho.
Los firmantes subrayan que este tipo de presiones “no tiene cabida en Estados Unidos”, cuya fuerza, recuerdan, reside en la estabilidad de sus reglas y en la separación de poderes. Temen que el precedente pueda utilizarse en el futuro contra otros responsables que adopten decisiones impopulares pero necesarias para mantener la estabilidad macroeconómica.
Implicaciones para Europa y para los mercados financieros
Desde la óptica europea, el pulso entre la Casa Blanca y la Fed no es solo un asunto doméstico estadounidense. Las decisiones de la Reserva Federal marcan el tono de la política monetaria mundial y condicionan la evolución de los tipos de interés, el mercado interbancario, los flujos de capital y la cotización del dólar frente al euro. Cualquier duda sobre la independencia de la Fed puede traducirse en más volatilidad y en cambios bruscos en las primas de riesgo.
Para el BCE y para el resto de bancos centrales del Viejo Continente, lo que está en juego es también la defensa de su propio modelo. En la eurozona, la independencia del BCE está blindada por los tratados europeos, pero la experiencia demuestra que la presión política puede aparecer en momentos de crisis, como ocurrió durante la Gran Recesión y la crisis de deuda soberana. La carta de apoyo a Powell funciona, en ese sentido, como un recordatorio adelantado de que cruzar determinadas líneas puede salir caro a largo plazo.
En los mercados se sigue con lupa cómo puede influir todo este ruido político en las futuras decisiones sobre tipos de interés en Estados Unidos. Algunas casas de análisis, como la alemana Berenberg, apuntan a que la ofensiva de Trump podría buscar desincentivar a Powell para que continúe en su puesto, más que presionarle sobre las decisiones inmediatas de política monetaria. La idea sería cambiar el liderazgo de la Fed por otro más alineado con las prioridades de la Casa Blanca.
Los estrategas de varias entidades han dibujado diferentes escenarios sobre la composición futura del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC). Se baraja que figuras cercanas a Trump, como Kevin Warsh o Kevin Hassett, puedan entrar en el consejo de gobernadores si se producen dimisiones o ceses, acompañados de perfiles como el del actual gobernador Stephen Miran. En el escenario más extremo, se llegaría a un FOMC con varios miembros afines al presidente, potencialmente más inclinados a recortar tipos incluso sin un respaldo claro de los datos macroeconómicos.
Con todo, los analistas de entidades como ING recuerdan que, aun con nuevas incorporaciones, los aliados de Trump seguirían siendo minoría en el organismo. Hablan gráficamente de “cuatro palomas MAGA” dentro de un comité de doce miembros, muy lejos de una toma de control completa. El presidente, señalan, “quiere claramente que Powell deje su puesto, pero incluso si lo consigue, seguiría siendo solo un voto más”, por lo que la Casa Blanca podría influir en la política monetaria, pero no dominarla por completo.
Mientras tanto, la incertidumbre sobre el desenlace de la investigación y sobre la continuidad de Powell mantiene en vilo a inversores y autoridades. La sensación general es que el caso trasciende la figura del propio presidente de la Fed y se ha convertido en un símbolo de hasta dónde puede llegar la presión política sobre un banco central en una gran economía avanzada.
El episodio ha servido para alinear a una amplia coalición de banqueros centrales y economistas en defensa de la autonomía de la Reserva Federal, con un papel muy activo de Europa y de instituciones como el BCE y el BIS. Más allá de la batalla jurídica y política inmediata, el mensaje que lanzan es claro: la confianza en la moneda, la estabilidad de precios y el buen funcionamiento de la economía mundial dependen en gran medida de que los bancos centrales mantengan su capacidad de decidir sin interferencias directas del poder político, aunque eso suponga enfrentarse a presiones tan intensas como las que rodean hoy a Jerome Powell.
