Las calles de Teherán y de varias grandes ciudades iraníes se han convertido en el epicentro de un estallido de descontento social contra el alto coste de la vida y la hiperinflación. Lo que comenzó como un cierre de comercios en el principal mercado de teléfonos móviles de la capital ha derivado, en apenas tres días, en un movimiento de protestas que implica a comerciantes, estudiantes y otros sectores de la población.
En un país sometido desde hace años a severas sanciones internacionales y a una moneda en caída libre, la pérdida de poder adquisitivo ha empujado a miles de personas a salir a la calle. Las manifestaciones, que se describen como espontáneas, han obligado al gobierno iraní a reaccionar con una mezcla de gestos de apertura, advertencias y refuerzo del dispositivo de seguridad.
Comerciantes y estudiantes, eje de un movimiento en expansión
El origen inmediato de las protestas se sitúa en el mayor mercado de teléfonos móviles de Teherán, donde numerosos comerciantes decidieron bajar la persiana el domingo como señal de rechazo a la situación económica. Al día siguiente, el cierre de tiendas y las marchas se extendieron por otras áreas comerciales de la capital, dando forma a la mayor oleada de protestas económicas desde 2022.
Al tercer día, el movimiento dio un salto cualitativo: estudiantes de al menos diez universidades de todo el país se unieron a las movilizaciones. Entre los campus implicados figuran centros considerados entre los más prestigiosos de Irán, como las universidades de Teherán, Beheshti, Sharif, Amir Kabir, Ciencia y Cultura y Ciencia y Tecnología, además de la Universidad de Tecnología de Isfahán y otros centros en ciudades como Yazd, Zanyán e Isfahán.
En estos recintos académicos se han registrado concentraciones, marchas internas, consignas contra el deterioro económico e incluso lemas dirigidos a las máximas autoridades del país. La confluencia de comerciantes y estudiantes, dos colectivos con gran peso simbólico e histórico en la política iraní, ha hecho que las protestas cobren un eco especial dentro y fuera de Irán, también en la opinión pública europea.
Algunos testimonios difundidos por medios iraníes señalan que los participantes denuncian la falta de apoyo político y la ausencia de soluciones reales. Un comerciante citado por el diario Etemad lamentaba que ningún responsable se haya preocupado por cómo el tipo de cambio del dólar afecta a sus vidas, asegurando que se han visto obligados a manifestarse para hacer oír su malestar.
Las movilizaciones, de momento, se concentran sobre todo en zonas comerciales y universitarias del centro de Teherán, aunque también se han reportado protestas en otras ciudades importantes. En muchas calles, la imagen es la de una aparente normalidad comercial por la mañana, con tiendas abiertas, mientras la tensión se concentra en determinados puntos vigilados por la policía antidisturbios.
Respuesta del gobierno: llamados al diálogo y refuerzo de la seguridad
Ante la magnitud del malestar, el presidente iraní, Masud (o Massoud) Pezeshkian, ha optado por un discurso que combina reconocimiento de las quejas y promesas de reforma económica. A través de la red social X, el mandatario afirmó haber pedido al ministro del Interior que escuche las «demandas legítimas» de los manifestantes y que abra canales de diálogo con sus representantes.
El presidente subrayó que el sustento de la población constituye su principal preocupación diaria y avanzó la intención de impulsar «medidas fundamentales» para reformar el sistema monetario y bancario. La prioridad declarada del ejecutivo es, según sus palabras, preservar el poder adquisitivo de los ciudadanos y contener la volatilidad financiera que castiga los salarios y los ahorros.
En paralelo, las autoridades han desplegado fuerzas del orden y unidades antidisturbios en las principales arterias de Teherán y en las inmediaciones de varias universidades. Imágenes difundidas por medios oficiales e internacionales muestran agentes en las plazas más concurridas y controles visibles en algunos accesos a los campus.
En determinados puntos, las fuerzas de seguridad han recurrido al uso de gases lacrimógenos para dispersar concentraciones, según grabaciones publicadas por la agencia estatal Fars. El equilibrio entre el mensaje de apertura y la presión policial es frágil: mientras el gobierno insiste en su voluntad de escuchar, los manifestantes denuncian un clima de intimidación en la calle.
El presidente del Parlamento, Mohamad Bagher Ghalibaf, ha respaldado públicamente la necesidad de adoptar “medidas necesarias para aumentar el poder adquisitivo de la población”. No obstante, también ha advertido sobre el riesgo de que las protestas sean instrumentalizadas para generar «caos», un mensaje que encaja con el discurso habitual de las autoridades iraníes, que suelen atribuir la agitación interna a la injerencia de potencias extranjeras.
Inflación desbocada y moneda en caída libre
El trasfondo de las protestas es una crisis económica profunda y prolongada. La República Islámica arrastra desde hace años un fuerte encarecimiento de los productos básicos, pero en los últimos meses la situación se ha deteriorado con especial rapidez. Organismos oficiales iraníes cifran en torno al 50-52% el aumento interanual de los precios en diciembre, con incrementos aún mayores en alimentos y bienes esenciales.
Las cifras varían según las fuentes, pero varios informes apuntan a que los alimentos han subido muy por encima de la media y que los productos sanitarios y farmacéuticos también se han encarecido de forma notable. La percepción en la calle es la de una hiperinflación de facto, en la que los precios pueden variar de un día para otro, complicando cualquier planificación doméstica o empresarial.
En el centro del problema está la trayectoria del rial iraní, que ha marcado sucesivos mínimos históricos frente al dólar y el euro. En el mercado no oficial, la moneda local ha llegado a cambiarse por más de 1,4 millones de riales por dólar y alrededor de 1,7 millones por euro, muy por encima de las cotizaciones de hace un año. Este desplome ha encarecido de golpe los productos importados y ha alimentado la espiral inflacionista.
La volatilidad es tal que muchos comerciantes han optado por suspender temporalmente sus transacciones, a la espera de mayor claridad en el tipo de cambio. Vendedores y compradores rehúyen cerrar operaciones en un contexto en el que las pérdidas potenciales pueden ser muy elevadas en apenas 24 horas, lo que a su vez paraliza parte de la actividad económica interna.
La combinación de salarios estancados, pérdidas de valor del ahorro y aumento incesante de los precios ha llevado a familias y pequeños negocios a una situación límite. Numerosos manifestantes insisten en que la prioridad ya no es mejorar su calidad de vida, sino simplemente llegar a fin de mes, una realidad que resuena también en los debates políticos y económicos europeos cuando se analiza la estabilidad de la región.
Sanciones internacionales, programa nuclear y contexto regional
La crisis actual no se entiende sin el marco de décadas de sanciones occidentales y tensiones geopolíticas. La economía iraní ha estado sometida de forma casi permanente a restricciones financieras y comerciales, que se han endurecido o aliviado en función de la evolución del programa nuclear de Teherán y de sus relaciones con Estados Unidos y la Unión Europea.
En los últimos meses, el panorama se ha complicado de nuevo con el restablecimiento por parte de Naciones Unidas de determinadas penalizaciones ligadas al programa nuclear iraní, medidas que habían sido levantadas una década atrás. Estas nuevas restricciones se suman a las ya existentes por parte de potencias occidentales y contribuyen a aislar aún más al país de los mercados internacionales.
Además, la falta de avances en las negociaciones nucleares con Estados Unidos y otras potencias, junto con la tensión regional marcada por las amenazas cruzadas entre Irán e Israel, ha generado un efecto psicológico significativo en los mercados locales. La incertidumbre sobre posibles conflictos o nuevas rondas de sanciones alimenta la fuga hacia divisas fuertes y la desconfianza en la moneda nacional.
El gobierno iraní atribuye una parte importante de la situación a ese contexto externo, insistiendo en que las sanciones y la presión internacional asfixian a la economía. Sin embargo, voces críticas dentro y fuera del país apuntan también a la mala gestión interna, la corrupción, la falta de transparencia y la dependencia de redes de intermediarios regionales que drenan recursos.
Para la UE y para los países europeos con mayor relación diplomática con Irán, estas protestas reavivan el debate sobre el equilibrio entre presión política y apertura de canales de diálogo. Por un lado, Bruselas mantiene sanciones por el programa nuclear y por violaciones de derechos humanos; por otro, existe preocupación por el impacto humanitario y por la posibilidad de que la inestabilidad económica derive en nuevos episodios de represión y migraciones forzadas.
Cambios en el Banco Central y pulso dentro del poder iraní
En medio de la tormenta económica y social, el gobierno ha anunciado relevos en puestos clave de la política monetaria. Una de las decisiones más significativas es el nombramiento de Abdolnasser Hemmati como nuevo gobernador del Banco Central, cargo que ya ocupó entre 2018 y 2021, en otro momento de fuerte depreciación del rial.
Hemmati, que también ha sido ministro de Economía y Finanzas, vuelve a la primera línea tras haber sido destituido por el Parlamento meses atrás precisamente por la debilidad de la moneda. Su regreso se interpreta como un intento del ejecutivo de recuperar a un perfil con experiencia en crisis cambiarias, aunque también pone de relieve las tensiones internas sobre quién debe asumir la responsabilidad del deterioro económico.
Desde el Poder Judicial, algunas voces han reclamado “el rápido castigo de los responsables de las fluctuaciones monetarias”, una formulación que deja la puerta abierta tanto a investigaciones internas como a la búsqueda de “chivos expiatorios” en el aparato económico. Este tipo de mensajes se suman al clima de presión sobre tecnócratas y empresarios, en un escenario en el que las decisiones económicas tienen una lectura política inmediata.
Al mismo tiempo, el liderazgo político intenta proyectar firmeza hacia el exterior. Las autoridades insisten en que Irán responderá con dureza a cualquier agresión, manteniendo un discurso de resistencia frente a Estados Unidos e Israel, mientras en paralelo tratan de reforzar lazos con aliados como Rusia u otros actores regionales para sortear parte de las restricciones financieras.
Este juego de equilibrios —aperturismo retórico hacia las demandas sociales, cambios en el equipo económico y mensajes de desafío en el plano internacional— refleja hasta qué punto el régimen busca desactivar la protesta sin ceder el control político. El resultado de esta estrategia será clave para determinar si las movilizaciones se diluyen, se transforman en un movimiento más amplio o desembocan en una nueva ola de represión.
El estallido de protestas en Irán por el alto coste de la vida, la hiperinflación y el desplome del rial sintetiza el impacto de años de sanciones, decisiones económicas controvertidas y tensiones geopolíticas crecientes. Comerciantes y estudiantes han puesto rostro a un malestar que se acumula desde hace tiempo, mientras el gobierno intenta conjugar llamadas al diálogo, cambios en la cúpula económica y despliegues de seguridad. Lo que ocurra en las próximas semanas será seguido con atención en Europa, donde la estabilidad de Irán y de su entorno regional se considera un elemento clave para la seguridad, la energía y la gestión de futuras crisis migratorias.
