La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha practicado registros en las sedes de Acciona en Madrid, Bilbao y Sevilla dentro de una pieza secreta que depende del Tribunal Supremo. El objetivo es recabar indicios sobre un presunto cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de contratos de obra pública en distintos puntos del país.
De acuerdo con fuentes conocedoras de las diligencias, los agentes han requerido documentación y soportes informáticos en las oficinas de la compañía y en entidades vinculadas, sin que por el momento se contemplen detenciones. También se han personado en cooperativas y empresas relacionadas en San Sebastián y, en el marco sevillano, se ha solicitado información por la obra del Puente del Centenario a firmas que participaron en UTE con Acciona, como Tecade y Freyssinet.
Qué se investiga en esta fase del caso
El magistrado del Supremo que dirige esta línea de investigación sitúa el foco en la adjudicación de contratos a UTE participadas por Acciona junto a empresas de menor tamaño. En resoluciones previas se subraya que, en varios expedientes bajo análisis, la oferta ganadora no fue la mejor en términos económicos y habría sido favorecida por criterios de valoración de índole subjetiva.
Entre los expedientes bajo la lupa figuran obras en Logroño (Ronda Sur, tramo Arrúbal-Navarrete), Sevilla (sustitución de tirantes del Puente del Centenario), Sant Feliu de Llobregat y diversas actuaciones en Murcia, además de referencias al túnel de Belate. La investigación encadena actuaciones en distintas provincias para trazar un patrón común en las adjudicaciones.
Los investigadores manejan grabaciones y comunicaciones en las que se alude a gestiones de Koldo García y a menciones a Santos Cerdán con referencias a directivos de Acciona, así como a presiones o intermediaciones sobre concursos públicos. Estas piezas de audio se analizan en paralelo a los expedientes administrativos y a los informes de contratación.
En autos conocidos del procedimiento, se apunta a que los contratos bajo revisión superarían los 500 millones de euros y se recoge, como hipótesis a contrastar, que las supuestas comisiones para determinados investigados podrían rondar alrededor del millón de euros. La Fiscalía Anticorrupción ha hablado de “indicios sólidos” en torno a la actuación de exdirectivos.
Con anterioridad a los registros de este viernes, el Supremo ya había emitido un requerimiento a la empresa para obtener toda la documentación física y digital de cinco obras adjudicadas (tres de Adif y dos de la Dirección General de Carreteras) y los correos corporativos de un exresponsable. El juez valoró entonces que un registro global podía ser una medida demasiado invasiva, si bien el avance de la causa ha desembocado ahora en las entradas acordadas.
Empresas y directivos bajo el foco
Además de las oficinas de la constructora, la UCO ha inspeccionado en San Sebastián las cooperativas Noran y Erkolan, vinculadas a la estructura empresarial investigada en torno a Servinabar 2000, sociedad del empresario Antxon Alonso que concurrió en UTE con Acciona en varios concursos públicos.
Los informes incorporados al procedimiento reflejan pagos entre Servinabar y estas cooperativas y conexiones con el entorno de Santos Cerdán. La hipótesis a comprobar es si esta red societaria pudo actuar como palanca para influir en adjudicaciones, extremo que las defensas rechazan y que deberá ser depurado en sede judicial.
En el plano corporativo, Acciona comunicó el pasado junio la ruptura de cualquier vínculo con Servinabar y cesó a su responsable de Construcción en España, Justo Vicente. Por su parte, el exdelegado en Navarra y La Rioja, Fernando Merino, figura investigado en el Supremo en relación con presuntas canalizaciones de pagos, dentro de una instrucción aún en curso.
Una de las piezas destacadas se centra en el Puente del Centenario, adjudicado en 2021 a una UTE formada por Acciona, Tecade y Freyssinet por un importe superior a 86 millones de euros. La Guardia Civil analiza si hubo comunicaciones o injerencias encaminadas a “cerrar” esa adjudicación, a la luz de conversaciones intervenidas.
En otras provincias, como Navarra y País Vasco, directivos han señalado que era habitual concurrir mediante UTEs con empresas locales para poder optar a obra pública, un marco que ahora se revisa para determinar si existieron filtraciones, tráfico de influencias o comisiones, y hasta qué punto pudieron condicionar la puntuación técnica de las ofertas.
Las diligencias continuarán en los próximos días con nuevas actuaciones, mientras la instrucción permanece bajo secreto de sumario. El caso sitúa a Acciona en el epicentro de una investigación que conecta grandes adjudicaciones públicas con una presunta red de intermediación político-empresarial cuyo alcance definitivo está aún por determinar.
