Las cifras de siniestralidad laboral en España vuelven a encender todas las alarmas. Durante los siete primeros meses de 2026, un total de 363.772 personas sufrieron un accidente de trabajo que requirió baja médica, lo que representa un aumento del 2% respecto al mismo periodo del año anterior. Pero lo más preocupante es la cifra de fallecidos: 432 trabajadores perdieron la vida intentando ganarse el sustento, una víctima más que entre enero y julio de 2025, según los datos provisionales publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
El sindicato UGT ha lamentado profundamente estas muertes y ha puesto el foco en la necesidad de una respuesta política y legislativa contundente. La organización, que defiende el equilibrio en las relaciones laborales, considera que la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y del Reglamento de los Servicios de Prevención no puede demorarse ni un minuto más, ya que la normativa actual no está dando respuesta a los nuevos desafíos que plantean las transiciones climática, demográfica y digital en el mundo del trabajo.
Datos de siniestralidad laboral: una tendencia que no se frena
Las estadísticas oficiales muestran un panorama desigual pero preocupante. De los 432 fallecidos registrados hasta julio, 387 eran asalariados, lo que supone un descenso del 3% interanual, mientras que los trabajadores autónomos fallecidos aumentaron un 40,6% hasta alcanzar los 45. Esta subida entre el colectivo por cuenta propia refleja una mayor vulnerabilidad y una menor protección, especialmente en los trámites de baja laboral de autónomos, en comparación con los trabajadores por cuenta ajena.
Por sectores, el de servicios encabeza la lista negra con 161 fallecidos en jornada laboral, seguido de la construcción con 103 (dos más que el año anterior) y la industria con 49. El sector agrario, aunque con cifras absolutas menores, experimentó el incremento relativo más acusado, con un 20% más de muertes hasta alcanzar los 36 fallecidos. Estos datos evidencian que la prevención de riesgos laborales sigue siendo una asignatura pendiente en sectores clave de la economía española.
Factores de riesgo y asignaturas pendientes
Los análisis de las causas de los accidentes mortales revelan que los infartos y derrames cerebrales continúan siendo la primera causa de fallecimiento en jornada laboral, con 145 casos registrados. Le siguen los golpes por caída de trabajadores con 59 muertes y los aplastamientos o amputaciones con 57. En cuanto a los accidentes con baja durante la jornada, los golpes contra objetos y los sobreesfuerzos físicos siguen siendo los más habituales, con 88.375 y 80.333 casos respectivamente.
La salud mental se ha convertido en uno de los grandes retos pendientes de la prevención en los centros de trabajo. Los riesgos psicosociales, como el estrés, la ansiedad y la depresión, están detrás de numerosas bajas laborales que podrían evitarse con unas condiciones y cargas de trabajo más razonables. UGT insiste en que la actual legislación no contempla adecuadamente estos riesgos, que se han visto agravados por la transformación digital y las nuevas formas de organización del trabajo.
Además, el sindicato reclama una dotación presupuestaria mucho mayor para la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, con el objetivo de reforzar su actuación en materia preventiva. La falta de recursos humanos y materiales limita la capacidad de vigilancia y control, lo que permite que muchas empresas sigan incumpliendo la legislación vigente sin consecuencias. Reforzar los mecanismos de protección, la identificación de riesgos y la adopción de medidas preventivas se antoja fundamental para revertir esta dinámica.
Casos recientes que ilustran la gravedad del problema
La estadística se traduce en tragedias concretas que se repiten semana tras semana. Un claro ejemplo ocurrió en Alcalá de Henares, donde dos trabajadores fallecieron en menos de 24 horas tras precipitarse desde tejados de naves industriales. En el primer suceso, un hombre de 71 años que realizaba trabajos de limpieza cayó desde unos ocho metros de altura en la calle Chile; los servicios de emergencia del Summa 112 únicamente pudieron certificar su muerte. A la mañana siguiente, un trabajador de 59 años perdió la vida al desplomarse desde el tejado de una nave en la calle Argentina. En ambos casos, las circunstancias fueron prácticamente idénticas, lo que pone de manifiesto la necesidad de extremar las medidas de seguridad en los trabajos en altura.
A nivel autonómico, Euskadi presenta una situación especialmente preocupante. Entre enero y julio se registraron 18.403 accidentes de trabajo con baja, de los cuales 16.096 ocurrieron en jornada laboral y 2.307 fueron accidentes in itinere, es decir, en el trayecto de ida o vuelta al puesto de trabajo. Esta comunidad autónoma contabilizó 17 muertes en total, seis más que en el mismo periodo del año anterior, y su índice de incidencia de siniestros en jornada laboral se situó en 223,5 puntos, muy por encima de la media estatal de 209. La industria manufacturera concentró alrededor de un tercio de los accidentes en el País Vasco, seguida de la construcción y las actividades administrativas, un patrón que refleja el peso industrial de la región.
La comparativa con otras zonas también arroja datos relevantes. En Andalucía, por ejemplo, se produjeron 121 fallecimientos durante el año 2025, con Jaén ocupando la quinta posición en el ranking de provincias con más accidentes mortales de la comunidad. A nivel nacional, el año completo se cerró con 735 muertes, una cifra que descendió un 7,7% respecto al ejercicio anterior, aunque la construcción registró un preocupante aumento del 21,5% en su siniestralidad mortal.
La reforma legal también debería abordar la falta de notificación de accidentes a las autoridades judiciales, un problema que ha sacado a la luz la Fiscalía General del Estado en su memoria anual. Resulta paradójico que La Rioja no recibiera ninguna comunicación sobre accidentes laborales durante todo el año pasado, cuando el Ministerio de Trabajo contabilizaba cinco fallecidos en jornada de trabajo y 46 accidentes graves en esa comunidad. Esta desconexión entre la realidad y los canales oficiales de información evidencia la necesidad de mejorar los sistemas de comunicación y transparencia en la gestión de la prevención de riesgos laborales.
Los sindicatos llevan tiempo advirtiendo de que la reducción de la siniestralidad laboral, pese a ser uno de los objetivos declarados de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995, no se está cumpliendo. La normativa ha quedado obsoleta y no da respuesta a los retos actuales, como la digitalización, el teletrabajo o los nuevos riesgos psicosociales. Por ello, la aprobación de una reforma integral que actualice los protocolos, refuerce la inspección y garantice la protección de todos los trabajadores, especialmente de los más vulnerables, es una demanda social que no admite más demora.
En definitiva, los datos de siniestralidad laboral en España durante 2026 reflejan una realidad inaceptable: cada día, trabajadores pierden la vida o sufren lesiones graves simplemente por desarrollar su profesión. La combinación de un mayor número de accidentes con baja, el incremento de muertes entre los autónomos y la persistencia de los riesgos psicosociales como asignatura pendiente dibujan un panorama que requiere una intervención estructural urgente para que ninguna persona más tenga que pagar con su salud o su vida el precio de trabajar.