El pasado 22 de septiembre marcó un antes y un después para miles de empleados públicos en España. Ese día entró en vigor la nueva regulación de la jornada general de trabajo y de las jornadas de especial dedicación para el personal al servicio de la Administración de Justicia y el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia. Las resoluciones, publicadas en el BOE, buscan equiparar las condiciones laborales de este colectivo con las ya implantadas en la Administración General del Estado, un paso que se venía reclamando desde hacía tiempo.
Esta medida afecta a aproximadamente 65.000 personas, entre ellas los 24.000 empleados que dependen directamente del Estado y los cerca de 39.000 que prestan servicio en comunidades autónomas con competencias transferidas. La novedad principal es la materialización de la jornada general de 35 horas semanales de trabajo efectivo en cómputo anual, lo que equivale a 1.512 horas al año. Para los puestos con dedicación especial, el tope se fija en 37,5 horas semanales. La distribución concreta y los horarios de atención al ciudadano se establecerán cada año antes del 1 de enero mediante el correspondiente calendario laboral.
Compensaciones por horas extra en la nueva normativa
Uno de los puntos más esperados era el sistema de compensación para las actuaciones procesales urgentes e inaplazables que obliguen a alargar la jornada ordinaria. La norma contempla que cada hora trabajada de lunes a viernes entre las 17:00 y las 22:00 compute como dos horas efectivas. Si la jornada se prolonga más allá de las 22:00 o se realiza en sábados, domingos o festivos, cada hora se contabiliza como dos horas y media. Estos excesos podrán compensarse dentro del horario flexible del mes siguiente o mediante días de permiso, una solución que da respuesta a las necesidades del servicio sin penalizar al trabajador.
Además, se ha confirmado que la jornada intensiva de verano, que ya se aplicaba en otros ámbitos de la Administración, tendrá una duración de 32,5 horas semanales y se extenderá del 16 de junio al 15 de septiembre. También se regula la reducción de jornada por interés particular, que permite trabajar cinco horas diarias de lunes a viernes con el 75% de las retribuciones, siempre que no se trate de puestos con dedicación especial. Esta medida busca mejorar la conciliación, aunque queda excluida para quienes desempeñen funciones que requieran una disponibilidad mayor.
La Generalitat Valenciana ha dado un paso similar al acordar con los sindicatos la implantación de las 35 horas semanales para su personal, una medida que afectará a más de 21.200 empleados públicos y que deberá ser ratificada por el pleno del Consell y publicada en el Diario Oficial de la Generalitat. Este acuerdo, alcanzado en la Mesa Sectorial de Función Pública, incluye también la jornada de especial dedicación de 37 horas y media, y evidencia que la reducción de jornada se está extendiendo por las administraciones autonómicas.
El Supremo avala el desayuno como tiempo trabajado
En paralelo, el Tribunal Supremo ha resuelto un conflicto que lleva años sobre la mesa: si el tiempo de desayuno y los 15 minutos de cortesía tras la hora de entrada deben considerarse tiempo efectivo de trabajo. La Sala de lo Social ha confirmado en una sentencia que, para aquellos trabajadores con control rígido de horario y que no ocupen cargos directivos, el margen de llegada de hasta 15 minutos debe computarse como trabajado, y también la pausa del desayuno cuando esté pactada en convenio. Para más detalle, puede consultar la normativa sobre descansos y registro horario.
El caso se originó por la nueva guía de registro horario de Caixabank, que pretendía eliminar estos tiempos del cómputo. Los sindicatos CC.OO., UGT y SECB llevaron el asunto a los tribunales y, tras una primera sentencia de la Audiencia Nacional que solo reconocía el desayuno, el Supremo ha rectificado y ha dado la razón a los trabajadores también en el margen de cortesía. La sentencia recuerda que el registro horario es un instrumento de control y no puede alterar derechos preexistentes, como los establecidos en acuerdos laborales de 1991 que siguen vigentes.
Esta decisión supone un alivio para muchos empleados que veían cómo sus minutos de llegada se penalizaban injustamente. Además, pone de manifiesto la necesidad de que las empresas adapten sus guías internas a la legalidad vigente, sin intentar modificar condiciones adquiridas. El abogado Armando García López, que defendió a los trabajadores, ha señalado que todavía hay un alto porcentaje de horas extra no registradas ni pagadas, citando que en la EPA de 2016 el 53,7% de las horas extraordinarias no se registraban, y que en el tercer trimestre de 2023 se realizaron casi 2,4 millones de horas extra no remuneradas a la semana.
La extensión de la jornada reducida en otros ámbitos
Mientras tanto, la conciliación sigue siendo una asignatura pendiente en el sector privado, aunque cada vez más negocios se animan a modificar sus horarios. En Pontevedra, por ejemplo, la constructora Covsa eliminó la jornada partida hace dos años, el restaurante As Greas recortó el turno de cocina y cierra dos días a la semana, y la cadena de panaderías Xeve dejó de abrir los domingos y festivos. Estas iniciativas, que buscan mejorar la conciliación laboral, surgen por motivos diversos y responden a una demanda creciente de tiempo libre y mejor calidad de vida.
La peluquería Ani Soliño es otro caso singular: su propietaria, tras 35 años trabajando sin horarios fijos, decidió ampliar el horario de verano a dos meses y medio, cerrando por las tardes desde julio hasta mediados de septiembre. La clientela se ha adaptado bien y la plantilla valora positivamente el cambio. Estos ejemplos demuestran que la jornada reducida es viable en sectores muy dispares, siempre que haya voluntad por parte de los dueños y comprensión por parte de los clientes.
En el ámbito tecnológico, el Banco Central Europeo ha constatado que la inteligencia artificial ahorra una mediana de tres horas semanales a los trabajadores que la utilizan, pero ese tiempo no siempre se traduce en menos horas de presencia. La mayoría de las empresas lo destinan a aumentar la producción o asumir nuevas tareas. Solo un pequeño porcentaje consigue reducir su jornada efectiva. Según Funcas, entre 2,8 y 3,5 millones de trabajadores españoles podrían aumentar su productividad con la inteligencia artificial en la próxima década sin perder sus puestos, pero para ello es clave la formación.
Por último, en Alemania se está llevando a cabo un experimento laboral con 40 empresas que prueban la semana de cuatro días a igual salario, con el objetivo de mantener el 100% de productividad. Los resultados preliminares muestran opiniones divididas según la edad y las circunstancias personales, pero el debate sobre el tiempo frente al dinero sigue abierto. Mientras tanto, en España la jornada de 35 horas avanza en el sector público y el Supremo marca límites claros sobre lo que se considera tiempo trabajado.
En definitiva, la entrada en vigor de la nueva jornada en Justicia, el acuerdo en la Generalitat Valenciana y el respaldo del Supremo al derecho al desayuno y al margen de cortesía configuran un panorama en el que la reducción de horas y la conciliación ganan terreno. Las compensaciones por horas extra, la jornada intensiva de verano y la extensión de experiencias positivas en el sector privado indican que, poco a poco, el modelo laboral español avanza hacia una mayor flexibilidad y respeto por el tiempo de los trabajadores, sin que ello suponga un menoscabo de la productividad.
