La Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) ha puesto en marcha una ofensiva sin precedentes para atajar las irregularidades laborales y proteger los derechos de los trabajadores. Durante los primeros meses de 2026, el organismo ha intensificado sus visitas y controles, prestando especial atención a la seguridad en los centros de trabajo, la economía sumergida y el fraude en las cotizaciones. Esta estrategia se apoya en nuevas directrices que refuerzan la vigilancia sobre prácticas como el exceso de horas extraordinarias, los contratos a tiempo parcial que esconden jornadas completas o los falsos autónomos.
Un ejemplo de esta actividad se ve en Ávila, donde la Inspección Provincial ha realizado 1.885 actuaciones entre enero y abril. Estas intervenciones han permitido destapar irregularidades por un importe global de 496.331 euros y aflorar 255.503 euros para la Seguridad Social mediante actas de liquidación y recaudación inducida. El subdelegado del Gobierno, Fernando Galeano, ha elogiado la labor de los inspectores y ha recordado que su trabajo es fundamental para garantizar un mercado laboral justo y sostenible.
Prioridades del nuevo plan estratégico
El Plan Estratégico de la ITSS para el periodo 2025-2027, publicado en el BOE, marca unas líneas de actuación claras. Entre ellas destaca la lucha contra los contratos fraudulentos y el empleo no declarado. Los inspectores van a cruzar datos de la Agencia Tributaria y de la Seguridad Social para detectar discrepancias entre las nóminas, las bases de cotización y el registro horario, que es obligatorio desde 2019. Así, se podrán identificar de manera más precisa los excesos de jornada, los impagos de horas extra y los contratos a tiempo parcial que no reflejan la realidad.
Otra de las prioridades es el control del trabajo autónomo. La Seguridad Social ha avisado de que cualquier persona que reciba ingresos habituales, aunque sean 300 euros al mes, debe darse de alta en el RETA. No hacerlo puede acarrear sanciones, especialmente ahora que existe una mayor lupa de Hacienda sobre autónomos y empresas. Los inspectores también vigilarán el teletrabajo para comprobar que no se utiliza de forma fraudulenta para ocultar jornadas completas. Estas medidas buscan proteger a los trabajadores y garantizar la sostenibilidad del sistema público.
Resultados en Ávila: un ejemplo de la acción inspectora
Los datos de Ávila son elocuentes. En el ámbito de la prevención de riesgos laborales se realizaron 1.089 actuaciones, de las cuales 285 acabaron en requerimientos para corregir deficiencias. Además, se propusieron 79 sanciones por valor de 127.605 euros. La Inspección investigó 18 accidentes de trabajo, uno de ellos mortal, y puso especial énfasis en el cumplimiento de las obligaciones preventivas de las empresas. La seguridad de la maquinaria, la formación de los empleados y las condiciones de los lugares de trabajo fueron los puntos más revisados.
En materia de relaciones laborales, se llevaron a cabo 175 actuaciones que derivaron en 28 sanciones por 51.831 euros. Se revisaron 159 contratos y se impulsó la conversión de 53 de ellos en indefinidos. Por otro lado, en el área de Seguridad Social se detectaron irregularidades en afiliaciones, cotizaciones y prestaciones, con 81 sanciones por 200.630 euros y 33 liquidaciones por 196.949 euros. La recaudación inducida superó los 58.500 euros.
La lucha contra la economía irregular también dio resultados: se impusieron diez sanciones por 97.510 euros, relacionadas con el control de permisos de trabajo y la detección de empleo no declarado. La colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sigue siendo clave para combatir la explotación laboral y la trata de personas. Todos estos datos demuestran que la Inspección está cumpliendo su papel de garante de la legalidad.
Consejos para los trabajadores antes de denunciar
Ante cualquier irregularidad, los trabajadores tienen la opción de acudir a la Inspección de Trabajo. Sin embargo, es importante reunir todas las pruebas posibles y entender la diferencia entre denunciar y reclamar. El abogado laboralista Alejandro de Paz Martín, de dPG Legal, aconseja conservar el contrato, las nóminas, los cuadrantes, los fichajes y cualquier comunicación con la empresa. También recomienda descargar la vida laboral para verificar si el alta se ha tramitado correctamente y si las bases de cotización coinciden con el trabajo realizado.
La denuncia ante la Inspección no suspende los plazos judiciales. Si un trabajador quiere impugnar un despido, tiene 20 días hábiles, y las cantidades salariales pendientes prescriben al año. Por eso, aunque se denuncie, es posible que se necesite acudir a los tribunales para recuperar el dinero o conseguir que un contrato sea declarado indefinido. La Inspección sanciona y exige la regularización, pero no reconoce indemnizaciones ni condena al pago de salarios directamente.
Las campañas de verano suelen sacar a la luz diferencias salariales, jornadas superiores a las declaradas o altas no tramitadas. Los trabajadores pueden presentar una denuncia formal indicando la empresa, el centro de trabajo y una descripción detallada de los hechos. Cuanta más información se aporte, más fácil será para los inspectores verificar lo ocurrido. La documentación es esencial para demostrar el incumplimiento.
Por último, la Inspección de Trabajo también tiene un papel importante en la protección de la igualdad y la salud laboral. Aunque en este artículo no se han detallado otras actuaciones, el organismo sigue ampliando sus funciones para adaptarse a las nuevas realidades laborales. El objetivo final es que ningún trabajador tenga que abandonar su puesto por sufrir abusos o irregularidades, y que las empresas cumplan con sus obligaciones.
