Los hogares españoles empiezan a notar con fuerza cómo la inflación se dispara al 3,3% en marzo, en plena escalada del conflicto en Oriente Medio. El avance del Instituto Nacional de Estadística (INE) apunta a un salto de un punto en solo un mes, desde el 2,3% de febrero, el mayor incremento mensual desde mediados de 2022, cuando el IPC se vio sacudido por la invasión rusa de Ucrania.
Este nuevo repunte sitúa los precios en su nivel más alto desde junio de 2024 y rompe la senda de moderación que se venía encadenando en los últimos meses, acercando de nuevo la inflación a una zona incómoda para los hogares, las empresas y el Banco Central Europeo (BCE), que tenía como horizonte una convergencia ordenada hacia el 2%.
Qué hay detrás del salto del IPC al 3,3% en marzo
El INE atribuye el grueso del incremento al encarecimiento de los combustibles y lubricantes para vehículos, así como al aumento del gasóleo de calefacción. La subida llega después de que a finales de febrero Estados Unidos e Israel atacaran objetivos en Irán y el régimen iraní respondiera elevando la tensión militar y restringiendo el tránsito por el estrecho de Ormuz, un paso por el que circula alrededor del 20% del crudo y otros productos energéticos mundiales.
En cuestión de semanas, el barril de petróleo cerca de 100 dólares se ha estabilizado, tensionando especialmente el precio del diésel y elevando los costes de transporte marítimo, los llamados fletes, y los márgenes de refino. Ese encadenamiento de factores ha hecho que llenar el depósito o calentar la vivienda resulte sensiblemente más caro que hace solo un mes.
Además del choque petrolero, en marzo ha pesado el llamado efecto base: los precios de la electricidad y parte de la energía se comparan con los de marzo del año anterior, cuando las intensas lluvias y una abundante generación hidroeléctrica abarataron la luz. Este año la bajada de la electricidad ha sido menor que entonces, lo que matemáticamente también empuja al alza la tasa interanual, aunque el recibo no se haya disparado tanto como los carburantes.
Con todo, el componente energético es claramente el motor del repunte: el propio Gobierno señala que los productos energéticos registran subidas destacadas, mientras la OPEP mantiene congelada la producción, en torno al 7,5% en algunos cálculos, frente a ritmos más moderados en alimentos elaborados, bienes industriales o servicios.
Inflación subyacente anclada en el 2,7%: la energía concentra el golpe
Uno de los datos que más miran los analistas es la inflación subyacente, que excluye la energía y los alimentos frescos por ser los componentes más volátiles. En marzo, este indicador se ha mantenido estable en el 2,7%, la misma tasa que en febrero y aún en uno de sus niveles más altos desde el verano de 2024.
El hecho de que la subyacente no se haya movido confirma que el tirón actual de los precios está concentrado en la energía y que, de momento, no se ha producido una traslación generalizada al resto de la cesta de la compra o a los servicios. Es decir, todavía no se aprecia con claridad una segunda ronda de incrementos que afecte a todos los sectores.
Aun así, diversos economistas advierten de que el riesgo de contagio existe: si la energía permanece cara durante mucho tiempo, el transporte, la industria y, finalmente, la alimentación pueden empezar a reflejar esa presión. El coste del gas, de los fertilizantes -procedentes en buena medida de Oriente Medio- y de insumos clave como el helio utilizado en la fabricación de microchips se observa con lupa por su potencial para encarecer una amplia gama de productos, desde electrodomésticos hasta vehículos.
En el corto plazo, los modelos de instituciones como Funcas o la OCDE ya recogen que la inflación española se moverá por encima del 3% durante los próximos meses, siempre que el conflicto no se enquiste más de la cuenta. La OCDE, por ejemplo, eleva su previsión de inflación media anual para España al entorno del 3%, unas siete décimas más de lo que barajaba antes de la guerra en Irán.
Del surtidor al bolsillo: impacto en carburantes, hipotecas y consumo
La subida de precios tiene un reflejo inmediato en la factura de las familias, especialmente en un país donde el transporte por carretera sigue siendo predominante. Numerosos conductores se han encontrado a las puertas de la Semana Santa con que el litro de diésel alcanza máximos históricos para estas fechas, incluso pese a las rebajas fiscales recientemente aprobadas.
Datos del comparador de la CNMC sitúan el litro de diésel en torno a 1,789 euros y la gasolina en algo más de 1,58 euros. La Dirección General de Tráfico prevé más de 17 millones de desplazamientos en estos días festivos, de modo que el coste de cada viaje se convierte en un recordatorio práctico de cómo la guerra en Oriente Medio está llegando al día a día de los hogares.
A la tensión en los carburantes se añade la situación financiera: el euríbor ronda ya el 3%, lo que encarece las hipotecas a tipo variable y agrava la pérdida de poder adquisitivo de muchas familias. Aunque este factor no se incluye directamente en el IPC, sí condiciona de forma muy clara la capacidad de gasto y el margen de ahorro.
Los economistas señalan que los precios más altos desvían parte del ingreso de los hogares desde el consumo hacia el simple mantenimiento del nivel de vida básico -energía, vivienda, transporte-, lo que puede ir enfriando el crecimiento económico con el paso de los meses si no se estabiliza la situación geopolítica.
Con todo, España llega a este nuevo choque inflacionista con una economía que venía creciendo a buen ritmo y con el desempleo por debajo del 10% por primera vez en casi dos décadas, algo que los expertos consideran un pequeño colchón frente al impacto de la actual crisis energética.
La electricidad y las renovables actúan como freno parcial
Un elemento llamativo del dato de marzo es que, pese al encarecimiento general de la energía, la electricidad ha contribuido a amortiguar la inflación. Tanto el INE como el Ministerio de Economía subrayan que el precio de la luz ha sido más bajo que en el mismo mes de 2025, o al menos ha caído menos que entonces, evitando un repunte aún mayor del IPC.
El Gobierno insiste en que la apuesta por las energías renovables está funcionando como escudo frente al shock actual: según Economía, las tecnologías verdes marcan el precio de la electricidad en el 84% de las horas, frente a apenas un 25% en 2019. Ese cambio en la composición del mix energético reduce la dependencia del gas y del petróleo en el mercado mayorista de la luz y contiene parcialmente el impacto del conflicto en Irán.
Además de la fuerza de las renovables, el nivel de agua embalsada en las centrales hidráulicas y la aportación de la energía nuclear también han ayudado a mantener bajo control la factura eléctrica en comparación con otros países del entorno europeo, donde la presión del gas sobre los precios es más intensa.
Fuentes del Ministerio de Economía recalcan que este comportamiento de la electricidad está siendo clave para que el salto del IPC no haya sido aún mayor, y confían en que el despliegue adicional de eólica y fotovoltaica en los próximos años reduzca todavía más la exposición a futuros sobresaltos geopolíticos.
Medidas del Gobierno: rebajas fiscales y plan de choque ante la guerra en Irán
Con el IPC al 3,3% y las tensiones energéticas sin un horizonte claro de solución, el Ejecutivo ha aprobado un plan de respuesta específico a la crisis en Oriente Medio, convalidado en el Congreso y dotado con unos 5.000 millones de euros. El paquete se centra en rebajas de impuestos sobre la energía y ayudas directas a sectores expuestos.
Entre las medidas figura una reducción al 10% del IVA aplicado a carburantes, electricidad, gas y leña, así como rebajas en impuestos especiales que gravan la luz y los combustibles. También se han puesto en marcha bonificaciones de 20 céntimos por litro de carburante para profesionales del transporte, agricultores y ganaderos, además de ayudas a la compra de fertilizantes, cuyo precio se ha disparado por la combinación del encarecimiento del gas y la inestabilidad en Oriente Medio.
El Ministerio de Economía asegura que este plan busca evitar que el shock energético se traslade de forma permanente ni a la inflación ni al poder adquisitivo de los hogares. Según sus datos, en la última semana los carburantes han comenzado a abaratarse gracias a la aplicación de las medidas fiscales, aunque persisten las presiones procedentes de las cotizaciones internacionales del crudo y de los costes de transporte.
Por su parte, la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) calcula que las rebajas tributarias sobre la energía podrían suponer hasta junio un ahorro medio cercano a 90 euros por consumidor al repostar, una ayuda modesta pero relevante para los bolsillos más tensos en un contexto de precios altos.
Los analistas coinciden en que estas iniciativas no pueden impedir que la inflación repunte en el corto plazo, pero sí pueden limitar la magnitud del aumento y, sobre todo, frenar la transmisión del shock a la cesta de la compra alimentaria y al resto de bienes y servicios.
Riesgos a medio plazo: alimentos, salarios y papel del BCE
Más allá del dato de marzo, el punto central de preocupación está en lo que pueda suceder en los próximos trimestres. Los expertos alertan de que el encarecimiento de la energía es transversal: afecta al transporte, a la producción industrial, al almacenamiento y, por extensión, a los precios de los alimentos y de numerosos bienes de consumo.
El temor es que se desencadenen los llamados efectos de segunda ronda, en los que las empresas trasladan a sus precios finales el aumento de costes y los trabajadores, recordando la reciente etapa de inflación cercana al 11%, traten de proteger su poder adquisitivo con subidas salariales más agresivas. Ese círculo de precios y salarios es precisamente el escenario que el BCE quiere evitar.
La presidenta del banco central, Christine Lagarde, ha advertido en varias ocasiones de que, tras haber vivido una crisis inflacionista reciente, la memoria de los agentes económicos es más sensible: sindicatos y trabajadores podrían reaccionar con mayor rapidez reclamando incrementos de sueldo, dificultando la vuelta a un entorno de estabilidad de precios.
De momento, las previsiones de instituciones como Oxford Economics apuntan a que la inflación española se situará este año en torno al 3,2%-3,3%, algo por encima del escenario que se manejaba antes del estallido de la guerra en Irán, pero lejos de los máximos de 2022. Aun así, el BCE ha endurecido su tono y el mercado ya descuenta posibles subidas de tipos de interés adicionales, lo que retroalimenta la subida del euríbor y encarece la financiación.
Manuel Hidalgo, de EsadeEcPol, considera que el impacto actual es menos intenso que el vivido con Ucrania y que la combinación de renovables y medidas fiscales ha evitado un salto aún mayor. Otros expertos, como Ángel Talavera (Oxford Economics) o Raymond Torres (Funcas), prevén sin embargo que el IPC se mantenga por encima del 3% varios meses y alertan de que España podría afrontar este nuevo shock en peor posición en términos de inflación subyacente que algunos socios europeos.
La duración de la guerra y la evolución del estrecho de Ormuz siguen siendo las grandes incógnitas. Cualquier escalada adicional o interrupción prolongada de suministros clave -desde petróleo hasta gases industriales utilizados en semiconductores- podría traducirse en nuevas tensiones de precios en Europa, más allá de la energía y la alimentación.
Con el IPC de marzo avanzando al 3,3% y la inflación subyacente anclada en el 2,7%, la economía española entra en una fase en la que la evolución de la guerra en Irán, el precio del petróleo y las decisiones del BCE marcarán el pulso de los próximos meses. La combinación de renovables, rebajas fiscales y un mercado laboral más fuerte que en crisis anteriores está sirviendo de contrapeso, pero el margen de maniobra es limitado si el conflicto se prolonga y el encarecimiento energético termina filtrándose a salarios, alimentos y al resto de la cesta de la compra.
