La tragedia ferroviaria de Adamuz, en la línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla, ha dejado de ser solo un drama de seguridad ferroviaria para convertirse también en un caso bajo la lupa de la Unión Europea. La Fiscalía Europea ha puesto en marcha una investigación específica para aclarar si se produjo un uso indebido de fondos comunitarios en las obras de renovación del tramo donde se registró el siniestro con 46 víctimas mortales.
El organismo con sede en Luxemburgo intenta reconstruir qué se hizo exactamente con los más de 111 millones de euros concedidos a España para modernizar una infraestructura considerada ya obsoleta frente al resto de la red de alta velocidad. La sospecha de que pudo haber irregularidades en la conservación de la vía por la que circulaban los trenes Iryo y Alvia ha llevado a activar el mecanismo penal europeo para delitos que afectan directamente al presupuesto de la UE.
Cómo y por qué entra la Fiscalía Europea en el caso Adamuz
La intervención de la Fiscalía Europea se apoya en su mandato específico para perseguir fraudes, corrupción y malversación relacionados con dinero de la Unión. En este expediente, la clave está en las subvenciones canalizadas a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), destinadas a renovar la histórica línea Madrid-Sevilla, inaugurada en 1992 y convertida en la más veterana del AVE español.
Bruselas aprobó el 25 de junio de 2024 una ayuda de exactamente 111.646.340 euros para la “sustitución de raíles y traviesas” en este corredor, así como otro paquete complementario para reforzar los sistemas de control, mando y señalización. La finalidad oficial era poner al día un trazado que la propia Comisión Europea describía como desfasado respecto al resto de la red de alta velocidad del país.
Tras el accidente del pasado 18 de enero en el término municipal de Adamuz (Córdoba), la Fiscalía Europea verificó si en ese punto concreto se habían invertido fondos europeos. Al constatar que las obras de mantenimiento y renovación del tramo estaban vinculadas a estas ayudas, el organismo activó una fase inicial de comprobaciones, que incluyó peticiones de información y documentación antes de dar el paso de abrir formalmente una investigación penal.
La causa ha sido asumida por la delegación española de la Fiscalía Europea, que ha designado a dos fiscales delegados para pilotar las diligencias. Su cometido es esclarecer si se produjo una malversación de caudales públicos comunitarios o una defraudación de subvenciones, determinando tanto el uso real del dinero como los posibles responsables.
El tramo de Adamuz y los 111 millones en el punto de mira
La investigación gira en torno al tramo de la red de alta velocidad Madrid-Sevilla a la altura de Adamuz, donde tuvo lugar el choque entre un tren Iryo y un Alvia que circulaban en sentidos opuestos. El siniestro, ocurrido a última hora de la tarde del 18 de enero, se ha convertido en la mayor catástrofe de la historia del AVE en España con 46 fallecidos y numerosos heridos.
En un oficio remitido a Adif, entidad pública dependiente del Ministerio de Transportes, la Fiscalía Europea ha solicitado que se identifiquen todos los contratos y expedientes relacionados con las obras realizadas en el entorno del punto kilométrico 318,7, donde se produjo el descarrilamiento. El objetivo es seguir el rastro administrativo y económico de cada intervención financiada total o parcialmente con fondos comunitarios.
El organismo europeo también ha pedido información detallada al Juzgado de Instrucción número 2 de Montoro (Córdoba), encargado de la causa penal sobre el accidente, así como a la Dirección General de Fondos Europeos, responsable de la gestión y justificación de estas ayudas en la administración española. Se trata de cruzar datos técnicos, financieros y contractuales para comprobar si la ejecución de las obras se ajustó a lo previsto en los programas de financiación de la UE.
Mientras tanto, desde el Ministerio de Transportes se sostiene que la justificación de los fondos Feder se realizó con “absoluta normalidad” conforme avanzaban los trabajos de mantenimiento en el tramo de alta velocidad que pasa por Adamuz. Adif, por su parte, asegura estar colaborando con las autoridades europeas y judiciales en la remisión de documentos, contratos y registros internos.
Dos investigaciones paralelas: técnica y financiera
El caso Adamuz presenta un doble frente. Por un lado, la jueza de Montoro instruye el procedimiento para determinar las causas técnicas del descarrilamiento y las posibles responsabilidades penales en materia de seguridad ferroviaria. Por otro, la Fiscalía Europea explora si el dinero de Bruselas destinado a esa misma infraestructura pudo no emplearse de forma correcta.
En el plano nacional, la magistrada ha recabado informes de la Guardia Civil, de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) y de peritos externos. La principal hipótesis apunta a una rotura en una soldadura que unía dos carriles de distintas características: uno producido en 1989 y otro de fabricación reciente, con diferente grado de dureza.
De acuerdo con los documentos aportados al juzgado, un informe sobre el sistema de señalización -mantenido por una empresa tecnológica para Adif- registró una caída de tensión en el circuito de vía unas 22 horas antes del momento en que descarriló el tren de Iryo. Estos datos han reforzado la línea de investigación que pone el foco en un posible fallo previo en la infraestructura, anterior incluso al choque.
A nivel europeo, las diligencias de la Fiscalía transcurren en paralelo pero de forma coordinada con la justicia española. La Audiencia Nacional ha nombrado al juez José Luis Calama como magistrado de garantías, encargado de validar medidas que afecten derechos fundamentales -como entradas y registros o intervenciones de comunicaciones- si los fiscales europeos consideran necesario solicitarlas.
Incongruencias en papeles, material retirado y dudas sobre las soldaduras
Los informes remitidos por la Guardia Civil y la CIAF han puesto sobre la mesa varias incongruencias documentales que han avivado las dudas sobre la gestión del mantenimiento de la vía en la zona del siniestro. Parte de la atención se centra en la documentación aportada por Ayesa, empresa encargada de supervisar la instalación de las soldaduras.
Según consta en las diligencias, algunos informes de calidad relativos a las soldaduras del tramo afectado se habrían revisado semanas después del accidente, cuando deberían haber estado cerrados con anterioridad. Además, se han detectado modificaciones y versiones divergentes en los mismos documentos, con páginas firmadas en fechas posteriores a la primera entrega al juzgado.
La CIAF ha subrayado que estos cambios generan serias dudas sobre qué parte de los informes fue alterada y en qué momento. En una de las versiones iniciales se mencionaba incluso el uso de una aleación de menor calidad en la soldadura ubicada en el punto exacto del accidente, extremo que posteriormente fue rectificado por Adif alegando un error.
A todo ello se suma la polémica surgida cuando la Guardia Civil informó a la jueza de que Adif había retirado material clave de la zona del siniestro sin autorización judicial previa. Los agentes desplazados para inspeccionar elementos como el “bogie” del vagón 8 del tren Iryo fueron advertidos de que los cupones de carril con sus soldaduras ya se encontraban trasladados a unas instalaciones en Hornachuelos.
Estas incidencias, aunque todavía no constituyen por sí mismas una prueba de corrupción, han incrementado la presión sobre el gestor de infraestructuras y han reforzado el interés de la Fiscalía Europea en determinar si el dinero destinado a renovar la vía se aplicó conforme a las condiciones técnicas y de seguridad exigidas por los programas de la UE.
El papel del Gobierno y la respuesta política al escándalo
La dimensión política del caso tampoco ha tardado en aflorar. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha insistido públicamente en que la actuación de la Fiscalía Europea era previsible y automática en un contexto donde hay fondos europeos implicados, restando relevancia a las informaciones que presentaban la investigación como una novedad repentina.
En un mensaje difundido en redes sociales, el titular de la cartera de Transportes acompañó sus palabras con el oficio enviado por los fiscales delegados europeos a Adif, fechado el 30 de enero, apenas once días después del siniestro. En ese documento se reclamaba ya la remisión de todos los contratos y expedientes relativos al tramo donde descarriló el tren.
En sede parlamentaria, el ministro se ha visto sometido a preguntas sobre la entrega de documentación relacionada con el accidente y las obras de mantenimiento en Adamuz. Algunas formaciones le reprochan falta de transparencia, mientras desde el Gobierno se defiende que se está colaborando “en tiempo y forma” con todas las instancias, tanto nacionales como europeas.
Por su parte, el Ministerio y Adif reiteran que la ejecución y justificación de los proyectos financiados con cargo al Feder se ajustó a los procedimientos habituales. Sin embargo, la apertura formal de diligencias por parte de la Fiscalía Europea introduce un nuevo nivel de escrutinio sobre cómo se licitaron, supervisaron y certificaron las obras de renovación del tramo cordobés.
En este contexto, la opinión pública asiste a un debate en el que se mezclan la preocupación por la seguridad ferroviaria, la confianza en la gestión de los fondos europeos y el impacto político de un accidente que ha golpeado de lleno la imagen de fiabilidad del AVE español.
Todo este entramado de diligencias técnicas, judiciales y europeas configura un escenario complejo en el que se investiga al mismo tiempo qué falló en la vía y qué se hizo con el dinero destinado a arreglarla. A la espera de que avancen los peritajes, las declaraciones y el análisis de contratos y expedientes, la cuestión de fondo sigue siendo si los más de 111 millones de euros europeos para modernizar la conexión Madrid-Sevilla se gestionaron de forma correcta o si, como sospecha la Fiscalía Europea, hubo una desviación fraudulenta que terminó confluyendo con una de las peores tragedias ferroviarias vividas en España.