Cuando hablamos de echar las llaves del trabajo y empezar a disfrutar del tiempo libre, solemos pensar inmediatamente en lo que dice el BOE. Sin embargo, hay una diferencia abismal entre lo que el Estado marca como norma y lo que ocurre en el dĆa a dĆa de los trabajadores espaƱoles. Mientras la ley ajusta los tornillos para que nos quedemos mĆ”s tiempo activos, la realidad social es un mosaico de anticipos, demoras y necesidades económicas.
En los Ćŗltimos aƱos hemos visto un giro de tortilla bastante curioso. Si antes lo habitual era intentar salir pitando del mercado laboral mediante prejubilaciones, ahora parece que el viento sopla en otra dirección. Las reformas recientes han logrado que el promedio de edad en el que se empieza a cobrar la pensión suba, acercĆ”ndose cada vez mĆ”s a los lĆmites legales establecidos por el Gobierno.
La brecha entre la edad legal y la efectiva
Para entender dónde estamos, hay que mirar los datos. Hasta hace nada, la edad real de jubilación en nuestro paĆs rondaba los 62,4 aƱos, una cifra que dejaba en evidencia que muchos se retiraban antes de tiempo. Este desfase se debĆa principalmente a que mĆ”s del 40% de la población optaba por la vĆa anticipada, muchas veces empujados por los ERE y las crisis económicas que azotaron la Ćŗltima dĆ©cada.
No obstante, la tendencia ha cambiado radicalmente. Recientemente, la media de edad real ha escalado hasta los 65,2 años, superando por primera vez la barrera simbólica de los 65. Este salto no es casualidad; es el resultado de que las jubilaciones anticipadas han pasado de representar el 40% del total en 2019 a situarse por debajo del 30% en la actualidad, mientras que las altas ordinarias se han consolidado como la norma.
Si comparamos nuestra situación con el resto de la OCDE, EspaƱa sigue estando en un grupo donde la jubilación efectiva suele ser anterior a la legal, aunque la distancia se estĆ” acortando. PaĆses como Corea del Sur son el extremo opuesto, donde la gente llega a retirarse a los 72 aƱos, mientras que nosotros seguimos luchando por sostener el sistema frente al fenómeno de la generación del baby boom.
El camino hacia los 67 aƱos y los requisitos legales
El plan del Gobierno es claro: queremos llegar al año 2027 con una edad de jubilación ordinaria de 67 años para quienes no tengan una carrera de cotización muy larga. En la prÔctica, esto significa que la edad legal sube dos meses cada año. Para aquellos que tengan menos de 38 años cotizados, la edad ordinaria se ha ido desplazando hacia arriba, mientras que quienes han cotizado mÔs de 38 años y 3 meses pueden acceder al retiro a los 65 años.
Para que no haya dudas, el requisito mĆnimo para entrar en el sistema es haber cotizado al menos 15 aƱos, de los cuales dos deben estar dentro de los Ćŗltimos 15 aƱos antes de la jubilación. Sin embargo, para cobrar la pensión completa, es decir, el 100% de la base reguladora, se exige una trayectoria mucho mĆ”s extensa que irĆ” evolucionando hasta alcanzar los 37 aƱos de cotización a partir de 2027.
Incentivos para quedarse: la jubilación demorada y flexible
Ya no solo es que la ley nos obligue a trabajar mÔs, es que ahora conviene económicamente hacerlo. La jubilación demorada se ha convertido en una opción atractiva, duplicando su uso desde 2021. BÔsicamente, quien decide no jubilarse al cumplir la edad legal recibe un plus o bonificación en su futura pensión, que puede oscilar entre el 2% y el 4% por cada año completo de trabajo adicional.
AdemÔs de esto, han aparecido fórmulas mÔs modernas como la jubilación flexible y la parcial. La primera permite que alguien que ya es pensionista regrese al mercado laboral a tiempo parcial, combinando su prestación con un sueldo. La segunda es ideal para quienes quieren ir soltando el trabajo poco a poco, reduciendo su jornada y cobrando un porcentaje de la pensión mientras siguen activos, a veces mediante contratos de relevo para ayudar a insertar a desempleados.
Existe también la llamada jubilación reversible, una herramienta que permite a quienes se retiraron volver a trabajar a jornada completa si descubren que tienen ganas o necesidad de generar mÔs ingresos o mejorar sus cotizaciones para subir el importe de su pensión final.
El desafĆo particular de los autónomos
Para quienes trabajan por cuenta propia, el panorama es bastante mĆ”s crudo. La pensión media de un autónomo suele ser aproximadamente la mitad que la de un asalariado, debido a que la gran mayorĆa cotiza por la base mĆnima. Esto crea una situación de vulnerabilidad donde el 75% de los autónomos siente que la pensión pĆŗblica no serĆ” suficiente para cubrir sus gastos bĆ”sicos.
A pesar de que ya pueden acceder a la jubilación anticipada, la recomendación general para este colectivo es planificar la jubilación desde mucho antes, utilizando planes de pensiones privados o productos de inversión para no depender exclusivamente de la Seguridad Social, especialmente considerando que sus bases de cotización pueden ajustarse hasta seis veces al año según sus ingresos reales.
Cómo se calcula la pensión y cómo solicitarla
Para saber cuÔnto dinero caerÔ en la cuenta cada mes, lo primero es realizar el cÔlculo de la pensión de jubilación basÔndose en la base reguladora. Esta es la media de las cotizaciones de los últimos 25 años (300 meses). Los dos años mÔs recientes se cuentan por su valor nominal, mientras que el resto se actualizan según el IPC para que el dinero no pierda valor frente a la inflación.
A esa base se le aplica un porcentaje segĆŗn los aƱos totales cotizados. Si solo tienes 15 aƱos, cobrarĆ”s el 50% de esa base; si llegas a los 36 aƱos y medio (o 37 segĆŗn el aƱo), accederĆ”s al importe Ćntegro de la pensión. Una vez hecho el cĆ”lculo, el proceso de solicitud se puede realizar de forma presencial con cita previa o, mucho mĆ”s cómodamente, a travĆ©s de la Sede Electrónica de la Seguridad Social aportando el DNI y el formulario correspondiente.
El sistema español se encuentra en una fase de ajuste necesaria para sobrevivir al envejecimiento de la población y a la reducción de la fuerza laboral proyectada para las próximas décadas. Entre el aumento de la edad legal, el fomento de la demora y la restricción de las jubilaciones anticipadas, el objetivo es claro: alargar la vida laboral para que el gasto público sea sostenible y las pensiones sigan siendo viables para las próximas generaciones.
