Francia está inmersa en un torbellino financiero que no da señales de remitir. La deuda pública del país galo alcanzará este año su nivel más alto desde 1995, impulsada por un déficit crónico y un crecimiento económico débil. Según los datos difundidos por el Ministerio de Economía, la deuda representará el 119,3% del PIB al cierre de 2026, y la cosa no mejora de cara a 2027: el porcentaje subirá hasta el 121,7%. Son cifras que doblan con creces el límite del 60% establecido por la UE, y que convierten a Francia en el tercer país más endeudado de la eurozona, solo por detrás de Grecia e Italia.
La situación ha puesto alerta a los inversores y a las agencias de calificación. Scope Ratings ya ha rebajado la nota de Francia, y Morningstar DBRS ha puesto su rating en vigilancia negativa. El coste de los intereses de la deuda se ha convertido en uno de los mayores agujeros del presupuesto público, superando con creces lo que el Estado gasta en Educación, Defensa o Justicia. La presidenta del Tribunal de Cuentas, Amélie de Montchalin, ha roto su silencio para alertar de que la soberanía financiera del país está en juego y que Francia se enfrenta a «la decisión más importante de la Quinta República».
Un ajuste fiscal que llega tarde y con cuentas en contra
El Gobierno de Sébastien Lecornu ha presentado un plan de ajuste de 54.000 millones de euros para intentar sanear las arcas públicas. Suena bien sobre el papel, pero las previsiones apuntan a que el déficit cerrará 2026 en el 5,4% del PIB, cuatro décimas por encima del objetivo que el propio Ejecutivo se había marcado. El primer ministro ya ha deslizado en el Parlamento la posibilidad de tocar las pensiones, aunque ese movimiento siempre ha generado una fuerte contestación social en Francia. La prensa especula con que el tope de las deducciones fiscales para los pensionistas podría bajar de los 4.439 euros actuales a unos 3.000, una medida que levantaría ampollas.
La agencia Scope justifica su rebaja de calificación por el «entorno fiscal degradado» y la «dificultad del Gobierno para cumplir los objetivos de déficit autoimpuestos». Mientras tanto, el ministro de Economía, Roland Lescure, quita hierro al asunto y califica el aumento de la deuda de «mecánico», achacable a un déficit que sigue siendo demasiado elevado. Eso sí, admite que la estabilización de la deuda no llegará hasta que el déficit baje al 3% del PIB, un horizonte que se antoja lejano con un crecimiento previsto de apenas el 0,5% este año lastrado por la guerra en Irán y el encarecimiento de la energía.
El bono francés ya no es el refugio de la eurozona
Durante la crisis del euro, el bono francés se comportó como el activo seguro de referencia junto al alemán. Ahora la historia es bien distinta. El diferencial con el bono alemán a diez años ha llegado a superar los 100 puntos básicos, algo que no se veía desde 2008, y el rendimiento del bono galo ha alcanzado el 4,50%. Francia ha dejado de ser ese país blindado para convertirse en un socio casi periférico, según algunos analistas. Los inversores internacionales, que poseen alrededor del 56% de la deuda francesa, empiezan a mostrarse inquietos. Propuestas como la del líder de La Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, de anular parte de la deuda pública, no hacen más que alimentar esa desconfianza.
El eco de esta situación llega a Bruselas y también a Madrid. Para España, la degradación francesa cambia las tornas en las negociaciones comunitarias. El Tesoro español se financia hoy en condiciones muchísimo mejores que el francés, con una economía que crece por encima de la media de la eurozona y una prima de riesgo que ya no es el estigma de antaño. Ese contraste supone un activo negociador para el Gobierno español, pero también encierra un peligro: si Bruselas decide endurecer las reglas fiscales para todos, España también tendrá que apretarse el cinturón.
La amenaza de un contagio no es teoría. Los expertos señalan que si el diferencial supera los 120 o 130 puntos básicos, la situación podría desbocarse. Aunque el BCE podría intervenir, nadie quiere probar esa baza con el país que sostiene el eje político de la Unión. La zona euro es ahora más sólida que en 2012, pero el caso francés demuestra que los problemas de fondo siguen latentes.