La deuda de las administraciones públicas españolas ha cerrado el ejercicio con una ligera mejora en su peso sobre la economía, pese a seguir marcando cifras récord en términos de volumen. El pasivo conjunto del Estado, comunidades autónomas, corporaciones locales y Seguridad Social se sitúa en 1,698 billones de euros, lo que equivale al 100,7% del PIB, su nivel más bajo desde 2020.
Este registro supone que el endeudamiento público se ha incrementado en torno a un 4,8% en términos absolutos respecto al año anterior —unos 77.652 millones de euros más—, pero, gracias al crecimiento de la economía, la ratio sobre el PIB se reduce en un punto porcentual frente a 2024. El dato definitivo queda además mejor de lo previsto por el Gobierno, que calculaba cerrar en torno al 101%-101,7% del PIB.
Un máximo en euros, pero algo menos de peso sobre la economía
En el tramo final del año, la deuda pública alcanzó un saldo de 1,698 billones de euros, lo que representa la cifra más alta de la serie para un cierre de ejercicio. Sin embargo, este dato es ligeramente inferior al máximo histórico que se registró en el tercer trimestre, cuando por primera vez se superó la barrera de los 1,7 billones.
Entre septiembre y diciembre se produjo una corrección del 0,7% respecto a ese récord trimestral, de forma que el último dato del año no marca un nuevo techo, pero sí consolida un nivel de deuda muy elevado. En paralelo, el tirón del PIB nominal ha permitido que la ratio pase del entorno del 101,7% inicialmente estimado a ese 100,7% finalmente confirmado por el Banco de España.
La mejora de la ratio se apoya también en que España encadena ya varios años de crecimiento económico por encima de la media de la eurozona. En 2025, el avance del PIB fue de alrededor del 2,8%, aproximadamente el doble que el de la zona euro, lo que ayuda a aliviar el peso relativo de la deuda, aunque en términos brutos el endeudamiento siga subiendo.
Los datos oficiales superan las previsiones del propio Ejecutivo pero se quedan por encima de las estimaciones de buena parte de los organismos internacionales. La AIReF, por ejemplo, esperaba una ratio del 100,3% del PIB; la Comisión Europea, del 100%; el FMI, del 100,4%; y la OCDE, incluso del 99,4%, niveles algo más optimistas que los finalmente observados.
Administración central, comunidades, ayuntamientos y Seguridad Social
El grueso del endeudamiento sigue concentrado en la Administración Central. A cierre de año, su deuda se situó en 1,563 billones de euros, el equivalente al 92,6% del PIB, con un aumento del 4,9% interanual. Dentro de este bloque, la deuda del Estado ascendió a unos 1,549 billones (91,8% del PIB), mientras que otras unidades de la Administración Central redujeron ligeramente su saldo hasta unos 34.000 millones, un 6,9% menos que el año anterior.
En el ámbito autonómico, las comunidades autónomas acumularon una deuda de 341.642 millones de euros, lo que representa alrededor del 20,2% del PIB. Se trata de un incremento interanual cercano al 1,7%, moderado pero que sigue empujando al alza el volumen global. Pese a ello, algunas regiones continúan cumpliendo con los límites de referencia marcados en la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
Las corporaciones locales, por su parte, continúan siendo el nivel de la Administración con un comportamiento más prudente. La deuda de ayuntamientos y otras entidades locales se redujo hasta los 20.729 millones de euros, el 1,2% del PIB, lo que supone un descenso del 9,3% frente al año anterior. En los municipios de más de 300.000 habitantes, el endeudamiento conjunto bajó un 16,5%, hasta unos 4.500 millones.
En cuanto a la Seguridad Social, su deuda repuntó con fuerza hasta los 136.179 millones de euros, aproximadamente un 8,1% del PIB. Este incremento, en torno al 7,9% interanual, se explica en buena medida por los préstamos del Estado a la Tesorería General para cubrir el desequilibrio de su presupuesto. Aunque estas operaciones se compensan dentro del conjunto de las cuentas públicas, evidencian la presión creciente asociada al gasto en pensiones.
Diferencias regionales: entre la Comunidad Valenciana y las autonomías menos endeudadas
La distribución territorial de la deuda autonómica muestra grandes contrastes. La Comunidad Valenciana se mantiene como la región con mayor endeudamiento relativo, con una ratio del 40,7% de su PIB, la misma que un año antes. A continuación se sitúan la Región de Murcia (31,2%), Castilla-La Mancha (28,3%) y Cataluña (28,2%).
En el otro extremo, un grupo de cinco comunidades mantiene su deuda por debajo del umbral del 13% del PIB fijado como referencia en la Ley de Estabilidad. Se trata de Navarra (9,4%), Canarias (10,8%), la Comunidad de Madrid (11,3%), el País Vasco (11,5%) y Asturias (12,3%). Este bloque se consolida como el más contenido en términos de endeudamiento autonómico.
Si se atiende al volumen absoluto, las cifras más abultadas se concentran en unas pocas autonomías: Cataluña suma alrededor de 90.082 millones de euros de deuda, seguida de la Comunidad Valenciana (63.934 millones), Andalucía (40.721 millones) y la Comunidad de Madrid (37.825 millones). El tamaño de su economía hace que estas regiones acumulen buena parte del pasivo autonómico.
El caso de Madrid resulta llamativo porque combina una de las ratios más bajas con un peso muy relevante en el PIB nacional. Con una deuda equivalente al 11,3% de su PIB, la región es la comunidad de régimen común menos endeudada y, según cálculos autonómicos, solo sería responsable de algo más de 2 euros de cada 100 de deuda española, pese a generar casi una quinta parte de la riqueza del país.
Ayuntamientos: reducción del pasivo y diferencias por habitante
Dentro de las corporaciones locales, los ayuntamientos de más de 300.000 habitantes continúan reduciendo de forma significativa su endeudamiento. El Ayuntamiento de Madrid sigue siendo el consistorio con mayor volumen de deuda, con unos 1.600 millones de euros, pero ha recortado su pasivo alrededor de un 19%-20% respecto al año anterior.
Le siguen en volumen Barcelona, con en torno a 1.300 millones de euros, y Zaragoza, con aproximadamente 500-532 millones según las distintas fuentes. Pese a que en los tres casos la tendencia es a la baja, la fotografía cambia si se observa la deuda por habitante, donde Zaragoza presenta la cifra más alta, con unos 767 euros por vecino, por delante de Barcelona (743 euros) y Murcia (523 euros).
En el polo opuesto, algunos municipios grandes muestran niveles casi simbólicos de deuda. Las Palmas de Gran Canaria no registra prácticamente pasivo financiero, mientras que Alicante y València se sitúan en tramos muy moderados, con alrededor de 62 y 83 euros por habitante, respectivamente. Este comportamiento contribuye a que el conjunto de las entidades locales mantenga un perfil de endeudamiento relativamente saneado.
Cómo se financia la deuda: plazos, instrumentos y consolidación
Más allá de las cifras globales, el Banco de España detalla también la composición de la deuda por instrumentos y plazos. La práctica totalidad del endeudamiento público está materializada en pasivos a largo plazo: aproximadamente un 94,8% del total, de los cuales los valores a largo plazo —fundamentalmente bonos y obligaciones— representan cerca del 84,8%.
Durante el último año, la deuda en valores a largo plazo creció en torno a un 5,1% interanual, mientras que los préstamos con vencimiento superior a un año aumentaron un 7,2% frente a diciembre del ejercicio anterior. En cambio, los instrumentos a corto plazo —letras y otros pasivos de vencimiento inferior a doce meses— redujeron su peso, con una caída del 3,5% en tasa interanual.
Esta estructura, muy volcada hacia el largo plazo, busca limitar el impacto de las subidas de tipos de interés y reducir el riesgo de refinanciación, aunque también consolida un volumen de deuda elevado durante muchos años. Solo en torno al 5,2% del pasivo se concentra en instrumentos a corto plazo, lo que proporciona algo de colchón frente a cambios bruscos en las condiciones de financiación.
Otra pieza clave es la llamada consolidación interna, es decir, la deuda que mantienen entre sí los distintos subsectores públicos. Estos pasivos cruzados, como los préstamos del Estado a la Seguridad Social, se eliminan al calcular el endeudamiento del conjunto de las administraciones. El saldo de esta consolidación se sitúa en torno a 363.000 millones de euros, aproximadamente el 21,5% del PIB, con un crecimiento en torno al 2,6% en el último año.
Objetivos con Bruselas y dudas de sostenibilidad a largo plazo
El Gobierno presentó en el Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo un compromiso con la Comisión Europea para reducir gradualmente la ratio de deuda. Según esa hoja de ruta, el objetivo pasa por situar el endeudamiento en torno al 100,1% del PIB en 2027 y bajarlo hasta el 90,6% en 2031. Aún más adelante, los cálculos oficiales apuntan a un nivel cercano al 76,8% en 2041.
Para los próximos años inmediatos, las proyecciones del Ejecutivo prevén una senda descendente suave: alrededor del 100,9% del PIB en 2026, el entorno del 100% en 2027 y por debajo del 99,1% en 2028. Estas previsiones están siendo revisadas por el Ministerio de Economía a la luz de un contexto internacional más incierto, marcado por la guerra en Irán y el coste de las medidas anticrisis desplegadas en los últimos ejercicios.
No obstante, los organismos supervisores e instituciones internacionales vienen advirtiendo de que, sin cambios de calado, el esfuerzo previsto podría resultar insuficiente. La Comisión Europea, en su monitor de sostenibilidad de la deuda, plantea que, en un escenario de políticas sin nuevas reformas, la ratio podría volver a repuntar después de 2028 y escalar hasta el entorno del 108% del PIB en 2036, en un marco de déficits recurrentes y mayor gasto derivado del envejecimiento de la población.
La AIReF también ha puesto sobre la mesa la necesidad de ajustes estructurales si se quiere consolidar la reducción del endeudamiento y acercarse a los niveles considerados prudentes por Bruselas, muy alejados todavía del 60% del PIB fijado como referencia en el Pacto de Estabilidad. El fuerte aumento de la deuda de la Seguridad Social en los últimos años es uno de los elementos que más inquietan en este debate.
Con todo, el último dato disponible dibuja un escenario en el que la deuda pública española sigue en cotas muy altas, pero con cierta mejora en su relación con el tamaño de la economía y un comportamiento heterogéneo entre subsectores y territorios. La combinación de crecimiento económico, disciplina fiscal y reformas será la que determine si esta tendencia a la baja en la ratio del 100,7% se consolida o, por el contrario, vuelve a girar al alza en los próximos años.
