El sector financiero nacional se encuentra en estos momentos en el ojo del huracán tras la inesperada decisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de incoar un expediente sancionador contra los pesos pesados del sector. La investigación se centra en Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja, a quienes se les acusa de haber realizado presuntas prácticas que atentan contra la libre competencia en el ámbito de los préstamos para la compra de vivienda. Según el organismo regulador, existen sospechas fundadas de que las declaraciones públicas de algunos de sus responsables habrían servido para dar pistas a sus rivales sobre futuras estrategias comerciales.
Esta maniobra de Competencia, que ha caído como un jarro de agua fría en las torres de la Castellana y en las sedes de los principales bancos, se produce en un contexto donde los tipos de interés han dado mucho que hablar. El regulador sospecha que, mediante intervenciones en ruedas de prensa y foros especializados, los directivos podrían haber anticipado sus movimientos en las hipotecas fijas, permitiendo que el resto de las entidades se alinearan con las condiciones del mercado de una forma poco natural. Aunque el proceso acaba de empezar, la sombra de una posible infracción del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea ya planea sobre las seis cotizadas.
El origen del conflicto: ¿fueron simples opiniones o señales de mercado?
La clave de todo este embrollo reside en las comparecencias de los últimos trimestres, donde varios consejeros delegados no se cortaron un pelo al criticar lo que consideraban una competencia irracional. Desde algunas entidades se llegó a sugerir que firmar hipotecas fijas al 2% a plazos de 30 años era crear carteras deficitarias de cara al futuro, un mensaje que la CNMC ha interpretado como una posible consigna para que el sector dejara de tirar los precios. No es poca cosa, ya que estas declaraciones podrían haber funcionado como un mecanismo indirecto para que todos los actores subieran el listón de los intereses al unísono.
Entre las voces más destacadas que ahora están bajo escrutinio se encuentran directivos de Bankinter y Santander, quienes en su día calificaron el panorama comercial de poco lógico. Mientras algunos argumentaban que los retornos estaban al límite de la rentabilidad aceptable, otros anunciaban que no entrarían en guerras de precios si esto no garantizaba beneficios claros. Para la CNMC, estas reflexiones en voz alta podrían constituir indicios de una infracción grave, puesto que habrían facilitado que la banca y el crédito para hipotecas española se pusiera de acuerdo sin necesidad de reuniones secretas, simplemente escuchándose unos a otros en los medios.
Por su parte, los consumidores no han tardado en reaccionar. Asociaciones como Asufin llevan tiempo dando la voz de alarma sobre lo que llaman comportamientos paralelos en la banca española. Aseguran que es sospechoso cómo las entidades adoptan estrategias comerciales casi calcadas tanto en la oferta de créditos como en la escasa remuneración que ofrecen por los depósitos. Desde este colectivo se reclama una investigación a fondo que aclare si realmente los ciudadanos están pagando más por sus casas debido a este presunto intercambio de información entre los gigantes del IBEX 35.
A pesar del revuelo, es importante recordar que la apertura de este expediente no significa que los bancos sean culpables todavía. La CNMC tiene ahora por delante un periodo máximo de dos años para investigar cada detalle y decidir si impone sanciones. No obstante, el momento elegido para lanzar este aviso a navegantes es significativo, coincidiendo con los últimos días de mandato de la actual presidencia del organismo, lo que deja claro que la supervisión de la competencia en sectores estratégicos sigue siendo una prioridad absoluta en la agenda institucional.
La defensa de las entidades y las posibles consecuencias económicas
Desde la Asociación Española de Banca (AEB), la respuesta ha sido de total tranquilidad y defensa de la profesionalidad de sus asociados. Su presidenta, Alejandra Kindelán, ha sido tajante al afirmar que las entidades cumplen estrictamente con la legalidad vigente. De hecho, el argumento estrella del sector es que el mercado hipotecario de nuestro país sigue siendo de los más agresivos y beneficiosos para el usuario de toda la zona euro. Según los datos que manejan, los préstamos en España son significativamente más baratos que la media europea, superando incluso las condiciones que se ven en Alemania o Francia.
Sin embargo, si la investigación llegara a puerto y se confirmaran las malas prácticas, las multas no serían ninguna broma. La normativa de defensa de la competencia contempla sanciones que pueden alcanzar el diez por ciento de la facturación anual de cada grupo bancario, una cifra que en el caso de las grandes entidades supondría desembolsos astronómicos. Además, no se descarta que los propios directivos tengan que responder de forma individual con multas que podrían llegar a los sesenta mil euros por cabeza si se demuestra su implicación directa en estas decisiones coordinadas.
Mientras tanto, el Banco de España observa la situación desde una barrera prudente. José Luis Escrivá ha señalado que, por ahora, no percibe un problema de restricción de crédito y que la banca ha mejorado su solvencia, aunque reconoce que la atención al cliente todavía cojea en algunos aspectos. La institución monetaria también estudia si en el futuro será necesario limitar las hipotecas y su impacto para evitar riesgos sistémicos, siguiendo la estela de lo que ya hacen otros países vecinos, aunque es una decisión que se está tomando con pies de plomo para no frenar la economía.
El futuro de este expediente marcará un antes y un después en la forma en que los banqueros se comunican con el mercado. Si finalmente hay sanción, las ruedas de prensa de resultados pasarán a ser eventos mucho más parcos en palabras para evitar cualquier malentendido con el regulador. Lo que está claro es que la transparencia y la libre competencia vuelven a estar sobre la mesa en un sector que ya ha tenido que lidiar con otros expedientes por los créditos ICO o el mercado de depósitos en el pasado reciente, aunque en esas ocasiones el organismo no encontrara pruebas suficientes para castigar a las entidades.
A modo de cierre, esta investigación abierta por la CNMC pone de relieve la tensión constante entre la libertad de expresión de los directivos y la necesidad de proteger un mercado justo para los hipotecados. La resolución de este caso, que se demorará un par de años, determinará si las quejas públicas sobre la baja rentabilidad de las hipotecas fueron una estrategia orquestada para elevar los márgenes o si, por el contrario, simplemente formaban parte del análisis cotidiano de un mercado financiero extremadamente volátil. Por ahora, el sector aguarda con cautela el avance de la instrucción, mientras los consumidores esperan que estas acciones sirvan para garantizar que la competencia en los préstamos para vivienda siga siendo real y efectiva en el territorio español.
