El sector financiero nacional se encuentra en estos momentos en el ojo del huracĆ”n tras la inesperada decisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de incoar un expediente sancionador contra los pesos pesados del sector. La investigación se centra en Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja, a quienes se les acusa de haber realizado presuntas prĆ”cticas que atentan contra la libre competencia en el Ć”mbito de los prĆ©stamos para la compra de vivienda. SegĆŗn el organismo regulador, existen sospechas fundadas de que las declaraciones pĆŗblicas de algunos de sus responsables habrĆan servido para dar pistas a sus rivales sobre futuras estrategias comerciales.
Esta maniobra de Competencia, que ha caĆdo como un jarro de agua frĆa en las torres de la Castellana y en las sedes de los principales bancos, se produce en un contexto donde los tipos de interĆ©s han dado mucho que hablar. El regulador sospecha que, mediante intervenciones en ruedas de prensa y foros especializados, los directivos podrĆan haber anticipado sus movimientos en las hipotecas fijas, permitiendo que el resto de las entidades se alinearan con las condiciones del mercado de una forma poco natural. Aunque el proceso acaba de empezar, la sombra de una posible infracción del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea ya planea sobre las seis cotizadas.
El origen del conflicto: ¿fueron simples opiniones o señales de mercado?

La clave de todo este embrollo reside en las comparecencias de los Ćŗltimos trimestres, donde varios consejeros delegados no se cortaron un pelo al criticar lo que consideraban una competencia irracional. Desde algunas entidades se llegó a sugerir que firmar hipotecas fijas al 2% a plazos de 30 aƱos era crear carteras deficitarias de cara al futuro, un mensaje que la CNMC ha interpretado como una posible consigna para que el sector dejara de tirar los precios. No es poca cosa, ya que estas declaraciones podrĆan haber funcionado como un mecanismo indirecto para que todos los actores subieran el listón de los intereses al unĆsono.
Entre las voces mĆ”s destacadas que ahora estĆ”n bajo escrutinio se encuentran directivos de Bankinter y Santander, quienes en su dĆa calificaron el panorama comercial de poco lógico. Mientras algunos argumentaban que los retornos estaban al lĆmite de la rentabilidad aceptable, otros anunciaban que no entrarĆan en guerras de precios si esto no garantizaba beneficios claros. Para la CNMC, estas reflexiones en voz alta podrĆan constituir indicios de una infracción grave, puesto que habrĆan facilitado que la banca y el crĆ©dito para hipotecas espaƱola se pusiera de acuerdo sin necesidad de reuniones secretas, simplemente escuchĆ”ndose unos a otros en los medios.
Por su parte, los consumidores no han tardado en reaccionar. Asociaciones como Asufin llevan tiempo dando la voz de alarma sobre lo que llaman comportamientos paralelos en la banca española. Aseguran que es sospechoso cómo las entidades adoptan estrategias comerciales casi calcadas tanto en la oferta de créditos como en la escasa remuneración que ofrecen por los depósitos. Desde este colectivo se reclama una investigación a fondo que aclare si realmente los ciudadanos estÔn pagando mÔs por sus casas debido a este presunto intercambio de información entre los gigantes del IBEX 35.
A pesar del revuelo, es importante recordar que la apertura de este expediente no significa que los bancos sean culpables todavĆa. La CNMC tiene ahora por delante un periodo mĆ”ximo de dos aƱos para investigar cada detalle y decidir si impone sanciones. No obstante, el momento elegido para lanzar este aviso a navegantes es significativo, coincidiendo con los Ćŗltimos dĆas de mandato de la actual presidencia del organismo, lo que deja claro que la supervisión de la competencia en sectores estratĆ©gicos sigue siendo una prioridad absoluta en la agenda institucional.

La defensa de las entidades y las posibles consecuencias económicas
Desde la Asociación EspaƱola de Banca (AEB), la respuesta ha sido de total tranquilidad y defensa de la profesionalidad de sus asociados. Su presidenta, Alejandra KindelĆ”n, ha sido tajante al afirmar que las entidades cumplen estrictamente con la legalidad vigente. De hecho, el argumento estrella del sector es que el mercado hipotecario de nuestro paĆs sigue siendo de los mĆ”s agresivos y beneficiosos para el usuario de toda la zona euro. SegĆŗn los datos que manejan, los prĆ©stamos en EspaƱa son significativamente mĆ”s baratos que la media europea, superando incluso las condiciones que se ven en Alemania o Francia.
Sin embargo, si la investigación llegara a puerto y se confirmaran las malas prĆ”cticas, las multas no serĆan ninguna broma. La normativa de defensa de la competencia contempla sanciones que pueden alcanzar el diez por ciento de la facturación anual de cada grupo bancario, una cifra que en el caso de las grandes entidades supondrĆa desembolsos astronómicos. AdemĆ”s, no se descarta que los propios directivos tengan que responder de forma individual con multas que podrĆan llegar a los sesenta mil euros por cabeza si se demuestra su implicación directa en estas decisiones coordinadas.
Mientras tanto, el Banco de EspaƱa observa la situación desde una barrera prudente. JosĆ© Luis EscrivĆ” ha seƱalado que, por ahora, no percibe un problema de restricción de crĆ©dito y que la banca ha mejorado su solvencia, aunque reconoce que la atención al cliente todavĆa cojea en algunos aspectos. La institución monetaria tambiĆ©n estudia si en el futuro serĆ” necesario limitar las hipotecas y su impacto para evitar riesgos sistĆ©micos, siguiendo la estela de lo que ya hacen otros paĆses vecinos, aunque es una decisión que se estĆ” tomando con pies de plomo para no frenar la economĆa.
El futuro de este expediente marcarÔ un antes y un después en la forma en que los banqueros se comunican con el mercado. Si finalmente hay sanción, las ruedas de prensa de resultados pasarÔn a ser eventos mucho mÔs parcos en palabras para evitar cualquier malentendido con el regulador. Lo que estÔ claro es que la transparencia y la libre competencia vuelven a estar sobre la mesa en un sector que ya ha tenido que lidiar con otros expedientes por los créditos ICO o el mercado de depósitos en el pasado reciente, aunque en esas ocasiones el organismo no encontrara pruebas suficientes para castigar a las entidades.
A modo de cierre, esta investigación abierta por la CNMC pone de relieve la tensión constante entre la libertad de expresión de los directivos y la necesidad de proteger un mercado justo para los hipotecados. La resolución de este caso, que se demorarÔ un par de años, determinarÔ si las quejas públicas sobre la baja rentabilidad de las hipotecas fueron una estrategia orquestada para elevar los mÔrgenes o si, por el contrario, simplemente formaban parte del anÔlisis cotidiano de un mercado financiero extremadamente volÔtil. Por ahora, el sector aguarda con cautela el avance de la instrucción, mientras los consumidores esperan que estas acciones sirvan para garantizar que la competencia en los préstamos para vivienda siga siendo real y efectiva en el territorio español.




