Dos fallos judiciales casi simultáneos obligan al Gobierno de EE. UU. a mantener el programa de ayuda alimentaria SNAP en plena paralización administrativa utilizando fondos de contingencia. Las resoluciones, dictadas en Massachusetts y Rhode Island, buscan evitar que millones de hogares se queden sin prestaciones por el cierre.
Ambos jueces dan margen para financiar el mes de noviembre de forma parcial o total, pero advierten de que el proceso técnico puede acarrear retrasos en las recargas. En la práctica, las tarjetas EBT podrían ver sus abonos con una demora de entre una y dos semanas.
Decisiones clave de los tribunales
En Boston, la jueza Indira Talwani sostuvo que suspender los pagos era ilegal y exigió al Departamento de Agricultura (USDA) un plan inmediato para asegurar la continuidad del programa, ya sea con cobertura plena o reducida. El tribunal pidió comunicar antes del lunes si se emplearán los recursos de contingencia y qué otros fondos se activarán.
En Providence, el juez John J. McConnell ordenó que el Gobierno utilice, como mínimo, el fondo de contingencia para respaldar los beneficios, y que respete las exenciones de requisitos laborales que estaban vigentes para personas mayores, veteranos y otros colectivos.
Las resoluciones responden a demandas promovidas por 25 estados y el Distrito de Columbia, que sostienen que la Administración tiene la obligación legal de mantener operativo SNAP cuando existen recursos disponibles autorizados por el Congreso.
Aunque el Ejecutivo puede presentar recursos, por ahora el criterio judicial prioriza asegurar que las prestaciones no se interrumpan durante el cierre, aun si en una primera fase la financiación fuera parcial.
Qué dinero hay y cuánto cuesta SNAP
SNAP sostiene a cerca de uno de cada ocho estadounidenses y tiene un coste aproximado de 8.000 millones de dólares al mes. Su papel dentro de la red de seguridad social es central para familias con bajos ingresos.
Según los estados demandantes, existe un fondo de contingencia de alrededor de 5.000 millones y otra cuenta separada cercana a 23.000 millones que podrían ayudar a transitar el cierre. El uso de esas reservas permitiría minimizar recortes abruptos.
La posición inicial del Gobierno era que el fondo de 5.000 millones no podía emplearse legalmente para sostener el programa durante el cierre. Los tribunales, sin embargo, han indicado que estos fondos de emergencia deben utilizarse para garantizar la continuidad de los pagos.
El USDA había previsto detener las emisiones a partir del 1 de noviembre, pero las órdenes de Massachusetts y Rhode Island obligan a revisar el calendario y, al menos, a activar una cobertura alternativa mientras dure la parálisis administrativa.
Qué cambia para los beneficiarios
Las recargas en las tarjetas EBT no son inmediatas: los sistemas de los estados suelen tardar entre una y dos semanas. Por ello, incluso con el uso de fondos de contingencia, algunos hogares pueden notar demoras en noviembre.
El juez en Rhode Island indicó que deben mantenerse las exenciones que ya estaban autorizadas para ciertos grupos, de modo que no se apliquen nuevos requisitos laborales durante el cierre a quienes tenían dispensas vigentes.
Estados y bancos de alimentos se habían preparado para una interrupción, desplegando medidas de apoyo y canales de financiación acelerada. Con los fallos, el escenario mejora, pero hasta que se materialicen las recargas seguirá habiendo tensión operativa.
Organizaciones sociales y de lucha contra el hambre han recibido las decisiones como un alivio provisional y abogan por que el Gobierno detalle con claridad el alcance (total o reducido) y el calendario de los pagos de noviembre.
Contexto político y lectura europea
En Washington, la Secretaría de Agricultura ha advertido de que el colchón de contingencia no cubriría el programa durante mucho tiempo, y el Congreso no logró aprobar una medida para blindar la financiación de SNAP mientras dure el cierre. El telón de fondo político complica una solución estable y mantiene la posibilidad de apelaciones.
Para lectores en España y Europa, el caso ilustra cómo, en sistemas con cierres gubernamentales, los tribunales pueden garantizar la continuidad de prestaciones básicas. En la UE, los apoyos alimentarios y rentas mínimas suelen depender de presupuestos plurianuales, lo que reduce el riesgo de interrupciones por bloqueos políticos; aun así, la planificación y el uso de reservas siguen siendo claves.
Con las órdenes ya en marcha, la pelota queda en el tejado del Ejecutivo y del USDA: deben definir si habrá cobertura plena o parcial y activar con rapidez el fondo de 5.000 millones y otros recursos disponibles, para que SNAP no se detenga en noviembre y los hogares reciban sus prestaciones aunque sea con un ligero retraso.