La entrada en vigor obligatoria del sistema de facturación digital Verifactu se pospone un año. El Gobierno ha decidido retrasar hasta 2027 la exigencia de este nuevo modelo de control de facturas para empresas y autónomos, dando un respiro a un tejido empresarial que llevaba meses advirtiendo de la falta de tiempo para adaptarse.
Con este cambio de calendario, Hacienda intenta combinar su objetivo de reforzar la lucha contra el fraude con una implantación más gradual y asumible en términos técnicos y económicos. El aplazamiento llega, además, en un contexto político delicado, en el que el Ejecutivo busca recomponer puentes con Junts per Catalunya, formación con la que había adquirido el compromiso de revisar los plazos.
Un año más de margen: el nuevo calendario de Verifactu
El sistema Verifactu, que iba a ser obligatorio a partir de 2026, ve ahora cómo sus fechas clave se desplazan doce meses. La norma afecta tanto a sociedades como a profesionales que emiten facturas mediante programas informáticos, con un calendario diferenciado según el tipo de contribuyente.
Según detalla el Ministerio de Hacienda, las empresas sujetas al Impuesto sobre Sociedades tendrán que utilizar obligatoriamente sistemas de facturación adaptados a Verifactu desde el 1 de enero de 2027. En el caso de los autónomos y el resto de contribuyentes que no tributan por Sociedades, la obligación se activará el 1 de julio de 2027.
Este esquema sustituye al calendario inicial, que fijaba la entrada en vigor el 1 de enero de 2026 para las sociedades y el 1 de julio de 2026 para más de 3,4 millones de autónomos y pequeñas empresas. El retraso, por tanto, concede un año adicional para la adaptación técnica de los sistemas informáticos de facturación.
En la práctica, el tejido empresarial gana tiempo para actualizar o cambiar su software, formar al personal y revisar procesos internos. Hacienda subraya que la ampliación busca “garantizar una implantación ordenada y homogénea” y evitar problemas operativos en miles de negocios.
El papel del real decreto y la negociación política con Junts
El cambio de plazos se ha materializado mediante un real decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros, que modifica el Real Decreto 1007/2023, norma donde se fijaban los requisitos técnicos de los sistemas informáticos de facturación (los denominados Sistemas Informáticos de Facturación o SIF).
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, avanzó la medida en una entrevista en la emisora catalana Rac1, en la que reconoció que formaba parte de los compromisos pendientes con Junts per Catalunya. Posteriormente, la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, concretó los detalles en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
El decreto-ley que incluye la moratoria de Verifactu se enmarca en un paquete más amplio de acuerdos con Junts, pensado para recomponer la relación tras las críticas de la formación independentista por el incumplimiento de varios puntos pactados durante la legislatura. Entre estas medidas se encuentran también ajustes en materia de inversiones municipales y otras cuestiones fiscales.
Desde Hacienda, el comunicado oficial insiste en que la ampliación de plazos se justifica por la necesidad de adaptar adecuadamente los sistemas de facturación y garantizar que la implantación se produzca de manera coordinada en todo el tejido empresarial, evitando sobresaltos en pymes y autónomos.
Qué es Verifactu y cómo cambia la facturación
Verifactu no es un programa concreto, sino el reglamento que fija cómo deben funcionar los sistemas informáticos o electrónicos de facturación utilizados por empresarios y profesionales. Su origen está en la Ley 11/2021 de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, conocida como Ley Antifraude.
El objetivo central es que toda factura generada mediante software quede registrada de forma segura, íntegra y trazable, sin posibilidad de manipulación posterior sin dejar rastro. Para ello, los programas deberán crear lo que la Agencia Tributaria denomina “registros de facturación”, con medidas técnicas como la huella digital, el encadenamiento entre registros y sistemas que impidan borrar y rehacer documentos sin dejar evidencia.
En muchos casos, estos registros podrán enviarse telemáticamente a la Agencia Tributaria en el momento de la emisión o en plazos muy reducidos, configurando un control casi inmediato de los ingresos declarados. Cada factura tendrá además la opción de incorporar un código QR que permitirá al receptor verificar si la información ha sido remitida a Hacienda.
Verifactu también persigue la estandarización de los formatos de los registros de facturación, de modo que los datos generados por distintos programas sean homogéneos y fácilmente tratables por la Administración tributaria. Esto facilita tanto las comprobaciones como el cruce de información entre contribuyentes.
Quedan fuera de la obligación quienes ya utilizan el Suministro Inmediato de Información (SII), así como los contribuyentes de los territorios forales (País Vasco y Navarra) y quienes siguen emitiendo facturas íntegramente de forma manual. No obstante, incluso estos últimos deberán conservar sus registros con garantías de legibilidad, conservación e inalterabilidad.
Un sistema contra el fraude y el «software de doble uso»
La filosofía de fondo de Verifactu pasa por cortar el paso al llamado “software de doble uso”, es decir, aquellos programas que permiten llevar una contabilidad oficial y otra oculta, borrar ventas o manipular tickets sin dejar huella. Hacienda considera que esta práctica ha facilitado durante años una parte significativa del fraude en actividades de comercio, hostelería y servicios.
Con la nueva regulación, los desarrolladores de programas de facturación tendrán que certificar que su software cumple con las exigencias de integridad e inalterabilidad. El uso o comercialización de soluciones que permitan ocultar o alterar ventas estará fuertemente sancionado, tanto para los proveedores tecnológicos como para los usuarios finales.
Las sanciones previstas por la Agencia Tributaria pueden alcanzar los 50.000 euros en casos de incumplimiento grave, a lo que se añaden posibles consecuencias adicionales: pérdida del derecho a deducir el IVA, regularizaciones con recargos e intereses e, incluso, la apertura de vías penales en supuestos de fraude fiscal relevante.
Otro aspecto clave es que cualquier corrección en las facturas deberá hacerse mediante una factura rectificativa vinculada a la original. Con ello se pretende desterrar la práctica habitual de “borrar y volver a hacer”, que hasta ahora complicaba seriamente el seguimiento de las operaciones y facilitaba la manipulación de ventas.
Las autoridades fiscales insisten en que la finalidad no es cambiar los tipos impositivos ni la fiscalidad de base, sino mejorar la transparencia y la fiabilidad de la información que llega a la Administración. Para los negocios que ya cumplían rigurosamente, el mayor impacto será tecnológico y organizativo, no tanto tributario.
Impacto en pymes y autónomos: alivio temporal y reto a medio plazo
El aplazamiento de Verifactu ha sido recibido con alivio por buena parte de los autónomos y pequeñas empresas, que se veían apurados para llegar a 2026 con sus sistemas adaptados. Asociaciones como la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) llevaban semanas reclamando una moratoria, alegando falta de tiempo, complejidad técnica y costes añadidos.
Su presidente, Lorenzo Amor, llevaba advirtiendo que la implantación en los plazos previstos era “un despropósito” y que muchos profesionales ni siquiera conocían aún los detalles técnicos del sistema. Tras conocerse el retraso, ha hablado de “sentido común” y de un “alivio” en un contexto de crecientes cargas administrativas para los trabajadores por cuenta propia.
También desde organizaciones empresariales y cámaras de comercio se subrayaba que, sin un software público plenamente operativo y sin reglamentos definitivos, la adaptación masiva antes de 2026 podía generar problemas de caos, sobrecostes y brechas entre negocios más y menos digitalizados.
El nuevo calendario ofrece margen, pero no elimina el reto. Las pymes con procesos de facturación más rudimentarios tendrán que plantearse el salto a herramientas certificadas, mientras que aquellas que ya utilizan programas comerciales deberán comprobar que sus proveedores estarán alineados con los requisitos de Verifactu a tiempo.
En este contexto, la recomendación general de asesores y expertos es no esperar al último momento: planificar con calma la transición, revisar las opciones tecnológicas disponibles, evaluar costes y formar a las personas que gestionan la facturación para evitar errores cuando el sistema sea obligatorio.
Aplicación gratuita de Hacienda y relación con la factura electrónica
Para facilitar la adaptación, la Agencia Tributaria ha puesto ya a disposición de los contribuyentes una aplicación gratuita de facturación, pensada sobre todo para autónomos, profesionales y pequeñas empresas con un volumen reducido de facturas.
Esta herramienta permite generar facturas electrónicas y enviar los registros de facturación directamente a la Agencia Tributaria, cumpliendo con los requisitos de seguridad y trazabilidad exigidos por Verifactu. Se trata de una opción básica, pero que puede resultar útil para negocios que no necesitan soluciones más complejas.
Aunque el uso de la aplicación de Hacienda es voluntario, cualquier software que se emplee deberá ajustarse a la normativa. Es decir, las empresas pueden seguir utilizando programas privados, siempre que garanticen la inalterabilidad de la información, la generación de registros encadenados y, en su caso, el envío telemático de los datos.
Conviene no confundir Verifactu con la factura electrónica obligatoria derivada de la Ley Crea y Crece. Mientras el primero se centra en la fiabilidad de los registros y el control antifraude, la factura electrónica tiene como meta la digitalización de las relaciones comerciales entre empresas y autónomos, con su propio calendario de implantación, que también se prolonga hasta los próximos años.
En conjunto, la combinación de Verifactu y la factura electrónica supondrá una transformación profunda de la forma en que se emiten, registran y comunican las facturas en España. El año adicional concedido por Hacienda no cambia el rumbo de fondo: la facturación en papel y los sistemas opacos van teniendo cada vez menos espacio en el marco fiscal europeo y español.
Con el nuevo aplazamiento, empresas y autónomos disponen de un margen valioso para prepararse, revisar sus herramientas digitales y adaptarse a un modelo en el que la trazabilidad, la transparencia y el control en tiempo casi real serán la norma, no la excepción, en las relaciones con Hacienda.
