El Gobierno español se prepara para retocar de nuevo el tratamiento fiscal del salario mínimo interprofesional (SMI). El Ministerio de Hacienda está analizando seriamente prolongar y reforzar la deducción en el IRPF creada para quienes cobran el SMI, con el fin de que la próxima subida de este sueldo mínimo no termine suponiendo una pérdida de poder adquisitivo para los trabajadores ni un sobrecoste desproporcionado para las empresas.
Fuentes del departamento que dirige María Jesús Montero trasladan que la idea de actualizar esta deducción «está encima de la mesa» como una herramienta para repartir el impacto de la subida del SMI entre el Estado y el tejido empresarial. El objetivo de fondo es claro: que el salario neto de quienes están en la parte más baja de la escala salarial aumente o, como mínimo, no retroceda, al tiempo que se respeta el compromiso con la Carta Social Europea de situar el SMI en torno al 60% del salario medio neto.
Cómo nació la deducción del IRPF para el SMI
La actual deducción en el IRPF para los perceptores del SMI es fruto de una de las mayores tensiones internas de la presente legislatura entre los socios de coalición, PSOE y Sumar. A comienzos de 2025, tras años de subidas encadenadas del salario mínimo —un 61% desde 2018, pasando de algo más de 10.300 euros brutos al año a 16.576 euros anuales, es decir, 1.184 euros al mes en 14 pagas—, Hacienda defendió que el SMI debía empezar a tributar, mientras que el Ministerio de Trabajo consideraba que no tenía sentido gravar a quienes menos ganan.
Para resolver el choque, el Gobierno optó por una fórmula intermedia: no se actualizó el mínimo exento del IRPF al nuevo nivel del SMI —como reclamaba Sumar—, pero se creó una deducción específica en la cuota del impuesto dirigida a los trabajadores con rentas bajas. Esa deducción compensa lo que se les retiene en la nómina, de manera que, en la declaración de la renta, el resultado final sea que no paguen IRPF o paguen mucho menos de lo que correspondería según las tablas generales.
La medida se concibió desde el principio como transitoria y limitada a un solo ejercicio, pero en la práctica permitió que aproximadamente un 20% de los perceptores del SMI —principalmente solteros sin hijos, el grupo más afectado por las retenciones— no perdieran capacidad de compra. Sin esta deducción, una parte relevante de estos trabajadores habría pasado a abonar en torno a 300 euros anuales en concepto de IRPF.
En términos técnicos, la reforma fijó una nueva deducción para contribuyentes con rendimientos íntegros del trabajo inferiores a 17.256 euros. La deducción máxima de 340 euros anuales para quienes ingresan hasta el SMI actual de 16.576 euros, y se reduce gradualmente hasta desaparecer al alcanzar los citados 17.256 euros. Además, la ley limita expresamente que esta deducción no pueda superar la parte de la cuota (estatal más autonómica) correspondiente a los rendimientos del trabajo, lo que evita que genere saldos negativos o devoluciones superiores a lo retenido.
Por qué Hacienda prefiere una deducción antes que subir el mínimo exento
La elección de una deducción específica, en lugar de volver a ligar el mínimo exento del IRPF al SMI, responde, según explican fuentes gubernamentales, a razones de equidad y de recaudación. Elevar el mínimo exento supondría una rebaja fiscal para todos los contribuyentes, incluidas las rentas altas, dado que el IRPF es un impuesto progresivo y en los primeros tramos de la base imponible tributan tanto los salarios bajos como los elevados.
Si se aumentaran esos umbrales generales, el coste para las arcas públicas sería mucho mayor y beneficiaría también a contribuyentes que no forman parte del colectivo que se quiere proteger. Con la deducción específica, en cambio, el alivio fiscal se concentra en quienes tienen ingresos equivalentes o cercanos al SMI, con un impacto presupuestario más contenido y sin extender la rebaja a los tramos superiores de renta.
Desde Hacienda se insiste en que el SMI debe seguir subiendo para sostener el poder adquisitivo de trabajadoras y trabajadores con nóminas más modestas, un grupo en el que predominan mujeres y jóvenes. Pero el ministerio también recuerda que está obligado a mantener un cierto equilibrio presupuestario y a responder a las exigencias europeas de consolidación fiscal. En este contexto, la deducción se concibe como una herramienta “quirúrgica”: permite ajustar el impuesto con precisión sobre quienes más lo necesitan, sin tocar por completo la estructura del IRPF.
La posición oficial del departamento de Montero se resume en una idea: lo verdaderamente relevante en esta discusión es que el salario neto de los perceptores del SMI aumente, y que la subida del mínimo no se vea absorbida por impuestos o costes empresariales. Cumplir con la Carta Social Europea, que fija el listón del 60% del salario medio neto, es la referencia que guía tanto la política salarial como los ajustes tributarios asociados.
La próxima subida del SMI y el papel de la deducción
En paralelo a este debate fiscal, el Gobierno ya trabaja en la siguiente revisión del salario mínimo. La comisión de personas expertas que asesora al Ministerio de Trabajo ha recomendado para 2026 dos escenarios diferentes en función de si el SMI tributa o no en el IRPF. Si se mantiene sin tributación efectiva, plantean un incremento del 3,1%, que situaría el mínimo en 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas (unos 17.094 euros anuales). Si se opina que debe tributar, la recomendación sube al 4,7%, hasta 1.240 euros mensuales (17.360 euros al año).
Estas cifras, que serán la base de la negociación en la mesa de diálogo social, buscan asegurar que el SMI no pierda terreno frente a la inflación y, al mismo tiempo, se aproxime al citado 60% del salario medio neto. La clave está en cómo se articula la fiscalidad: si el IRPF no se ajusta, una parte de la subida se la puede quedar Hacienda vía retenciones, de ahí que el ministerio esté dispuesto a ampliar la deducción vigente en una cuantía que aún no se ha fijado.
Fuentes próximas a las negociaciones apuntan que uno de los escenarios que se barajan es elevar la deducción, actualmente de hasta 340 euros anuales, hasta el entorno de los 600 euros. Esta cifra permitiría que el Estado asumiera prácticamente todo el impacto fiscal de la subida prevista para 2026 cuando el SMI esté gravado, de modo que el trabajador note el incremento en su nómina y el coste no recaiga solo en los empleadores.
De hecho, la preocupación de Hacienda es que, si no se actualiza la deducción, en la parte más baja de la horquilla salarial el fisco llegue a absorber casi la totalidad de la mejora, y que incluso en los niveles ligeramente superiores al SMI el IRPF se quede con una porción muy sustancial del aumento. De ahí la insistencia en ajustar este mecanismo para que la subida decretada se traduzca en euros reales en el bolsillo del trabajador.
Unidad del Gobierno y choque con la patronal
Una de las novedades políticas de esta nueva ronda es que, a diferencia de lo que ocurrió en el pasado, Economía, Hacienda y Trabajo se muestran alineados en lo esencial. El titular de Economía, Carlos Cuerpo, ha hecho suyas las conclusiones del comité de expertos, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha subrayado públicamente que el Gobierno «está alineado» con el informe, dejando claro que esta vez no habrá una batalla interna como la de años anteriores.
Hacienda, por su lado, ha reiterado que está abierta a «analizar la actualización de la deducción vigente en el IRPF» para adaptarla a la subida del SMI que finalmente se acuerde. El compromiso del ministerio es que la nueva mejora del salario mínimo no se traduzca en un coste fiscal excesivo para las empresas ni en una merma neta para los trabajadores con rentas más bajas.
El foco del conflicto se desplaza así hacia la mesa de diálogo social. Las organizaciones empresariales, CEOE y Cepyme, han planteado un incremento del SMI sensiblemente menor, del entorno del 1,5% para 2026, lo que apenas lo llevaría a unos 1.202 euros brutos al mes en 14 pagas, y, además, sin pretender que quede exento de tributación en el IRPF. Esta propuesta choca frontalmente con la visión de los sindicatos y con las orientaciones de los expertos.
Los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, reclaman una subida del 7,5%, hasta cerca de 1.273 euros mensuales por catorce pagas, con tributación obligatoria en el IRPF pero acompañada de mecanismos como la deducción para garantizar que, en términos netos, el SMI cumpla el listón europeo. El desacuerdo con la patronal no es solo de cifras; también hay fricciones en torno a la metodología seguida por los expertos y a la regulación de la absorción de pluses y complementos salariales, una cuestión que el Ministerio de Trabajo quiere abordar en paralelo mediante la transposición de la normativa europea.
En este contexto, la deducción en el IRPF para los perceptores del SMI se ha convertido en una pieza clave del puzle. Para el Gobierno, permite desactivar parte de la resistencia empresarial, ya que una parte del coste de la subida no la asumen las empresas sino el Estado, y, al mismo tiempo, da respuesta a la demanda sindical de que la mejora del salario mínimo no se pierda en el camino por culpa de los impuestos.
La experiencia de 2025, cuando se introdujo esta deducción específica y se evitó que cientos de miles de trabajadores con SMI vieran recortados sus ingresos netos, sirve ahora de precedente. Lo que nació como un parche temporal para cerrar una crisis política interna ha terminado consolidándose como una herramienta fiscal con vocación de continuidad. Si finalmente se actualiza su cuantía y se mantiene ligada a las futuras subidas del SMI, este mecanismo puede convertirse en un elemento estable del sistema tributario español, diseñado a medida para proteger a quienes cobran menos, sin forzar una reforma general de los mínimos exentos.
A la espera de que se concreten las cifras definitivas, todo apunta a que la deducción en el IRPF para los perceptores del SMI seguirá siendo la vía elegida para compatibilizar tres objetivos que no siempre encajan bien: subir el salario mínimo, no estrangular a las empresas y evitar que los trabajadores de rentas más bajas vean cómo el fisco se queda con buena parte de la mejora que se les promete sobre el papel.