El debate sobre los fondos buitre vuelve a ocupar el centro de la actualidad en España después de que el desalojo de una mujer de 87 años en Madrid haya reavivado las crÃticas contra la compra de viviendas por parte de sociedades de inversión. Maricarmen Abascal vivÃa en su piso del distrito de Retiro desde mediados de los años cincuenta y ha tenido que abandonarlo tras una larga batalla judicial con Urbagestión, la empresa propietaria del inmueble.
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel RodrÃguez, ha calificado la situación de dÃa triste y dramático y ha vinculado el caso con la falta de regulación del mercado. A su juicio, el desahucio demuestra las consecuencias de no intervenir con más contundencia frente a quienes se dedican a comprar activos inmobiliarios y a elevar después las rentas. La empresa, por su parte, rechaza la etiqueta de fondo buitre y sostiene que actúa conforme a la sentencia del Tribunal Supremo.
Un desahucio que se convierte en sÃmbolo
El conflicto se remonta a un contrato de renta antigua firmado por los padres de Maricarmen. Tras el fallecimiento de ambos, la subrogación pasó a ella, pero la normativa aplicable solo permitÃa una segunda subrogación de dos años salvo en caso de discapacidad superior al 65%. Maricarmen tenÃa reconocido un 50%, por lo que el Tribunal Supremo dio la razón a Urbagestión. La empresa compró el inmueble por unos 240.000 euros, según los datos que han trascendido.
Después de la sentencia, la propiedad le ofreció un nuevo contrato de 1.650 euros al mes, frente a los 440 euros que venÃa pagando. La defensa de la afectada consideró esa cantidad inasumible y el caso terminó abriendo la vÃa del desahucio. Urbagestión Desarrollo e Inversión SL, que opera bajo el nombre comercial de Urbagesa, es una sociedad limitada constituida en Madrid en 2005, con sede en la calle Zurbano, dos sucursales en Valladolid y siete empleados. Al frente están Ricardo Alonso Fernández y Fernando Alonso Fuentes, abogados vinculados al derecho inmobiliario y urbanÃstico.
La Delegación del Gobierno en Madrid se ha desmarcado del dispositivo policial desplegado a las puertas de la vivienda y ha aclarado que la PolicÃa Nacional actúa bajo mandato judicial. Fuentes de la institución se han declarado en contra del desalojo, mientras decenas de personas han pasado la noche acampadas frente al número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda para intentar frenar el cuarto intento de ejecución. La comisión judicial llegó a personarse después de una espera tensa y sin que se produjeran cambios en la orden de desalojo.
El Ministerio de Vivienda asegura que intentó mediar con la empresa y que se puso en contacto con la propiedad para apelar al carácter social de la vivienda. También asegura que respaldó la petición de Naciones Unidas para suspender cautelarmente el desalojo y que su departamento trató de adquirir el inmueble a través de Casa 47. El Ayuntamiento de Madrid, en cambio, sostiene que sus servicios sociales siguieron el caso y ofrecieron recursos de alojamiento que la afectada rechazó.
La ley contra los fondos buitre y el voto del PSOE
La polémica se entrelaza con la aritmética parlamentaria. Hace apenas unos dÃas, el Congreso rechazó por segunda vez una proposición de ley de Sumar destinada a limitar la compra de vivienda por fondos y empresas. La iniciativa pretendÃa reservar la transmisión de inmuebles a personas fÃsicas, con excepciones para agentes económicos y sociales, entidades sin ánimo de lucro, organizaciones religiosas y ONG para el desarrollo. La toma en consideración cayó con los votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN, y la abstención de PSOE y PNV.
La abstención socialista ha sido especialmente criticada por sus socios de coalición. La portavoz de Más Madrid, Tesh Sidi, abandonó el hemiciclo durante la intervención de la ministra y denunció en redes que el PSOE no dejó ni que la ley entrara a trámite. Desde Sumar, Verónica Barbero calificó lo ocurrido de cruel e inhumano y pidió una solución urgente a la crisis de vivienda. Entre sus reclamaciones están aprobar la prórroga de alquileres, volver a llevar al Congreso la paralización de los desahucios de personas vulnerables y revisar los problemas estructurales de la ley de vivienda.
La ministra Isabel RodrÃguez ha cargado contra la Comunidad de Madrid y contra la presidenta Isabel DÃaz Ayuso, a quien acusa de poner una alfombra roja a los fondos que compran viviendas. También ha pedido a los grupos parlamentarios que aprueben cuanto antes las propuestas contra los desahucios. Sin embargo, la oposición recuerda que el PSOE se abstuvo en la iniciativa de Sumar y que el decreto de vivienda sigue atascado. El Ejecutivo replica que puede mediar y señalar, pero que las competencias de vivienda y servicios sociales corresponden a comunidades autónomas y ayuntamientos.
Más desahucios y vivienda social vendida a fondos
El caso de Maricarmen no es el único foco de tensión. El mismo dÃa del desalojo, en el barrio de Vallecas se produjo otro desahucio: el de un padre de 51 años que vivÃa con su hijo. Además, Urbagestión prepara otro desalojo en ChamberÃ, según han denunciado plataformas vecinales. Estas organizaciones sostienen que los desalojos vinculados a fondos buitre no son hechos aislados y que forman parte de un problema estructural de acceso a la vivienda.
En paralelo, más de 500 familias de tres promociones de vivienda asequible de La Caixa en Madrid —Vallecas, Vicálvaro y Pinto— siguen resistiendo tras anunciarse la no renovación de sus contratos y la venta de las viviendas a Farley ITG SL y Mosaic Propco SL. Los vecinos, acompañados por PAH Vallekas y el Sindicato de Inquilinas, han presentado una demanda contra CaixaBank por presuntas cláusulas abusivas y por especular con viviendas destinadas a fines sociales. La campaña Nos Quedamos reclama al Ayuntamiento de Madrid que actúe, ya que el suelo fue cedido para vivienda asequible.
La conexión con el sector financiero ha añadido más presión al debate. La empresa Mosaic Propco está vinculada a North Haven Real Estate Fund X, gestionado por Morgan Stanley Real Estate Investing, mientras que Farley ITG tiene como presidente y consejero a Juan Gómez Vega, responsable para el sur de Europa de Deutsche Finance International. Coincidiendo con estos desalojos, The District, una de las principales citas inmobiliarias internacionales, celebraba sesiones en IFEMA sobre mercado, financiación residencial e inversión. Los vecinos denuncian que, mientras se debate sobre negocio y especulación, las familias afectadas luchan por no perder su casa.
Los afectados recuerdan que el Estado mantiene una participación cercana al 18% en CaixaBank y consideran que eso lo vincula con las decisiones estratégicas de la entidad. También critican que ni el Gobierno central ni el Ayuntamiento hayan comprometido una solución para estas promociones. En la calle, el lema es contundente: «Obra social, estafa total. No nos vamos, nos quedamos». La convocatoria para impedir el desalojo de David, uno de los inquilinos, se mantiene frente al número 10 de la calle Mazaterón.
El Gobierno insiste en que sigue buscando apoyos para desbloquear el decreto de vivienda, que contempla la congelación de alquileres para personas vulnerables y la suspensión de desahucios y lanzamientos sin alternativa habitacional. La ministra de Sanidad y lÃder de Más Madrid, Mónica GarcÃa, ha instado a aprobar el real decreto ley en el próximo Consejo de Ministros y ha avisado de que PP, Junts y Vox no pueden volver a votar en contra. La tensión entre PSOE y Sumar, la negativa de la derecha y la presión social mantienen abierto un pulso que afecta a miles de familias en toda España.