La reforma del sistema de financiación autonómica que ha puesto sobre la mesa el Gobierno está lejos de generar consenso. La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), a través de su director, Ángel de la Fuente, ha analizado el borrador que el Ministerio de Hacienda remitió a las comunidades y concluye que el texto, tal y como está planteado, mantiene un fuerte trasvase de recursos del Estado a las autonomías que podría dejar a la administración central en una situación precaria y agravar los problemas de riesgo moral de las regiones.
El documento, que será debatido en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) el próximo 4 de septiembre, incorpora varios mecanismos cuya lógica resulta, cuando menos, discutible. Según Fedea, el diseño de las compensaciones transitorias y el tratamiento de las competencias singulares favorecerían fundamentalmente a Cataluña, en un contexto donde la mayoría de comunidades, incluidas varias gobernadas por el PSOE, ya han mostrado su rechazo.
El statu quo se perpetúa y bloquea la convergencia
Uno de los aspectos más criticados por Fedea es la naturaleza del Fondo de Statu Quo, un mecanismo pensado para que ninguna comunidad pierda recursos con el cambio de modelo. El problema, según el análisis, es que estas compensaciones no tendrán carácter transitorio, sino que se actualizarán indefinidamente con el Índice de Ingresos Tributarios del Estado (ITE). Esta decisión, advierte De la Fuente, dota al sistema de una inercia que tiende a congelar las posiciones relativas de las regiones.
“Si nadie puede perder posiciones en términos relativos, nadie puede ganarlas tampoco”, subraya el economista, lo que impide realizar los ajustes necesarios por razones de equidad. La propuesta de Fedea pasa por limitar la vigencia de estas compensaciones a un máximo de cinco años, con una reducción gradual, y destinar los recursos liberados a reforzar el mecanismo general de nivelación.
La sanidad y la educación, las grandes perjudicadas
Otro de los desajustes que denuncia el informe se refiere a las ponderaciones de gasto utilizadas en la fórmula de reparto. Mientras el Gobierno asigna a la Sanidad un peso del 38% y a la Educación un 20,5%, el gasto real de las comunidades en estas partidas asciende al 48,3% y al 28,1%, respectivamente, según datos de 2023. Es decir, el borrador presenta un agujero de más de diez puntos en el ámbito sanitario y de más de ocho en el educativo.
Por el contrario, el peso atribuido a los servicios generales ligados al padrón alcanza el 30%, cuando el gasto efectivo en estas funciones apenas representa el 15,6%. Fedea considera que esta partida está sobredimensionada aproximadamente al doble de lo necesario y propone reducirla al 15,15%, elevando la Sanidad hasta el 46,84% y la Educación hasta el 27,27%.
Para De la Fuente, la fórmula debería reflejar la estructura real de los presupuestos autonómicos, descontando las transferencias condicionadas como los fondos europeos. Solo así el sistema podría cumplir su objetivo de acercar los recursos a las necesidades efectivas de gasto de cada territorio.
El IVA extra para competencias singulares, otra fuente de conflicto
El borrador también plantea la posibilidad de que las comunidades con competencias no homogéneas, como la policía autonómica o determinadas funciones judiciales, opten por una cesión adicional de hasta el 90% del IVA para financiarlas, en lugar de las transferencias actuales. Esta vía, según Fedea, aumentaría la complejidad del sistema y dificultaría las comparaciones entre territorios.
“Abrir la puerta a valoraciones diferentes para unas mismas competencias en distintas comunidades atentaría gravemente contra la lógica igualitaria del modelo”, advierte el análisis. Además, esta opción complicaría una futura integración de estos servicios en el sistema general por fórmula, perpetuando las diferencias en la valoración de los costes efectivos.
Fedea propone, en su lugar, rescatar la idea de un “IVA colegiado”, donde las comunidades asuman colectivamente el coste político de las subidas impositivas necesarias para afrontar gastos crecientes como el envejecimiento. Esta fórmula, sostiene, aportaría mayor transparencia y facilitaría la rendición de cuentas.
Rechazo mayoritario y calendario ajustado
La aprobación de la reforma, prevista para el CPFF del 4 de septiembre, cuenta con la oposición de la gran mayoría de las comunidades, incluyendo regiones con gobiernos socialistas como Castilla-La Mancha y Asturias. Solo Cataluña y Canarias han mostrado, de momento, su respaldo al texto, que además ha sido cuestionado por el procedimiento seguido, al considerar varias regiones que no han dispuesto de la información suficiente para evaluar su impacto.
Fedea reclama evitar las prisas y buscar un consenso más amplio entre partidos y territorios, recordando que la propuesta, pese a sus luces y sombras, podría ser un buen punto de partida para una negociación seria. El calendario, sin embargo, aprieta: si finalmente se aprueba, el nuevo modelo entraría en vigor en 2027, con un incremento estimado de 20.975 millones de euros para las comunidades.
La reforma del sistema de financiación autonómica que prepara el Gobierno presenta, según el análisis de Fedea, un balance claramente mejorable. El blindaje de las cláusulas de statu quo, la infravaloración del gasto sanitario y educativo, y la cesión adicional de IVA para competencias singulares configuran un modelo que perpetúa los desequilibrios existentes y otorga un trato preferente a Cataluña. La falta de consenso, con un rechazo mayoritario de las comunidades, pone en duda la viabilidad del texto en el próximo CPFF, aunque el Ejecutivo mantiene su intención de aprobarlo antes de fin de año.