Los gobiernos de España, Alemania, Italia, Portugal y Austria han dado un paso conjunto poco habitual: han remitido una carta formal a la Comisión Europea para reclamar un nuevo tributo coordinado sobre los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas. La iniciativa llega en plena escalada de los precios del petróleo y del gas por el conflicto en Oriente Próximo y la guerra con Irán, que vuelve a tensionar a la economía europea.
La petición, fechada el 3 de abril y debatida previamente en el Eurogrupo del 27 de marzo, busca que la Unión Europea diseñe un instrumento de solidaridad temporal que haga que parte de las ganancias generadas por las grandes compañías del sector sirvan para aliviar la factura energética de hogares y empresas y contener la inflación, evitando cargar todavía más los presupuestos nacionales.
Una iniciativa conjunta para gravar los beneficios extraordinarios
En la misiva, los ministros de Economía y Finanzas de los cinco países exponen que las tensiones geopolíticas en Oriente Medio han disparado de nuevo la cotización del crudo y del gas, generando una carga notable sobre la economía de la UE y sobre los bolsillos de los ciudadanos europeos. Ante este escenario, consideran imprescindible que quienes están registrando ganancias excepcionales contribuyan de forma adicional.
El documento está firmado, entre otros, por el vicepresidente primero y ministro español de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, junto con Giancarlo Giorgetti (Italia), Joaquim Miranda Sarmento (Portugal), Lars Klingbeil (Alemania) y Markus Marterbauer (Austria). Todos ellos reclaman que Bruselas prepare con rapidez un mecanismo de contribución a escala europea, sustentado en una base jurídica sólida y compatible con las medidas que cada Estado miembro ya aplica por su cuenta.
Los cinco ministros subrayan que dicho impuesto tendría un doble objetivo: por un lado, frenar la escalada de la inflación financiando ayudas temporales a consumidores y empresas sin disparar el déficit público; y, por otro, evitar que el coste de la crisis energética recaiga exclusivamente sobre los contribuyentes y los usuarios finales de energía, mientras una parte del sector acumula rendimientos muy superiores a los habituales.
El contenido de la carta, al que han tenido acceso distintos medios europeos, insiste en que una decisión coordinada a nivel comunitario sería más eficaz que una respuesta puramente nacional, especialmente teniendo en cuenta la naturaleza transfronteriza de las grandes multinacionales petroleras y gasistas que operan en el mercado europeo y mundial.
Mensaje de unidad política y reparto más justo de la carga
Más allá de la recaudación, los firmantes hacen hincapié en la dimensión política de la propuesta. En su opinión, un acuerdo europeo mandaría una señal clara tanto a la ciudadanía como a los mercados de que los Estados miembros “están unidos y son capaces de actuar” de forma coordinada frente a los efectos económicos de la guerra.
En varios pasajes del texto se repite la idea de que quienes se están beneficiando de las consecuencias del conflicto deben “poner de su parte” para aliviar la carga que sufre el conjunto de la población. El planteamiento es que la factura de la crisis no se concentre en los eslabones más débiles de la cadena —consumidores domésticos, pymes o trabajadores—, sino que se reparta de forma más equilibrada entre todos los agentes implicados.
Los ministros recuerdan que la fuerte dependencia europea del combustible importado hace que la UE sea especialmente vulnerable ante cualquier alteración en las rutas de suministro globales. La tensión en el Estrecho de Ormuz —por donde transita un volumen clave del comercio mundial de crudo y gas— y los ataques en la región han provocado un aumento significativo de los precios internacionales, con el consiguiente impacto sobre la cesta de la compra y los costes empresariales.
En este contexto, sostienen que “trabajar juntos y buscar una solución europea es el enfoque adecuado”, tanto para dar estabilidad a la economía comunitaria como para reforzar la percepción de unidad interna en un momento marcado por la incertidumbre geopolítica. La medida, además, cuenta con el apoyo de gobiernos de distinto signo ideológico, lo que refuerza su perfil transversal.
La Comisión Europea, por su parte, ya ha expresado que examinará con rapidez la propuesta, y ha dejado caer que está sobre la mesa la posibilidad de reactivar o adaptar algunas de las herramientas de crisis utilizadas durante la anterior ola de precios energéticos, así como de reforzar el control tributario y aduanero.
El precedente: el mecanismo solidario de 2022 tras la invasión de Ucrania
La propuesta actual no parte de cero. Los cinco Estados miembros se apoyan en el precedente del Reglamento (UE) 2022/1854, aprobado en octubre de 2022 como respuesta de emergencia al choque de precios generado por la invasión rusa de Ucrania. Aquel instrumento introdujo una contribución solidaria temporal sobre los beneficios extraordinarios de petroleras y gasistas, fijando, entre otros elementos, un gravamen mínimo del 33 % sobre las ganancias que superaran en más de un 20 % la media de los cuatro años previos.
Según recuerdan los ministros, ese mecanismo permitió captar parte de los excedentes generados por la crisis para financiar medidas de alivio directo y limitar el impacto inmediato sobre hogares y empresas. Desde su punto de vista, la situación actual presenta paralelismos técnicos y fiscales suficientes como para recuperar un enfoque similar, aunque adaptado al nuevo contexto y afinando mejor el diseño del impuesto.
Uno de los puntos novedosos que ponen sobre la mesa es la posibilidad de incluir de manera más específica los beneficios obtenidos en el extranjero por las grandes multinacionales petroleras. En 2022, la contribución solidaria se centró principalmente en las rentas generadas dentro del territorio de la UE; ahora, los cinco países proponen estudiar “si y cómo” se podrían integrar también parte de los rendimientos logrados fuera de las fronteras comunitarias, así como la determinación de la base imponible.
Con ello, buscan una fiscalidad más dirigida que capture con mayor precisión el excedente de capital que estas compañías han obtenido gracias a la volatilidad de los mercados energéticos durante la guerra. De esa forma, aspiran a evitar que queden fuera del alcance del impuesto grandes bolsas de beneficios ligadas, en última instancia, a la misma dinámica de conflicto y encarecimiento.
En paralelo, la carta recuerda que en 2022 la UE ya activó otras políticas de emergencia vinculadas a la energía, como un tope temporal al precio del gas en el mercado mayorista, objetivos obligatorios de reducción de la demanda y medidas para limitar determinadas tarifas e impuestos eléctricos, todo ello orientado a contener la escalada de la factura energética.
Cómo impactaría en España: antecedentes fiscales y medidas ya vigentes
En el caso español, la propuesta europea se sumaría a un entramado de medidas fiscales y de apoyo ya desplegadas durante los últimos años para amortiguar el coste de la energía. El Congreso aprobó en 2022 un gravamen temporal sobre los ingresos de las grandes energéticas, aplicado a los ejercicios 2022 y 2023, que afectaba a las empresas con una facturación anual superior a 1.000 millones de euros derivada de su actividad en el mercado nacional.
Aquel tributo consistía en una tasa del 1,2 % sobre el importe neto de la cifra de negocios en España y permitió recaudar alrededor de 5.850 millones de euros en dos años, según los datos facilitados por el Ministerio de Hacienda. Sin embargo, la norma decayó en 2025 al no prosperar su prórroga en el Parlamento, lo que ha abierto el debate sobre cómo dar continuidad a la aportación extra del sector sin generar inseguridad jurídica.
Además de este impuesto temporal, el Gobierno ha venido aprobando sucesivos paquetes anticrisis centrados en la energía. Entre otras medidas, se han aprobado rebajas del IVA de la electricidad y el gas, reducciones del impuesto especial sobre hidrocarburos, ayudas directas por litro de combustible a sectores como el transporte profesional, la agricultura, la ganadería y la pesca, la limitación del precio máximo de venta de bombonas de butano y propano, o el refuerzo del bono social eléctrico para hogares vulnerables.
De forma más reciente, se han mantenido y ajustado varias de estas iniciativas a través de decretos anticrisis validados en el Congreso, que incluyen también incentivos fiscales a la eficiencia energética —como deducciones en el IRPF por la instalación de placas solares— y condiciones para que las empresas que reciban ayudas públicas no puedan despedir ni recortar determinados derechos laborales mientras se beneficien de ese apoyo.
En cuanto a los carburantes, las actuaciones sobre impuestos han tenido un reflejo directo en los precios en las gasolineras. Según el último Boletín Petrolero de la Unión Europea citado en los textos, el litro de gasolina se sitúa en torno a 1,557 euros de media en España, tras encadenar una bajada de 17 céntimos en una semana, mientras que el gasóleo ronda los 1,777 euros, con un descenso de unos 11 céntimos, lo que ha supuesto el primer respiro apreciable desde el inicio de la nueva escalada.
Contexto energético actual: del conflicto en Irán a la presión inflacionista
El detonante inmediato de esta nueva ofensiva fiscal son los ataques militares y la tensión abierta entre Estados Unidos, Israel e Irán, que han reactivado los temores a interrupciones de suministro y encarecimiento del transporte de crudo. El cierre parcial o la amenaza sobre puntos estratégicos como el Estrecho de Ormuz ha provocado un repunte considerable de los precios internacionales del petróleo y del gas.
Según los datos citados por las autoridades europeas, los precios del gas en Europa se han llegado a incrementar más de un 70 % desde el estallido de la nueva fase del conflicto a finales de febrero, mientras que el barril de crudo mantiene una tendencia claramente alcista. Esta situación recuerda a la vivida en 2022, cuando la invasión rusa de Ucrania desencadenó un shock similar, aunque la UE cuenta ahora con una mayor presencia de energías renovables y una diversificación algo más amplia de proveedores.
Pese a esos avances, Bruselas sigue mostrando preocupación por el suministro de productos petrolíferos refinados, como el combustible para aviones o el diésel, fundamentales para el transporte y la industria. El comisario europeo de Energía, Dan Jørgensen, ha señalado que estos segmentos podrían sufrir presiones especialmente intensas si la inestabilidad en Oriente Medio se prolonga durante demasiado tiempo.
Los cinco ministros que impulsan el nuevo impuesto sostienen que la recaudación asociada a esta contribución extraordinaria permitiría financiar ayudas temporales orientadas, sobre todo, a los consumidores más expuestos y a determinados sectores productivos clave, contribuyendo al mismo tiempo a moderar la subida general de precios. Todo ello, remarcan, sin añadir más carga a unas cuentas públicas ya muy tensionadas por el esfuerzo realizado desde la pandemia.
Desde la perspectiva de los gobiernos firmantes, la alternativa a no actuar sería asumir un escenario en el que una parte de la industria energética capitaliza en solitario el repunte de los precios, mientras el resto de la economía y los hogares afrontan un incremento del coste de la vida muy superior a la evolución de sus ingresos, con el consiguiente riesgo de pérdida de poder adquisitivo y deterioro de la competitividad.
En conjunto, la iniciativa de España, Alemania, Italia, Portugal y Austria dibuja un escenario en el que la fiscalidad sobre los beneficios energéticos vuelve a situarse en el centro del debate europeo, esta vez con el foco puesto en una respuesta más afinada, coordinada y dirigida a los beneficios extraordinarios ligados a la guerra en Oriente Próximo. Queda ahora en manos de la Comisión Europea evaluar el encaje legal y técnico de este nuevo tributo y decidir hasta qué punto se reedita, amplía o rediseña la caja de herramientas que ya se utilizó en 2022 para intentar que el peso de la crisis energética se reparta de manera más equilibrada entre empresas, Estados y ciudadanos.
