El Congreso de los Diputados ha dado la espalda al real decreto-ley que pretendía regular la actividad de los lobbies, y esa negativa tiene un coste directo para las arcas públicas. España dejará de percibir 260 millones de euros procedentes de los fondos europeos de recuperación, una cantidad que ya estaba comprometida en el plan de reformas pactado con Bruselas. La noticia ha caído como un jarro de agua fría en el Ejecutivo, que ve cómo se esfuma una parte importante de las ayudas previstas.
No es la primera vez que la UE corta el grifo a España por no cumplir con lo prometido. La Comisión Europea ya había bloqueado más de 1.300 millones en pagos anteriores debido a retrasos en reformas clave como la temporalidad de los interinos o la digitalización de las entidades locales. Ahora, el veto a la ley de lobbies añade un nuevo revés, aunque el Gobierno ha conseguido reducir el impacto inicial, que en un principio se calculaba en varios cientos de millones más.
El coste de no regular los grupos de interés
La fallida norma era uno de los hitos vinculados al plan de recuperación. Desde Bruselas se llevaba años pidiendo a España que pusiera orden en las relaciones entre políticos y lobbies, pero el intento ha acabado en nada. PP, Vox, Junts y UPN votaron en contra, mientras que el PNV se abstuvo. El Gobierno intentó salvar los muebles defendiendo que la inclusión de sindicatos y patronales en el registro no afectaría al diálogo social, pero no hubo manera. El ministro Óscar López llegó a comprometerse a aclarar ese punto en una futura norma, pero la oposición no dio tregua.
La pérdida de 260 millones no es el único agujero. En el sexto pago, correspondiente a agosto, la Comisión ya retuvo 537 millones por no cumplir satisfactoriamente con tres objetivos: formación profesional bilingüe, teleasistencia y proyectos para colectivos vulnerables. Esos fondos podrían recuperarse parcialmente si España demuestra avances, pero de momento siguen en el limbo. Más grave es el bloqueo de alrededor de 1.100 millones en el quinto pago, ligados a la reforma de la temporalidad en la administración y a la digitalización de los entes locales.
Un goteo constante de recortes
El Ejecutivo presume de haber renegociado con Bruselas para reducir el impacto de la ley de lobbies de los más de 2.000 millones iniciales a los 260 finales. Sin embargo, la cifra global de pérdidas no deja de crecer. Entre préstamos renunciados y subvenciones no solicitadas, España ha dejado escapar una cantidad cercana a los 60.000 millones, según denunció la eurodiputada Isabel Benjumea. Además, el Gobierno tuvo que pedir una prórroga para presentar su última solicitud de pago, de 25.000 millones, lo que retrasa aún más la llegada de dinero.
La falta de transparencia en la ejecución de los fondos también ha sido motivo de críticas. Benjumea señaló que desde 2021 no se publican datos detallados sobre los beneficiarios finales, y que solo se conocen las transferencias entre administraciones. Adif figura entre los grandes receptores de fondos, pero se desconoce el destino último de muchas partidas. Incluso se ha cuestionado si algunas ayudas se han usado para pagar gasto corriente, como una transferencia de 2.300 millones relacionada con pensiones, que está siendo examinada por el Tribunal de Cuentas.
Una oportunidad perdida
Mientras tanto, el concurso #EuropaSeSiente2026 busca reconocer proyectos financiados por la UE, pero la sensación general es que España no está aprovechando el potencial de los Next Generation. La gestión municipal también ha dado quebraderos de cabeza, como en Huesca, donde el Ayuntamiento ha tenido que devolver más de 800.000 euros por una ejecución deficiente, aunque el equipo de gobierno lo achaca a las diferencias entre licitación y certificación. Estos ejemplos evidencian que el problema no es solo de falta de fondos, sino de capacidad para gestionarlos.
En resumidas cuentas, el rechazo a la ley de lobbies ha costado 260 millones de euros a España, pero el lastre es mucho mayor si se suman los más de 1.300 millones retenidos por otros incumplimientos. La Comisión Europea sigue dando margen para corregir deficiencias, pero cada vez queda menos tiempo y menos dinero que recuperar. La credibilidad de España como gestora de fondos europeos se pone en entredicho, y la ciudadanía es la que acaba pagando la falta de acuerdos políticos y la burocracia mal resuelta.
