El mercado laboral español vive un momento peculiar en el que el empleo público crece como nunca mientras el trabajo autónomo pierde peso dentro del conjunto de ocupados. España nunca había tenido tantos empleados en las distintas administraciones y, al mismo tiempo, tan poca presencia relativa de profesionales por cuenta propia. Esta combinación dibuja un escenario que entusiasma a quienes buscan estabilidad, pero que preocupa, y mucho, a economistas y expertos en empleo.
En los últimos años, la plantilla del sector público se ha disparado a un ritmo que contrasta con el avance mucho más tímido de los autónomos. La brecha entre funcionarios y trabajadores por cuenta propia no deja de ampliarse desde antes de la pandemia y, según los datos más recientes de la Encuesta de Población Activa (EPA) y de los registros oficiales de Función Pública, esta tendencia ya se ha consolidado como un problema estructural que afecta a la capacidad de crecimiento, de innovación y de creación de riqueza del país.
Máximos históricos de empleo público en España
En la actualidad, España roza cifras récord con alrededor de 3,6 millones de empleados públicos en activo, un volumen nunca visto hasta ahora en la serie estadística. Si se compara con el inicio de 2019, las distintas administraciones han incorporado en torno a 449.000 trabajadores adicionales, un aumento muy notable en un periodo relativamente corto.
Este incremento se reparte por todos los niveles y ámbitos de la Administración: Administración General del Estado, comunidades autónomas, ayuntamientos, sanidad, educación y organismos públicos de todo tipo han reforzado sus plantillas. Al mismo tiempo, en el último trimestre analizado se registró un retroceso del empleo privado de más de 190.000 personas, lo que refuerza la idea de que buena parte del dinamismo laboral reciente se ha apoyado en el sector público.
De hecho, si se toma como referencia el primer trimestre de 2025, la EPA muestra que el número de empleados públicos superó al de autónomos con una diferencia de casi 240.000 personas: unos 3.499.100 funcionarios y personal público frente a 3.259.500 trabajadores por cuenta propia al frente de negocios. Esta distancia no es un simple bache coyuntural, sino la confirmación de una trayectoria que viene consolidándose año tras año.
Otra fuente clave es el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas (BEPSAP), elaborado por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Según este registro, el personal al servicio de las administraciones superó los 3 millones de personas en el primer semestre del último año, la cifra más alta desde que hay datos (desde 1990). Es la segunda ocasión en la que este boletín refleja un volumen superior a los tres millones, tras un primer récord en julio de 2023, posteriormente revisado al alza.
Para el Instituto Nacional de Estadística (INE), el empleo del sector público incluye a todos los asalariados de administraciones y empresas públicas, tanto quienes cotizan en el Régimen General de la Seguridad Social como el personal incluido en el sistema de Clases Pasivas. Es decir, no solo funcionarios de carrera, sino también personal laboral y temporales, muchos de ellos con vínculos precarios pese a trabajar bajo el paraguas del Estado.
Autónomos en máximos de número pero en mínimos de relevancia
El panorama de los trabajadores por cuenta propia es más ambiguo. Por un lado, se ha alcanzado un volumen cercano a 3,4 millones de autónomos registrados, lo que en términos absolutos puede parecer un buen dato. Por otro, el ritmo de crecimiento es muy inferior al de los asalariados y, sobre todo, su peso relativo en el conjunto del mercado laboral se ha ido encogiendo hasta niveles preocupantes.
A lo largo de los últimos años, el número de autónomos ha aumentado tan solo en torno a un 1% anual en los momentos de mayor avance, mientras que el empleo en el Régimen General ha llegado a sumar cerca de medio millón de nuevos puestos de trabajo en un solo año, con incrementos cercanos al 3%. Esta diferencia hace que, aunque el volumen total de autónomos suba ligeramente, pierdan terreno respecto a la masa de asalariados y empleados públicos.
Si se mira la foto de finales de 2024, los autónomos suponían aproximadamente el 14,4% de los 21,86 millones de ocupados, cuando a principios de los 2000 rondaban el 16,4%. Es decir, en dos décadas no solo no han ganado protagonismo, sino que han cedido espacio en el reparto del empleo. Y esto ocurre a pesar de que, en términos estrictos, el número de afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) se ha recuperado y ha vuelto a niveles similares a los de 2008.
En términos de brecha histórica, el cambio es muy significativo. Hace unos veinte años, los trabajadores por cuenta propia superaban en número a los funcionarios. En el año 2000, se contabilizaban unos 2,60 millones de autónomos frente a 2,45 millones de empleados públicos, una ventaja de unos 150.000 profesionales. Sin embargo, a partir de 2008 esa relación se invirtió y desde 2009 el empleo público se ha mantenido por delante. Desde la crisis financiera, el empleo público ha crecido en torno a un 19,6%, mientras que los autónomos apenas han avanzado un 3,3% en el mismo periodo.
Según los últimos datos confrontados, España cerró 2024 con unos 3,15 millones de autónomos frente a 3,59 millones de empleados públicos, lo que implica una brecha de alrededor de 441.000 personas a favor del sector público. Buena parte de los nuevos autónomos, además, no son empleadores, sino profesionales que trabajan en solitario, sin plantilla a su cargo.
El retroceso del autónomo empleador y el cambio de modelo
Uno de los aspectos que más inquieta a las asociaciones del sector y a los expertos es el distinto comportamiento entre autónomos empleadores y autónomos sin asalariados. Prácticamente todo el ligero crecimiento del trabajo por cuenta propia en los últimos años se explica por los que trabajan solos, mientras que quienes generan puestos de trabajo adicionales con empleados a su cargo están retrocediendo.
Actualmente, casi 3 millones de trabajadores por cuenta propia desarrollan su actividad sin ningún trabajador contratado. En paralelo, el número de autónomos con uno o más asalariados ha caído en todas las categorías durante el último año analizado. Esto implica que hay menos pequeños negocios y microempresas sostenidas por autónomos capaces de crear empleo, lo que repercute en la capilaridad empresarial del país.
La Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) lleva tiempo avisando de que esta tendencia afecta especialmente a los autónomos empleadores y a las microempresas de uno o dos trabajadores. Tras la última EPA, ATA subrayó que la creación de empleo durante 2024 se concentró en la gran empresa y en las contrataciones de las administraciones públicas, mientras disminuía el número de pequeños negocios y de autónomos con personal contratado.
De forma agregada, en 2024 el colectivo de autónomos creció en unas 42.000 personas, pero este avance se debió fundamentalmente a dos comunidades: Madrid y Andalucía, que juntas aportaron más de la mitad del incremento. En total, hubo diez comunidades autónomas en las que subió la cifra de autónomos y siete en las que descendió, evidenciando una realidad muy desigual según el territorio.
Si se compara con 2019, ATA destaca que se han perdido más de 50.000 autónomos y empresas empleadoras, es decir, más de 50.000 pequeños empleadores menos en apenas unos años. Esta pérdida de tejido productivo se traduce en menos puestos de trabajo creados desde abajo, menos capacidad de expansión de negocios locales y mayor dependencia de las grandes corporaciones y del sector público.
Sectores donde crecen y caen los trabajadores por cuenta propia
El comportamiento de los autónomos no es homogéneo por sectores. Los datos muestran que las actividades ligadas al conocimiento y a los servicios profesionales siguen ganando peso, mientras que ramas tradicionales como el comercio minorista, el transporte o la agricultura encadenan descensos de trabajadores por cuenta propia.
En los últimos ejercicios, las actividades científicas y técnicas se han situado a la cabeza del incremento de autónomos, seguidas por la construcción, la tecnología, así como ciertos segmentos de la sanidad y la educación privada o concertada. Los nuevos autónomos jóvenes tienden a orientarse hacia trabajos más vinculados al entorno digital, la consultoría o los servicios especializados, dejando de lado oficios clásicos de autoempleo.
En el lado contrario, el comercio ha sido el sector que más autónomos ha perdido, con más de 13.000 trabajadores por cuenta propia menos en apenas un año. También el transporte ha sufrido un recorte cercano a los 5.000 autónomos, mientras que la agricultura y determinadas actividades manufactureras de pequeña escala continúan reduciendo efectivos. Este reajuste refleja cambios profundos en los hábitos de consumo y en la estructura productiva.
El economista Claudio Aros, profesor de OBS Business School, vincula esta evolución a un cambio generacional y de modelo de negocio. Explica que muchos baby boomers y miembros de la Generación X que se dedicaban a pequeños comercios, bares, talleres mecánicos o explotaciones agrarias se están retirando. Esas actividades se han transformado y, en buena parte de los casos, han sido sustituidas por cadenas, franquicias o negocios basados en la venta online.
Tras la jubilación de estos autónomos veteranos, los jóvenes que se dan de alta en el RETA no continúan esas líneas de negocio; prefieren centrarse en la tecnología, el marketing digital u otros servicios especializados. Este relevo generacional no está compensando la pérdida de los profesionales de las generaciones anteriores, lo que se traduce en el cierre definitivo de muchos pequeños negocios tradicionales.
Impacto de la presión fiscal, la burocracia y la precariedad
Además del componente demográfico y sectorial, buena parte de los expertos apunta a factores como la presión fiscal, el aumento de cotizaciones y la complejidad burocrática como motivos que frenan el emprendimiento y el mantenimiento de actividades por cuenta propia. Los autónomos denuncian desde hace años que las cargas económicas y administrativas no van en la dirección de facilitar el autoempleo.
En los últimos tiempos se han introducido diversos esquemas de cuotas reducidas y bonificaciones temporales para nuevos autónomos, con la intención de hacer más llevaderos los primeros meses de actividad. Sin embargo, expertos como Claudio Aros consideran que estas medidas no han tenido la eficacia esperada. Según explica, una vez que pasa el primer año o año y medio y se acaban las bonificaciones, muchos se encuentran con la cuota completa y con todas las complicaciones que implica ser autónomo, lo que desincentiva la continuidad del proyecto.
La precariedad tampoco es exclusiva del autoempleo. Dentro del propio sector público, una parte relevante de los empleados son interinos o personal temporal vinculado a sustituciones o a la cobertura provisional de plazas que, en teoría, corresponden a funcionarios de carrera. La estabilidad del empleo público, por tanto, también tiene matices, aunque a ojos de muchos jóvenes sigue siendo infinitamente más atractiva que la incertidumbre de emprender.
Las asociaciones de autónomos advierten de que la combinación de mayor presión fiscal, más burocracia y competencia de las grandes plataformas y cadenas está expulsando a muchos profesionales del mercado. En particular, se señala a la digitalización acelerada y a la aparición de gigantes del comercio electrónico como factores que han alterado radicalmente las reglas del juego para el pequeño comercio y para muchas actividades tradicionales.
Mientras tanto, los salarios de buena parte de los asalariados privados se acercan cada vez más al nivel del salario mínimo, y el uso de figuras como el fijo discontinuo ha servido, según numerosos analistas, para maquillar parcialmente las cifras reales de desempleo. Todo ello dibuja un mercado laboral en el que la precariedad se mantiene alta en varios frentes, aunque el titular aparente sea de récord de ocupados.
Un mercado laboral cada vez más dependiente del sector público
La suma de estos elementos está dando lugar a un modelo en el que el empleo público y la gran empresa concentran el grueso de la creación de puestos de trabajo, mientras los pequeños negocios y los autónomos empleadores pierden protagonismo. Según los datos, 2024 fue un año razonablemente bueno para el empleo en términos cuantitativos, con unas 468.000 personas encontrando un nuevo trabajo, pero una parte importante de esos contratos fue temporal y asociada a salarios bajos.
Economistas como Claudio Aros alertan de que el predominio creciente de los funcionarios y del sector público puede terminar estrangulando la economía española. A su juicio, este sesgo hacia el empleo público se traduce en un menor dinamismo del mercado laboral, en dificultades para impulsar la innovación y en la agravación de problemas estructurales de larga duración, como el elevado paro juvenil o la baja productividad.
El auge del empleo público se ha visto espoleado por sucesivas convocatorias masivas de plazas en los últimos años, que muchos jóvenes ven como la tabla de salvación para asegurar su futuro. Aros critica que gran parte de los universitarios curse prácticamente cualquier titulación con el objetivo casi exclusivo de convertirse en funcionario, en lugar de orientarse a crear empresas o proyectos propios.
Si se combina este fenómeno con un porcentaje de autónomos que desciende año a año en relación con el total de trabajadores, el resultado es un tejido productivo menos ágil y menos orientado al riesgo. Los expertos insisten en que una economía que se apoya de manera excesiva en el sector público y en grandes compañías, con pocos autónomos innovadores, pierde capacidad de reacción ante cambios tecnológicos o nuevas crisis.
Además, la propia estructura de incentivos actuales puede estar inclinando la balanza. Para muchos jóvenes, la ecuación entre las dificultades de emprender, los costes de ser autónomo y la seguridad del empleo público se resuelve con claridad a favor de preparar oposiciones. Esto refuerza un círculo en el que cada vez más talento se vuelca hacia puestos públicos estables en lugar de hacia proyectos empresariales o profesionales con potencial de crecimiento.
Riesgos económicos en la próxima crisis y falta de innovación
La fragilidad de este modelo se hace especialmente visible cuando se piensa en la próxima recesión. Aros recuerda que en la crisis de 2008 se produjo un desplome gigantesco del número de autónomos, con el consiguiente impacto en la recaudación fiscal. En un contexto de contracción económica, la actividad privada se detiene, muchos negocios cierran y los autónomos dejan de pagar impuestos y cotizaciones.
Al mismo tiempo, el empleo público suele mantener el tipo e incluso aumentar el gasto, tanto por el mantenimiento de las plantillas como por el aumento de pensiones y subsidios de desempleo. Esto genera una tensión muy fuerte en las cuentas públicas: menos ingresos por la caída del tejido productivo privado y más gastos por la protección social. Si el peso relativo de los autónomos y de las pequeñas empresas sigue bajando, esa tensión puede ser aún mayor en futuras crisis.
Otro de los grandes perjudicados de este escenario es la innovación. Los expertos señalan que gran parte de las ideas disruptivas, de las nuevas empresas tecnológicas y de las mejoras en productividad suelen nacer de emprendedores y proyectos privados, muchas veces impulsados inicialmente por autónomos. Si los jóvenes se orientan masivamente a buscar un puesto fijo en la Administración, el caldo de cultivo para la innovación se debilita.
Con una tasa de paro juvenil en torno al 22,5% y una movilidad laboral reducida, el mercado de trabajo español arrastra desde hace décadas una serie de problemas estructurales que frenan su modernización. A esto se suma el envejecimiento del colectivo de autónomos: se calcula que hay alrededor de 190.000 trabajadores por cuenta propia mayores de 64 años, lo que anticipa un «éxodo masivo» sin relevo generacional claro.
Programas de apoyo a la digitalización como el Kit Digital, destinados a ayudar a pymes y autónomos a adaptarse al entorno tecnológico, tampoco han supuesto la revolución esperada. Según Aros, las políticas actuales de apoyo al autoempleo se están quedando cortas y no están logrando atraer de manera significativa a los jóvenes a este tipo de proyectos empresariales, lo que profundiza el riesgo de estancamiento a medio y largo plazo.
En este contexto, cobra cada vez más relevancia el debate sobre qué reformas estructurales deberían acometerse: simplificación administrativa, revisión de las cuotas y cotizaciones, incentivos estables para la contratación por parte de autónomos empleadores, o una orientación más clara de la educación hacia competencias emprendedoras y digitales, así como medidas para crear una empresa. Sin cambios de calado, la pérdida de peso del trabajo autónomo puede hacerse crónica y las consecuencias sobre el crecimiento y la sostenibilidad de las finanzas públicas pueden ser considerables.
El retrato que dibujan las cifras y los expertos es el de un mercado laboral menos equilibrado, en el que el sector público absorbe una parte creciente del empleo mientras el autoempleo y la pequeña empresa se van quedando en segundo plano. La combinación de récord de funcionarios, caída relativa de autónomos empleadores, envejecimiento del colectivo y falta de relevo joven apunta a un modelo que podría tener dificultades serias para sostener el ritmo de innovación, productividad y recaudación que España necesita para financiar su Estado del bienestar a largo plazo.
