
Los últimos datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) sitúan en 466.077 los beneficiarios a mediados de 2026, un 75% mÔs que antes de la reforma. Este aumento ha encendido las alarmas entre los expertos, que advierten de un sobrecoste millonario para la Seguridad Social y de un posible efecto desincentivador sobre la búsqueda de empleo. A continuación, analizamos las claves de esta prestación, su funcionamiento y los retos que plantea.
Un subsidio que se ha disparado

La reforma de 2019 no solo redujo la edad de acceso, sino que tambiĆ©n amplió la duración del subsidio hasta la edad ordinaria de jubilación. Antes, la prestación finalizaba cuando el beneficiario cumplĆa los requisitos para la jubilación anticipada; ahora, se puede cobrar desde los 52 aƱos hasta los 67, lo que supone un periodo mĆ”ximo de 15 aƱos. Esta combinación ha provocado un incremento espectacular del colectivo: de una media de 265.473 beneficiarios en 2018 (entonces para mayores de 55) se ha pasado a 466.077 en el primer semestre de 2026.
El Banco de EspaƱa, a travĆ©s de su gobernador JosĆ© Luis EscrivĆ”, ha reconocido que este esquema puede constituir un obstĆ”culo para la reinserción laboral. En una comparecencia en el Congreso, EscrivĆ” seƱaló que el subsidio, con una cuantĆa de 480 euros al mes (el 80% del IPREM), genera un claro desincentivo para volver al trabajo, especialmente para quienes ya tienen cerca la edad de jubilación. Los datos de paro de larga duración respaldan esta preocupación: casi el 45% de los parados que llevan mĆ”s de un aƱo buscando empleo son mayores de 50 aƱos.
El coste oculto en las futuras pensiones

Uno de los aspectos menos conocidos del subsidio es que el SEPE cotiza por el beneficiario a la Seguridad Social, y desde la reforma lo hace sobre una base del 125% del salario mĆnimo interprofesional (SMI), en lugar del 100% anterior. Esta sobrecotización, que en 2026 equivale a una base mensual de 1.780,50 euros, tiene un efecto directo en la futura pensión de jubilación: eleva la base reguladora y, por tanto, la cuantĆa de la pensión inicial.
Según los cÔlculos de Fedea, esta medida supondrÔ un sobrecoste de 9.456 millones de euros para el sistema de pensiones en el periodo 2019-2030. La pensión inicial de los perceptores aumentarÔ un 4,72% de media, lo que se traduce en unos 1.008 euros mÔs al año por beneficiario. Si se proyecta a lo largo de la esperanza de vida tras la jubilación (21,68 años), cada pensionista recibirÔ 21.861 euros adicionales. AdemÔs, la Seguridad Social dejarÔ de ingresar unos 8.480 millones en cuotas no recaudadas, lo que eleva el impacto total a cerca de 17.935 millones de euros.
Cómo funciona la cotización

Durante el tiempo que se percibe el subsidio, el SEPE cotiza Ćŗnicamente por la contingencia de jubilación. No hay cotización por desempleo, ni por incapacidad temporal, ni por contingencias profesionales. Esta aportación corre Ćntegramente a cargo de la entidad gestora, sin coste para el beneficiario. Las cotizaciones sirven para calcular la base reguladora de la futura pensión y el porcentaje aplicable, y tambiĆ©n para acreditar el tiempo exigido en algunas modalidades de jubilación anticipada.
Es importante destacar que el subsidio no genera lagunas de cotización, porque existe la obligación de cotizar. Por eso no se aplica la integración de lagunas, que solo rellena los meses en los que no hubo obligación. Para quien venĆa cotizando por una base alta, cada mes de subsidio reduce la media; para quien cotizaba por el mĆnimo, la eleva. En cualquier caso, los aƱos de subsidio cuentan para la pensión, lo que convierte a esta prestación en un mecanismo de protección previsional mĆ”s que asistencial.
El requisito de carencia de rentas

Para acceder al subsidio, ademĆ”s de tener 52 aƱos cumplidos y haber cotizado al menos 6 aƱos por desempleo, es necesario acreditar carencia de rentas propias. A diferencia de otros requisitos del subsidio por cotización insuficiente, en este caso solo se tienen en cuenta los ingresos del perceptor, no los de la unidad familiar. El lĆmite se fija en el 75% del SMI, que en 2026 equivale a 915,75 euros mensuales. Se computan los rendimientos del trabajo, del capital y las ganancias patrimoniales, asĆ como los rendimientos presuntos de bienes como segundas residencias no alquiladas.
El incumplimiento de este requisito es la principal causa de extinción del subsidio. Si se supera el umbral durante mĆ”s de doce meses, el SEPE puede suspender la prestación y reclamar los cobros indebidos. Por eso, los expertos recomiendan informar al organismo de cualquier cambio en los ingresos. AdemĆ”s, el subsidio es compatible con el Ingreso MĆnimo Vital, en cuyo caso se complementa la cuantĆa, y con el empleo a tiempo parcial, aunque con un lĆmite salarial de 2.225 euros brutos al mes (equivalente al 375% del IPREM).
El debate sobre los incentivos
El crecimiento del subsidio para mayores de 52 aƱos ha reabierto el debate sobre su papel en el mercado laboral. Fedea advierte de que la prestación se ha convertido en una figura hĆbrida, a medio camino entre una renta de sustitución y una prestación previsional, y que su uso intensivo y prolongado estĆ” elevando el peso estructural de este colectivo en el total de beneficiarios de prestaciones por desempleo. De hecho, los perceptores de este subsidio ya representan algo mĆ”s de la mitad del total de personas que reciben algĆŗn tipo de ayuda por desempleo en EspaƱa.
El coste directo del subsidio, financiado por el SEPE, ascenderĆ” a 15.877 millones de euros entre 2019 y 2030, segĆŗn las proyecciones de Fedea. A esta cifra hay que sumar el sobrecoste en pensiones y la pĆ©rdida de ingresos por cuotas no recaudadas, lo que convierte a esta prestación en uno de los programas mĆ”s caros del sistema de protección social. Los expertos piden una revisión en profundidad de los requisitos y de los incentivos, para evitar que se convierta en una vĆa de salida anticipada del mercado laboral sin contrapartidas.
En definitiva, el subsidio para mayores de 52 años cumple una función social importante para quienes se quedan sin empleo cerca de la jubilación, pero su diseño actual genera un coste creciente y dudas sobre su eficacia. La combinación de una edad de acceso temprana, una cotización elevada y una duración prolongada ha disparado el gasto y ha puesto en el punto de mira a esta prestación. El reto para el futuro serÔ encontrar un equilibrio entre la protección de los desempleados de larga duración y la sostenibilidad del sistema público de pensiones.
