El Ejecutivo ha decidido mantener su estrategia y volverá a someter al Congreso la misma senda de estabilidad presupuestaria que fue rechazada hace apenas una semana. La votación, prevista para el jueves 23 de julio, se presenta como un nuevo pulso polÃtico en el que el Gobierno intenta salvar el primer paso para elaborar los Presupuestos Generales del Estado. La propuesta anterior cosechó 178 votos en contra, 167 a favor y cinco abstenciones, con el rechazo de PP, Vox, Junts y UPN, mientras que Podemos y CompromÃs optaron por no apoyarla.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes por segunda vez el mismo texto, sin introducir cambios en los objetivos de déficit y deuda para el periodo 2027-2029. La ley obliga al Gobierno a presentar una nueva propuesta en el plazo de un mes tras el primer rechazo, pero no exige modificaciones. Hacienda ha optado por repetir los mismos números y confÃa en que la presión polÃtica pueda hacer cambiar de opinión a algunos grupos, aunque por ahora no hay señales de que la mayorÃa contraria se vaya a romper.
El reparto del déficit y el margen autonómico
La senda de estabilidad fija un déficit máximo del 1,8% del PIB para el conjunto de las administraciones públicas en 2027, que se reducirÃa al 1,6% en 2028 y al 1,5% en 2029. La Administración central asumirÃa la mayor parte del desequilibrio, con un objetivo del 1,5% el próximo año, mientras que la Seguridad Social dispondrÃa de un 0,2% y las comunidades autónomas de un 0,1%. Los ayuntamientos, por su parte, deberán mantener el equilibrio presupuestario durante todo el periodo.
Esa décima de déficit para las autonomÃas se traduce en un margen adicional de gasto de 5.849 millones de euros entre 2027 y 2029, según los cálculos del Ministerio de Hacienda. El reparto por comunidades deja cifras muy dispares: Madrid recibirÃa 1.226 millones extra, Cataluña 1.202 millones, AndalucÃa 1.092 millones, la Comunidad Valenciana 542 millones, Castilla-La Mancha 288 millones, Castilla y León 282 millones, Galicia 272 millones, Baleares 184 millones, Aragón 172 millones, Canarias 166 millones, Murcia 152 millones, Extremadura 128 millones, Asturias 113 millones, Cantabria 62 millones y La Rioja 44 millones. El Gobierno ha utilizado estos datos para presionar al PP, al considerar contradictorio que las comunidades gobernadas por los populares reclamen más recursos y luego voten en contra de la senda que les concede mayor capacidad de gasto.
¿Qué pasa si el Congreso vuelve a rechazar la senda?
La ley orgánica de estabilidad presupuestaria no contempla de forma explÃcita las consecuencias de una segunda negativa parlamentaria. El Gobierno sostiene que, agotado el procedimiento, podrá tomar como referencia los objetivos fiscales comprometidos con la Comisión Europea en el plan fiscal de medio plazo. Ese plan prevé el equilibrio presupuestario para las comunidades autónomas, por lo que un nuevo rechazo eliminarÃa el margen adicional del 0,1% y las autonomÃas perderÃan los 5.849 millones previstos. Hacienda ya estudió una vÃa similar en 2024, aunque entonces el Ejecutivo optó por no presentar nuevos Presupuestos y prorrogó los de 2023.
La AbogacÃa del Estado avaló en su momento esa interpretación, pero la entrada en vigor de las nuevas reglas fiscales europeas en enero de 2025 añade incertidumbre jurÃdica. El Gobierno confÃa en poder seguir adelante con la tramitación presupuestaria incluso sin la senda aprobada, aunque el escenario serÃa polÃticamente más complejo. La oposición ya ha anunciado que utilizarÃa una segunda derrota para cuestionar la capacidad del Ejecutivo de sacar adelante las grandes leyes económicas de la legislatura.
El techo de gasto y los plazos de los Presupuestos
Independientemente de lo que ocurra con la senda de estabilidad, el techo de gasto no financiero para 2027 ya está aprobado por el Consejo de Ministros y no necesita el respaldo del Congreso. Se trata de una cifra récord de 226.032 millones de euros, un 6,6% más que el ejercicio anterior. Ese lÃmite marca el gasto máximo que el Estado puede destinar a sus polÃticas, pero la senda fiscal es el instrumento que determina cómo se distribuye el déficit entre las administraciones.
El Ejecutivo tiene previsto cerrar el proyecto de Presupuestos dentro de la coalición y comenzar las negociaciones con los grupos parlamentarios después del verano. La intención es presentar las cuentas en el Congreso en octubre, aunque para entonces la senda deberÃa estar resuelta. Si el jueves se produce un segundo rechazo, el Gobierno avanzará con el plan fiscal europeo como referencia, pero la falta de un acuerdo explÃcito complicará la negociación posterior con Junts, Podemos y otros socios.
La votación del jueves no solo decidirá el margen fiscal de las comunidades, sino que medirá la capacidad del Gobierno para recomponer mayorÃas en una legislatura marcada por la fragmentación. Junts vuelve a tener la llave después de votar en contra la semana pasada, y su posición sigue siendo exigente en cuanto al reparto de recursos para Cataluña. El PP, por su parte, mantiene su rechazo y acusa al Ejecutivo de concentrar el déficit en la Administración central en detrimento de los servicios autonómicos.
En cualquier caso, el Gobierno insiste en que los Presupuestos de 2027 serán los primeros de la legislatura y que la senda fiscal es solo el primer filtro. Si el Congreso la tumba por segunda vez, el mensaje polÃtico será claro: las cuentas nacerán con una mayorÃa todavÃa por construir y con un margen más estrecho para las comunidades autónomas, que perderán los 5.849 millones de euros adicionales que Hacienda habÃa puesto sobre la mesa.