La relación entre los bancos y sus clientes en materia de financiación está a punto de dar un giro importante. El Gobierno ha impulsado una reforma legal que impide a las entidades ampliar el lÃmite de las tarjetas de crédito o activar nuevas lÃneas de financiación sin que el titular lo haya solicitado de forma expresa. La medida, incluida en el anteproyecto de Ley de Crédito al Consumo, busca frenar el sobreendeudamiento y dar más control al consumidor sobre su propia capacidad de gasto.
Hasta ahora, era habitual que los bancos aumentaran unilateralmente el crédito disponible de sus clientes, presentándolo como una ventaja comercial. Con la nueva normativa, cualquier ampliación de la capacidad de endeudamiento requerirá una petición previa y un consentimiento claro, sin atajos ni activaciones automáticas. La reforma también introduce lÃmites al coste de ciertos productos, como las tarjetas revolving, y amplÃa la supervisión del Banco de España a todo el ecosistema del crédito al consumo.
Qué cambia con la nueva regulación
El texto del anteproyecto, aprobado por el Consejo de Ministros el 7 de enero de 2026, establece en su artÃculo 63 que se prohÃbe toda concesión de crédito a consumidores que no lo hayan solicitado previamente y sin su consentimiento expreso. Esto afecta tanto a tarjetas de crédito sin consentimiento expreso como a lÃneas de crédito, descubiertos y cualquier otra fórmula de financiación al consumo. La norma exige que el consentimiento sea un acto afirmativo, libre, concreto, informado e inequÃvoco, de modo que no pueda presumirse por silencio, inacción o casillas marcadas por defecto.
En la práctica, los bancos ya no podrán elevar el lÃmite de una tarjeta, activar una nueva opción de financiación vinculada a un producto existente o poner a disposición del usuario un crédito adicional que este no haya requerido. La oferta comercial no desaparece, pero la concesión efectiva del crédito solo se producirá cuando el cliente confirme que quiere utilizarlo. AsÃ, una entidad podrá seguir anunciando préstamos preconcedidos o tarjetas disponibles, pero la activación quedará supeditada a la voluntad expresa del consumidor.
LÃmites al coste del crédito y tarjetas revolving
La reforma no se limita a la forma de ofrecer el crédito, sino que también entra en el terreno de los precios. Se fija un lÃmite transitorio del 22% de TAE para las nuevas operaciones de crédito al consumo, que se aplicará igualmente a la liquidación de las tarjetas revolving ya contratadas, hasta que el Banco de España publique los tramos definitivos por importe. Los descubiertos en cuenta tampoco podrán generar intereses y comisiones que eleven la TAE por encima de 2,5 veces el interés legal del dinero.
Para los créditos de alto coste, como microcréditos y préstamos rápidos digitales, se establecen condiciones más duras: interés mensual máximo del 4%, comisión máxima del 5% con un tope de 30 euros y un plazo mÃnimo de devolución de tres meses. Además, el modelo de «compra ahora y paga después» (BNPL) queda incluido por primera vez dentro de la protección del crédito al consumo, lo que supone un cambio relevante para las plataformas que ofrecen este tipo de financiación.
Supervisión ampliada y obligaciones para comercios
El Banco de España asume un papel más activo en la vigilancia del sector. Todas las entidades que concedan crédito al consumo, incluidas las plataformas digitales, deberán estar autorizadas y supervisadas por el regulador. Los contratos firmados con prestamistas sin autorización serán nulos, lo que otorga una protección adicional al consumidor. Esta medida responde al auge de compañÃas tecnológicas y financieras que ofrecen tarjetas de crédito sin comprobar ingresos a través de internet o aplicaciones móviles, que hasta ahora operaban en una zona gris.
La ley también introduce obligaciones para el comercio. Si una empresa quiere ofrecer a sus clientes la posibilidad de pagar una compra a plazos con intereses, deberá hacerlo a través de una entidad financiera autorizada o de un intermediario regulado. En caso contrario, solo podrá ofrecer aplazamientos sin intereses. Este cambio busca evitar que prácticas comerciales oculten operaciones de crédito al margen de la supervisión oficial.
La nueva regulación del crédito al consumo representa un antes y un después en la relación entre bancos y clientes. Con la prohibición de ampliar lÃmites de tarjetas sin consentimiento, el establecimiento de topes al coste de productos como las revolving y la ampliación de la supervisión a todo el ecosistema financiero, el Gobierno pretende reducir el sobreendeudamiento y dar más poder al consumidor. Aunque la medida aún está en tramitación y no ha entrado en vigor, su aprobación definitiva marcará un cambio de rumbo en la concesión de crédito en España.
