Las personas que cobran el paro o subsidios por desempleo ya no tendrĆ”n que presentar la declaraciĆ³n del IRPF solo por el hecho de percibir estas ayudas. El Ejecutivo ha dado marcha atrĆ”s y ha eliminado una obligaciĆ³n que se habĆa introducido en la Ćŗltima reforma del subsidio de desempleo, pero que nunca llegĆ³ a aplicarse en la prĆ”ctica.
Este cambio se recoge en un Real Decreto-ley de medidas econĆ³micas aprobado por el Consejo de Ministros y publicado en el BoletĆn Oficial del Estado (BOE). La norma modifica la Ley General de la Seguridad Social y deja sin efecto la exigencia de que todos los beneficiarios de prestaciones y subsidios del SEPE presenten la declaraciĆ³n de la renta, al considerar que generaba una carga burocrĆ”tica excesiva y consecuencias fiscales no previstas.
QuƩ ha decidido exactamente el Gobierno
El Real Decreto-ley, de carĆ”cter Ć³mnibus, introduce entre sus medidas la supresiĆ³n de la obligaciĆ³n de presentar la declaraciĆ³n del IRPF para quienes perciben prestaciones por desempleo. Hasta ahora, la Ley General de la Seguridad Social incluĆa entre las obligaciones de los trabajadores en paro la de Ā«presentar anualmente la declaraciĆ³n correspondiente al Impuesto sobre la Renta de las Personas FĆsicasĀ».
Con la nueva redacciĆ³n, se eliminan las letras k) de los artĆculos 271.1 y 299.1 de la Ley General de la Seguridad Social, que eran las que incorporaban esta obligaciĆ³n especĆfica de declarar. El propio texto legal reconoce que la exigencia Ā«excede la intenciĆ³n de la normaĀ», cuyo objetivo original era simplemente disponer de una fuente adicional de informaciĆ³n para la entidad gestora de las prestaciones.
Es decir, el Gobierno admite que obligar a todos los perceptores del paro a hacer la renta no era solo un trĆ”mite formal, sino que tenĆa efectos tributarios reales que iban mucho mĆ”s allĆ” de la idea inicial de control y verificaciĆ³n.
La decisiĆ³n tiene alcance estatal y afecta a todas las personas que, en EspaƱa, perciben prestaciones contributivas de desempleo o subsidios asistenciales gestionados por el Servicio PĆŗblico de Empleo Estatal (SEPE).
Desde cuƔndo se aplica y quƩ pasa con las rentas de 2024 y 2025
La medida se aplicarĆ” al ejercicio fiscal de 2025, es decir, a la declaraciĆ³n de la renta que se presentarĆ” en 2026. Con ello, se corrige de forma definitiva la obligaciĆ³n que se habĆa fijado en la reforma del subsidio de paro de 2024, que pretendĆa que todos los perceptores presentaran IRPF con carĆ”cter general.
En marzo, el Gobierno ya habĆa dado un primer paso al decidir que los desempleados no estarĆan obligados a declarar el IRPF correspondiente al ejercicio 2024, que se liquida en 2025. En aquel momento, se optĆ³ por aplazar la medida hasta 2026, dejando en suspenso la exigencia mientras se analizaba su impacto.
Ahora, el Ejecutivo va mĆ”s allĆ” y entierra definitivamente esa obligaciĆ³n: ni en la renta de 2024 ni en la de 2025 se exigirĆ” presentar declaraciĆ³n solo por cobrar prestaciĆ³n o subsidio de desempleo. Cualquier posible entrada en vigor mĆ”s adelante queda descartada con la redacciĆ³n actual del Real Decreto-ley.
El texto subraya que introducir una obligaciĆ³n tributaria de este tipo a travĆ©s de una norma del Ć”mbito social, como la Ley General de la Seguridad Social, no es el cauce adecuado para modificar de facto las obligaciones tributarias de los contribuyentes, algo que corresponde a la normativa fiscal propiamente dicha.
AsĆ, el Gobierno devuelve la situaciĆ³n al esquema clĆ”sico del impuesto: la obligaciĆ³n de hacer la renta se determina por los criterios generales de Hacienda (niveles de ingresos, nĆŗmero de pagadores, etc.), no por el mero hecho de percibir una prestaciĆ³n del SEPE.
Por quĆ© se suprime la obligaciĆ³n: motivos sociales, fiscales y administrativos
En el BOE, el Ejecutivo desgrana varias razones que, a su juicio, hacen necesaria la supresiĆ³n inmediata de la obligaciĆ³n. La primera es que su alcance Ā«no supone solo una obligaciĆ³n formalĀ», sino que tenĆa un efecto directo en la tributaciĆ³n de los desempleados, muchos de los cuales no tendrĆan que declarar segĆŗn las reglas generales del IRPF.
En segundo lugar, se pone el foco en la carga administrativa aƱadida que recaerĆa sobre quienes empiezan a cobrar el paro o un subsidio. Se calcula que la obligaciĆ³n habrĆa afectado a aproximadamente 2,5 millones de personas nuevas cada aƱo que acceden a la prestaciĆ³n por desempleo, obligĆ”ndolas a gestionar un trĆ”mite fiscal que, en muchos casos, no les aportarĆa ningĆŗn beneficio.
El Gobierno tambiĆ©n advierte de que mantener esta exigencia habrĆa supuesto una notable sobrecarga para la Agencia Estatal de AdministraciĆ³n Tributaria (AEAT), que se verĆa obligada a tramitar millones de declaraciones adicionales, con el coste y la complejidad que ello conlleva.
A ello se suma el riesgo de efectos colaterales no deseados, como la pĆ©rdida del derecho a aplicar el mĆnimo por descendiente en algunos hogares, algo que podrĆa perjudicar especialmente a familias con menos recursos y en situaciĆ³n de vulnerabilidad econĆ³mica.
En conjunto, el Ejecutivo considera que todos estos factores hacen que la obligaciĆ³n no resulte Ā«adecuadaĀ» ni proporcionada, de ahĆ que se opte por retirarla antes de que llegue a desplegarse plenamente.
CuĆ”ntas personas se veĆan afectadas y quĆ© perfil tenĆan
Uno de los puntos clave que recoge el decreto es la cifra de afectados: la obligaciĆ³n de declarar habrĆa incorporado a mĆ”s de 2,5 millones de contribuyentes como nuevos obligados a presentar IRPF. Se trata de personas que hasta ahora no necesariamente estaban obligadas a hacer la renta, pero que habrĆan pasado a estarlo por recibir una prestaciĆ³n por desempleo.
SegĆŗn los datos manejados por el Gobierno, el 75% de estos nuevos declarantes percibe rentas por desempleo inferiores a 5.400 euros anuales. Con esos niveles de ingresos, la normativa estrictamente tributaria no les exigirĆa presentar declaraciĆ³n, por lo que la obligaciĆ³n surgĆa Ćŗnicamente por una previsiĆ³n incluida en la legislaciĆ³n de Seguridad Social.
De haberse mantenido la norma, muchos de estos contribuyentes habrĆan tenido que autoliquidar e ingresar una cuota tributaria que, en condiciones normales, no tendrĆan por quĆ© pagar. Es precisamente este desajuste entre el espĆritu del IRPF y la obligaciĆ³n aƱadida desde el Ć”mbito social lo que el Ejecutivo seƱala como uno de los principales motivos para rectificar.
AdemĆ”s, desde el punto de vista prĆ”ctico, para una parte importante de los desempleados el cumplimiento de la obligaciĆ³n habrĆa supuesto tener que afrontar gestiones fiscales complejas (tramitaciĆ³n telemĆ”tica, plazos, posibles sanciones) sin contar siempre con los medios o el asesoramiento necesarios.
El decreto tambiĆ©n menciona que imponer esta obligaciĆ³n podĆa llegar a provocar la pĆ©rdida de determinados beneficios fiscales, especialmente relacionados con mĆnimos familiares, algo que, de nuevo, chocaba con la finalidad protectora del sistema de prestaciones por desempleo.
RelaciĆ³n con el Ingreso MĆnimo Vital y diferencias entre prestaciones
En la exposiciĆ³n de motivos, el Gobierno recuerda que en su momento se decidiĆ³ extender al paro una obligaciĆ³n parecida a la del Ingreso MĆnimo Vital (IMV). En el caso del IMV, la presentaciĆ³n de la declaraciĆ³n de la renta sĆ se mantiene como una condiciĆ³n necesaria para facilitar las comprobaciones y controles sobre esta prestaciĆ³n de carĆ”cter no contributivo.
Sin embargo, el Ejecutivo subraya que existen diferencias sustanciales entre el IMV y las prestaciones por desempleo, tanto en su finalidad como en la normativa que las regula. Por ello, concluye que no es adecuado trasladar automĆ”ticamente el mismo esquema de obligaciones fiscales de una prestaciĆ³n a otra.
El anĆ”lisis realizado desde que entrĆ³ en vigor la reforma del subsidio ha llevado al Gobierno a considerar que, en el Ć”mbito del paro, esta obligaciĆ³n Ā«no ha resultado adecuadaĀ» y que concurren motivos suficientes para retirarla sin esperar a 2026, fecha en la que inicialmente se habĆa aplazado su aplicaciĆ³n.
En paralelo, se destaca que el refuerzo de la interoperabilidad entre el SEPE y la Agencia Tributaria permite a la administraciĆ³n obtener los datos necesarios sobre ingresos y situaciĆ³n econĆ³mica de los beneficiarios sin necesidad de imponerles la obligaciĆ³n generalizada de presentar la declaraciĆ³n.
De este modo, el control sobre las prestaciones se mantiene, pero se prescinde de un requisito que el propio Ejecutivo califica de Ā«innecesarioĀ» y excesivamente gravoso para las personas desempleadas.
QuƩ cambia en la prƔctica para quienes cobran el paro o un subsidio
Para quienes estĆ”n cobrando la prestaciĆ³n contributiva por desempleo o algĆŗn subsidio del SEPE, el mensaje es claro: no tendrĆ”n que hacer la declaraciĆ³n de la renta solo por cobrar el paro. La obligaciĆ³n de presentar IRPF volverĆ” a regirse por los criterios generales que marca Hacienda para todos los contribuyentes.
Eso significa que si una persona no alcanza los umbrales de ingresos fijados por la Agencia Tributaria o no se encuentra en alguno de los supuestos en los que la declaraciĆ³n es obligatoria (por ejemplo, determinados casos con varios pagadores), no tendrĆ” que presentar la renta Ćŗnicamente por percibir una ayuda de desempleo.
Como referencia, en la campaƱa del IRPF 2024 la AEAT establece un lĆmite general de 22.000 euros anuales con un solo pagador y de 15.876 euros en determinados casos con varios pagadores, entre otras condiciones. Estos umbrales seguirĆ”n siendo la brĆŗjula para saber si hay que declarar o no, al margen de si se cobra o no una prestaciĆ³n del SEPE.
En la prĆ”ctica, esto elimina una fuente importante de incertidumbre y temor a sanciones entre los desempleados, que veĆan con preocupaciĆ³n la posibilidad de que la falta de presentaciĆ³n de la declaraciĆ³n pudiera acarrear la suspensiĆ³n del subsidio o la obligaciĆ³n de devolver cantidades ya cobradas.
Quienes cobran un subsidio asistencial del SEPE tambiĆ©n quedan fuera de esta obligaciĆ³n generalizada de declarar. No obstante, deberĆ”n seguir cumpliendo el resto de condiciones habituales (comunicaciĆ³n de cambios de situaciĆ³n, bĆŗsqueda activa de empleo, etc.).
El caso particular del subsidio para mayores de 52 aƱos
Una duda frecuente es quĆ© ocurre con el subsidio para mayores de 52 aƱos, que tiene algunas obligaciones adicionales. En este caso, la eliminaciĆ³n de la obligaciĆ³n de presentar la declaraciĆ³n del IRPF no afecta a la DeclaraciĆ³n Anual de Rentas (DAR), que sigue siendo un requisito propio de esta ayuda.
La DAR es un trĆ”mite que se presenta ante el SEPE, no ante Hacienda, y sirve para que la administraciĆ³n compruebe que los ingresos del beneficiario no superan el 75% del salario mĆnimo interprofesional (SMI). Su incumplimiento puede dar lugar a la suspensiĆ³n del subsidio y de la cotizaciĆ³n a la Seguridad Social asociada a esta prestaciĆ³n.
Por tanto, quienes cobren este subsidio deberƔn seguir presentando la DAR cada 12 meses en los plazos establecidos, aunque ya no estƩn obligados a hacer la renta solo por estar en paro o percibir esta ayuda.
El cambio afecta a la obligaciĆ³n fiscal de presentar IRPF, pero no elimina otros controles especĆficos que ya existĆan en determinadas prestaciones de desempleo, que mantienen su propia regulaciĆ³n.
Para muchos hogares con problemas de empleo y rentas bajas, la decisiĆ³n del Gobierno supone un alivio en tĆ©rminos de burocracia y posibles costes fiscales, al tiempo que clarifica el marco normativo: la renta se harĆ” cuando toque segĆŗn Hacienda, no por el mero hecho de estar apuntado al paro o cobrar un subsidio.
