El Ministerio de Función Pública ha puesto sobre la mesa una subida salarial del 11% para los funcionarios que se desplegaría a lo largo de cuatro ejercicios, dirigida a unos 3,5 millones de empleados públicos. Tras varias rondas de contactos, el departamento insiste en que la propuesta es definitiva y que no hay plan B mientras los sindicatos ultiman su posicionamiento.
La oferta abarca el periodo 2025-2028 e incluye un límite del 4% acumulado en 2025 y 2026. El esquema contempla una parte fija y otra variable aún por concretar, y se ha convocado una nueva reunión para el lunes, cuando el Ejecutivo espera recibir una respuesta cerrada de las organizaciones sindicales.
Qué incluye la propuesta gubernamental
Según fuentes de la negociación, el reparto por años está pendiente de detalle, aunque UGT plantea concentrar un incremento fijo del 5% en 2027 para acelerar la recuperación del poder de compra. Con el deslizamiento de tablas, algunas estimaciones elevan el efecto total al 11,5% real al término del periodo.
La parte variable se vincularía a indicadores como el IPC o el PIB y al ajuste de tablas, siempre dentro del tope global del 11% señalado por el Gobierno, que ha calificado la cifra de inamovible.
En cuanto al impacto por grupos, cálculos difundidos en la negociación apuntan a aumentos superiores a 3.700 euros anuales en A1 y en torno a 3.300 en el grupo B, mientras que los grupos C1 y C2 se situarían cerca de 31.292 y 29.282 euros de salario anual, respectivamente. Se trata de referencias orientativas pendientes de concreción oficial.
El acuerdo afectaría a todas las administraciones (Estado, comunidades autónomas y entidades locales) e incluiría colectivos esenciales como Policía Nacional, Guardia Civil, Fuerzas Armadas, Justicia y Prisiones, entre otros.
Coste presupuestario y límites
Función Pública ha trasladado que cada punto de revalorización tiene un coste cercano a 2.000 millones de euros, por lo que la subida completa rondaría los 22.000 millones en el conjunto del periodo. El techo de gasto explica la contención del 4% máximo en 2025-2026.
Este calendario choca con el debate sobre poder adquisitivo frente a inflación: con un IPC medio de 2024 del 2,8% y previsiones en torno al 2,6% para 2025 (medias interanuales provisionales), los dos primeros años podrían implicar pérdida de capacidad de compra si no hay mayor carga de subida posterior.
Posición de los sindicatos
UGT Servicios Públicos ha comunicado la validación de la oferta en su Consejo Federal y valora que el diseño final permita concentrar un 5% fijo en 2027, de modo que en unos 13 meses las nóminas acumulen cerca de nueve puntos de alza. Además, destaca avances en empleo y organización: promoción interna, formación en digitalización e inteligencia artificial, y medidas sobre insularidad y territorialización.
El Área Pública de CCOO ha valorado el esfuerzo del Gobierno y estudiará una respuesta responsable en sus órganos. El sindicato condiciona el pacto a que se cumplan compromisos pendientes del Acuerdo Marco 2022-2024, como la jubilación parcial, la jornada de 35 horas y la actualización de la clasificación profesional.
CSIF mantiene su rechazo por considerarla insuficiente y reclama reforzar las subidas de 2025 y 2026 por seguridad jurídica. La central calcula pérdidas de poder adquisitivo cercanas al 20% en 15 años y avisa de que, si se conserva el tope del 4% para los dos primeros años, volverá a las calles. También pide fondos para corregir desigualdades entre administraciones, recuperar pagas extras íntegras y vincular la subida del personal laboral del Exterior al IPC del país de destino.
Otros frentes de la negociación
En paralelo al capítulo salarial, el posible acuerdo abordaría la eliminación progresiva de la tasa de reposición, un mayor peso de la promoción interna y convocatorias específicas para la carrera profesional, junto con cambios en el acceso a plazas.
Queda por definir el alcance de reformas más profundas del empleo público, como las esbozadas en el documento de Consenso por una Administración abierta, mientras que las partes discuten mejoras en servicios públicos, procesos selectivos, igualdad y no discriminación, salud laboral, bienestar y adaptación a nuevas tecnologías.
Calendario y próximos pasos
Las partes han sido citadas de nuevo el lunes para dar una respuesta definitiva. El Gobierno mantiene que la cifra del 11% es inamovible y reitera que no existe plan alternativo. UGT se inclina por el sí, CCOO perfila su decisión y CSIF supedita su postura a cambios en el arranque del periodo.
Contexto reciente de salarios públicos
El último acuerdo, vigente entre 2022 y 2024, supuso subidas con parte fija y variable hasta un 9,5% acumulado y un gasto en torno a 13.000 millones. CSIF no lo suscribió al entender que, frente a una inflación agregada del 14,7%, los empleados públicos sufrieron una pérdida del 5,2% de poder de compra en ese trienio.
Con una propuesta salarial del 11% a cuatro años, un tope del 4% en el primer bienio y un coste estimado de 22.000 millones, el Ejecutivo trata de cerrar un pacto que combine mejoras retributivas y reformas de empleo; la respuesta del lunes dirá si hay acuerdo mayoritario o si la negociación se complica con movilizaciones.
