El Consejo de Ministros ha dado luz verde esta semana al real decreto que pone en marcha el Comité de Inversiones Estratégicas, un órgano diseñado para dar prioridad y acelerar la tramitación de los grandes proyectos que el Ejecutivo considere vitales para el interés económico, social o tecnológico del país. La nueva herramienta busca atajar uno de los problemas que más han denunciado los inversores en los últimos años: la lentitud administrativa a la hora de obtener permisos y licencias.
Con esta medida, España se alinea con lo que ya hacen Francia o Reino Unido, y también con varias comunidades autónomas, que han desarrollado mecanismos similares para atraer capital. La idea no es eliminar los controles legales, sino priorizar la resolución de trámites de los proyectos considerados estratégicos, de modo que no tengan que esperar en la misma cola que el resto de iniciativas. Esto supone, en la práctica, una vía rápida para inversiones que superen un cierto umbral o que tengan una repercusión notable en el territorio.
Qué se considera un proyecto estratégico
La norma define qué tipo de iniciativas podrán acogerse a este tratamiento preferente. Podrán ser declaradas inversiones estratégicas las iniciativas empresariales o de colaboración público-privada que supongan una inversión o reinversión en España, siempre que mejoren las capacidades tecnológicas, científicas o productivas del país y que respondan a razones de interés público, social, ambiental o económico. No se limita a sectores concretos, aunque el Gobierno ha dejado claro que su prioridad está en la industria de alto valor añadido, la transición ecológica, la digitalización y la autonomía estratégica.
Pero no todo vale. El real decreto excluye expresamente las operaciones de carácter puramente societario, como la adquisición de acciones o participaciones, las ampliaciones o reducciones de capital social y las modificaciones estructurales de mercantiles. Es decir, el mecanismo no sirve para operaciones financieras, sino para proyectos reales que generen empleo, actividad industrial o innovación empresarial y estrategias de competitividad.
Un procedimiento en dos fases para dar seguridad jurídica
Uno de los aspectos clave es el diseño del procedimiento, que se articula en dos fases sucesivas pensadas para que los promotores tengan plazos claros y no queden atrapados en la incertidumbre. La primera es la declaración previa, que deberá resolverse en un máximo de un mes. En esta etapa se valoran criterios cuantitativos, como el volumen de inversión o la creación de empleo, y también cualitativos, como la solidez del proyecto y su adecuación a las prioridades estratégicas de España.
La segunda fase es la declaración definitiva, con un plazo máximo de tres meses desde la solicitud. Aquí se hace un análisis más profundo que incluye el impacto socioeconómico y medioambiental, la contribución a la autonomía estratégica y a la seguridad económica, el esfuerzo en innovación y la cohesión territorial. En total, el proceso completo puede completarse en cuatro meses, un tiempo razonable si se compara con la media habitual de tramitación de grandes infraestructuras.
La decisión final recae en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, a propuesta del Comité. Eso sí, el real decreto contempla un régimen de seguimiento del cumplimiento de los compromisos adquiridos y un procedimiento de revocación si el promotor incumple las obligaciones impuestas. Así se evita que la etiqueta estratégica se convierta en un permiso sin control.
Composición del Comité y papel de las comunidades autónomas
El nuevo órgano tendrá una presidencia compartida entre el titular de la Oficina de Asuntos Económicos y G-20 de la Presidencia del Gobierno, que dirige Manuel de la Rocha, y el secretario de Estado de Economía. Orgánicamente, queda adscrito a Moncloa, pero la estructura incluye cinco vicepresidencias con representación de Presidencia, Industria y Turismo, Hacienda, Energía y Transformación Digital. Además, hay catorce vocalías que cubren áreas tan diversas como Exteriores, Defensa, transportes y movilidad en España, Educación, Trabajo, Agricultura, Vivienda, Comercio, Sanidad, Ciencia, Inclusión, Medio Ambiente, Seguridad Nacional e ICEX Invest in Spain.
La participación de las comunidades autónomas está garantizada, aunque no forman parte del Comité. En cada expediente, la región donde se vaya a desarrollar el proyecto será consultada y su valoración será tenida en cuenta en la evaluación. Esto resulta fundamental para proyectos que dependen de permisos autonómicos o que tengan un gran impacto local. Aun así, desde el Ministerio de Economía se ha dejado claro que el informe autonómico no será vinculante y que la decisión final corresponderá al Gobierno central.
También se ha previsto una Secretaría Técnica que asistirá al Comité en el análisis de los expedientes, y se podrán crear grupos de trabajo específicos cuando un proyecto requiera un estudio particular. Todo ello forma parte de una gobernanza reforzada que pretende coordinar a las administraciones implicadas y reducir los cuellos de botella en la concesión de autorizaciones.
La puesta en marcha de este mecanismo llega en un momento en el que España compite abiertamente con otros países europeos por atraer inversiones en sectores como los centros de datos, la fabricación de baterías o el hidrógeno verde. La nueva figura busca ser un reclamo para los inversores extranjeros, que en los últimos años han señalado a la burocracia como uno de los principales obstáculos para establecerse en el país. Con esta herramienta, el Ejecutivo espera mandar una señal clara de que los proyectos importantes no se quedarán atascados en los despachos.
La regulación de los proyectos estratégicos de inversión se convierte así en un instrumento más de la política económica del Gobierno para impulsar la transformación productiva. Aunque queda pendiente el desarrollo reglamentario detallado que complete la norma, el marco general ya está definido y las solicitudes podrán presentarse en cuanto se habilite la plataforma digital correspondiente. Los inversores, mientras tanto, observan con interés esta nueva vía, conscientes de que una tramitación más ágil puede marcar la diferencia entre elegir España o irse a otro país.