El salario mínimo interprofesional (SMI) se mantendrá en los 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas durante el resto de 2026, después de que el Gobierno haya descartado cualquier revisión extraordinaria para compensar el repunte de la inflación. El Ministerio de Trabajo, que dirige Yolanda Díaz, ya ha puesto el foco en la negociación de la subida para 2027, un proceso que se iniciará en las próximas semanas con la constitución del comité de expertos y la posterior reunión con los agentes sociales. El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, lo confirmó durante la rueda de prensa posterior a la publicación de los datos de paro de agosto.
La decisión se produce en un contexto de encarecimiento de los precios, con un IPC interanual del 4,3% en agosto, el más alto desde febrero de 2023, impulsado por el alza de los carburantes como consecuencia del conflicto en Oriente Medio. La inflación está erosionando la capacidad de compra de los aproximadamente 2,5 millones de trabajadores que perciben el salario mínimo, así como la de aquellos que tienen convenios colectivos con subidas en torno al 3%. La negativa del Gobierno a activar la cláusula de revisión semestral, incluida en el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, ha despertado las críticas de los sindicatos, que consideran que la medida es imprescindible para evitar un empobrecimiento de los colectivos más vulnerables.
Un no rotundo a la subida extraordinaria en 2026
El Ministerio de Trabajo ha dejado claro que no habrá una revalorización adicional del SMI en lo que queda de año. Pérez Rey explicó que la prioridad ahora es iniciar la mesa de negociación para 2027, y que en ese marco se tendrá en cuenta lo que ha sucedido con la inflación en estos últimos meses. “Nuestra función es seguir adelante con las subidas del salario mínimo”, señaló, añadiendo que “es imprescindible que el Gobierno lleve a cabo medidas que eviten cualquier tipo de empobrecimiento”. El Gobierno prefiere concentrar los esfuerzos en la próxima subida, que se articulará mediante un real decreto ley, siguiendo el procedimiento habitual de los últimos años.
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, había dejado la puerta entreabierta a una revisión excepcional si la inflación se disparaba, pero finalmente el ala económica del Ejecutivo ha pesado más. El vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, también se pronunció al respecto, asegurando que el comité de expertos tendrá en cuenta la evolución de los precios a la hora de elaborar su propuesta para 2027. Este anuncio llega en un momento en que la pérdida de poder adquisitivo es ya un hecho constatado: la subida aprobada para 2026 fue del 3,1%, mientras que el IPC lleva varios meses por encima de esa cifra>. Los trabajadores con salarios más bajos están perdiendo al menos un punto de capacidad de compra, y esa brecha podría ampliarse si la inflación no remite.
Los sindicatos aprietan y piden un pacto salarial ambicioso
UGT fue el primer sindicato en reaccionar a la negativa del Gobierno. En un comunicado, exigió la “convocatoria inmediata” de la mesa de diálogo social para revisar el SMI conforme a la cláusula de garantía salarial del Estatuto de los Trabajadores. La central liderada por Pepe Álvarez considera que “la ley contempla esta revisión y no hay ninguna razón para retrasar una decisión que resulta necesaria para proteger las condiciones de vida de las personas trabajadoras”. La organización también reclama un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) con un incremento salarial mínimo del 4% anual para el periodo 2026-2028, complementado con aumentos adicionales del 1%, 2% o 3% para los convenios con salarios inferiores a la media.
Por su parte, CCOO se ha sumado a las demandas, insistiendo en que no se puede seguir aplazando la recuperación del poder adquisitivo. El secretario general de la federación de servicios, José María Martínez, ha advertido de que si no se producen avances reales, la conflictividad laboral aumentará y la negociación colectiva se resentirá. Los sindicatos ya han trasladado a la patronal CEOE su propuesta para un gran pacto, pero por el momento las organizaciones empresariales no han mostrado una predisposición clara a negociar. La exigencia sindical choca con la postura empresarial, que considera que el SMI ya ha superado su objetivo de situarse en el 60% del salario medio y que nuevas subidas podrían poner en peligro la creación de empleo.
La inflación disparada y la comparativa europea
El último dato del IPC, del 4,3% en agosto, ha vuelto a poner en evidencia la fragilidad de los salarios más bajos. El INE atribuye esta escalada al encarecimiento de los carburantes y al menor descenso de los precios de los alimentos en comparación con el año anterior. Esta cifra es especialmente relevante porque supera las previsiones que se manejaron a principios de año, cuando se fijó la subida del SMI. La situación es aún más preocupante si se compara el salario mínimo entre países, situando a España entre los países con menor ganancia de poder adquisitivo del salario mínimo en 2026, solo por detrás de Rumanía y Polonia. El estudio señala que las subidas reales en España fueron inferiores al 1%, mientras que países como Eslovenia o Hungría registraron incrementos de más del 8%.
Eurofound también destaca que, en la última década, España ha acumulado un aumento real del SMI de alrededor del 45%, una cifra que queda por encima de la media europea, pero que no ha impedido que la crisis inflacionista haya golpeado con dureza a los trabajadores más vulnerables. La agencia europea reconoce que sus datos se han quedado obsoletos por la escalada de precios posterior y que varios países, como Bélgica o Francia, ya han aplicado ajustes automáticos para compensar la pérdida de poder adquisitivo. España, sin embargo, no ha activado esa cláusula, lo que deja a los perceptores del SMI en una situación de desventaja respecto a otros salarios en Europa
Una década de subidas constantes
El SMI ha pasado de 735,90 euros en 2018 a los 1.221 euros actuales, lo que supone un incremento acumulado del 66%. Este aumento ha sido impulsado por el objetivo del Gobierno de cumplir con la Carta Social Europea, que recomienda situar el salario mínimo en el 60% del salario medio bruto en España. Sin embargo, desde CEOE se critica que ese objetivo ya se ha alcanzado e incluso superado en muchas provincias, donde el SMI representa más del 70% del sueldo medio. Los empresarios advierten que estas subidas continuadas pueden tener un efecto negativo sobre el empleo, especialmente en los sectores con márgenes más reducidos.
La negociación para 2027 se presenta como una oportunidad para corregir el desfase generado por la inflación. El comité de expertos, que ya ha emitido su dictamen en otras ocasiones, deberá proponer un aumento que tenga en cuenta la desviación de los precios. Desde el Ministerio de Trabajo se insiste en que el diálogo social será el cauce para alcanzar un acuerdo, y que la subida se hará “con la mayor transparencia”. También está pendiente el desarrollo del decreto que regulará la absorción y compensación del SMI, así como la transposición de la directiva europea sobre salarios mínimos adecuados, un compromiso que el Gobierno asegura que se cumplirá “a la mayor brevedad posible”.
Mientras tanto, los trabajadores con salarios más bajos siguen perdiendo poder adquisitivo en un contexto de precios al alza. La decisión del Gobierno de esperar a 2027 para compensar esta pérdida ha generado un intenso debate político y social. Los sindicatos han anunciado movilizaciones si no se convoca la mesa de diálogo antes de que acabe el año, mientras que la patronal ha pedido moderación en las subidas para no poner en riesgo la competitividad de las empresas.
En definitiva, la situación del salario mínimo en España es un reflejo de las tensiones entre la necesidad de proteger a los trabajadores más vulnerables y las exigencias de un entorno económico incierto. El Gobierno, que ya ha descartado la vía excepcional para 2026, tendrá que demostrar su compromiso con la recuperación del poder adquisitivo en la próxima negociación. El comité de expertos, los agentes sociales y las organizaciones empresariales serán los actores clave en un proceso que se prevé intenso. La subida para 2027 se antoja crucial para que los salarios mínimos no se queden descolgados de la evolución de los precios y para que los trabajadores españoles no sigan perdiendo terreno frente a sus homólogos europeos.
