En los últimos años, los repartidores de aplicaciones de delivery en Argentina han visto cómo su deuda con las propias plataformas para las que trabajan se disparaba. Según datos del Banco Central (BCRA), la cantidad de trabajadores de la economía gig que solicitan estos préstamos creció un 122% durante 2025, después de un incremento del 177% entre 2023 y 2024. Estos créditos, destinados principalmente a la compra o reparación de bicicletas y motos, se han convertido en una alternativa para quienes no tienen acceso al sistema bancario tradicional por falta de historial crediticio.
Sin embargo, desde el Sindicato de Trabajadores de Reparto por Aplicación (Sitrarepa) denuncian que las tasas de interés pueden alcanzar el 700% anual, lo que genera una situación de dependencia económica difícil de romper. La secretaria general del gremio, Belén D’Ambrosio, explicó que muchos repartidores se ven obligados a extender sus jornadas laborales para poder hacer frente a los pagos, trabajando entre 10 y 12 horas diarias solo para cubrir gastos fijos y cuotas de los préstamos.
El auge de los préstamos de las plataformas
Las aplicaciones de delivery han empezado a funcionar como prestamistas de última instancia para sus propios trabajadores. Pedidos Ya, una de las principales plataformas, informó que otorgó 57.000 créditos por un total de 84 millones de dólares, de los cuales el 54% se destinó a comercios adheridos. Para los repartidores, las líneas de crédito tienen un plazo de seis meses y no pueden superar el 30% de sus ingresos generados en la plataforma. Por su parte, Rappi ha sellado una alianza con Banco Galicia para ofrecer soluciones de financiamiento y bancarización tanto a repartidores como a comercios.
El Banco Central incluyó a la economía gig en un informe sobre entidades no bancarias que otorgan crédito. El organismo explicó que las plataformas utilizan un sistema de scoring alternativo basado en la actividad digital de los trabajadores, evaluando variables como la antigüedad, la tasa de aceptación de pedidos, las calificaciones de los usuarios y las horas trabajadas. Este mecanismo permite a las empresas decidir quién puede acceder a un préstamo, priorizando a aquellos que más horas dedican a la plataforma.
Las tasas de interés y la denuncia sindical
Desde Sitrarepa advierten que las condiciones de estos créditos son abusivas. Belén D’Ambrosio aseguró que las tasas de interés pueden llegar al 700% anual, una cifra que consideran desproporcionada y que convierte el préstamo en una trampa financiera. «Tenemos situaciones de compañeros que extienden su jornada laboral para devolver los préstamos», declaró la dirigente, quien también señaló que las comisiones por pedido oscilan entre 1.500 y 3.000 pesos argentinos, independientemente del valor de la compra.
El sindicato reclama una regulación estatal específica para evitar que los trabajadores queden atrapados en ciclos de deuda. D’Ambrosio criticó que el acceso al crédito esté vinculado a la productividad del repartidor, como la cantidad de pedidos aceptados o la disponibilidad en horarios de alta demanda. «Estos préstamos deberían estar regulados por el Estado», sentenció, subrayando que la dependencia económica hacia las plataformas es cada vez mayor.
El informe del Banco Central
El BCRA estima que la deuda promedio por repartidor monotributista alcanzó los 900.000 pesos argentinos a finales de 2025. En el caso de los comercios adheridos, el monto promedio es siete veces superior. El informe también revela que los trabajadores independientes representan el 54% de los tomadores de estos créditos y concentran más del 62% del saldo total otorgado. La conclusión del organismo es clara: «Las plataformas están financiando a su propia base de trabajadores».
Además, el 70% de la deuda recae en personas menores de 40 años, lo que refleja la vulnerabilidad de los jóvenes en este sector. La morosidad entre los repartidores de Pedidos Ya alcanza el 11,7%, una cifra que las plataformas logran contener descontando automáticamente el saldo pendiente de la comisión por cada pedido completado. Este mecanismo de descuento directo agrava la situación, ya que el trabajador nunca llega a percibir su ingreso completo.
La respuesta de las empresas y la necesidad de regulación
Las plataformas defienden estos programas argumentando que promueven la inclusión financiera de un sector desatendido por la banca tradicional. Pedidos Ya asegura que los préstamos para repartidores tienen un plazo de seis meses y no pueden superar el 30% de los ingresos, mientras que Rappi, a través de su alianza con Banco Galicia, busca ofrecer alternativas de pago y financiamiento. Sin embargo, desde el sindicato insisten en que estas medidas no son suficientes y que se necesita una supervisión estatal para evitar abusos.
El economista Gustavo Lázzari advirtió que el fuerte endeudamiento de las familias y las pequeñas empresas se ha convertido en uno de los principales desafíos de la economía argentina. Señaló que muchas empresas llegaron a la actual etapa con problemas acumulados, y que la recuperación macroeconómica aún no se traduce en alivio para quienes enfrentan crecientes costos fijos y dificultades para acceder al financiamiento. En este contexto, la situación de los repartidores de apps es un reflejo de una precarización laboral que se profundiza.
El crecimiento de los créditos otorgados por las propias plataformas a sus repartidores revela una nueva faceta de la precarización laboral en la economía gig. Con una deuda promedio de 900.000 pesos, tasas que pueden alcanzar el 700% anual y un sistema de scoring que premia la productividad extrema, los trabajadores quedan atrapados en un ciclo de dependencia financiera. Mientras las empresas defienden la inclusión financiera, el sindicato y el Banco Central alertan sobre la necesidad de una regulación que proteja a los más vulnerables. La pregunta que queda en el aire es si esta tendencia se consolidará como una nueva forma de explotación o si el Estado intervendrá para poner límites.