El desequilibrio de las cuentas públicas españolas ha vuelto a repuntar en la primera mitad del año. Según los datos de ejecución presupuestaria difundidos por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), el déficit del conjunto de las administraciones públicas, sin incluir la Administración local, se situó en 33.668 millones de euros. Esta cifra representa un incremento del 6,4% respecto al mismo periodo de 2025 y sitúa la ratio sobre el PIB en el 1,89%, apenas una centésima por encima del registro anterior, que fue del 1,88%.
La evolución del saldo fiscal refleja un comportamiento desigual entre administraciones. Mientras la Administración Central y las comunidades autónomas empeoran sus cifras, los fondos de la Seguridad Social logran un superávit notable. Además, el dato se ha visto condicionado por el gasto extraordinario asociado a la dana, que en este ejercicio ha sido considerablemente menor que en 2025. Si se descuenta el impacto de esta catástrofe en ambos periodos, el déficit público habría alcanzado los 32.989 millones, un 16,5% más que el año pasado, lo que evidencia que el crecimiento real del desequilibrio es mayor del que refleja el dato bruto.
El déficit se enquista por el elevado gasto público
El análisis de los datos por niveles administrativos muestra un deterioro generalizado. La Administración Central acumuló un déficit de 22.531 millones hasta junio, un 14,1% más que en el mismo tramo de 2025, lo que equivale al 1,27% del PIB. Por su parte, las comunidades autónomas cerraron el semestre con un desfase de 17.287 millones, un 10,9% más, aunque el peso sobre el PIB se mantiene en el 0,97%, ligeramente por encima de la ratio de 2025, que fue del 0,92%. En el lado opuesto, la Seguridad Social registró un superávit de 6.150 millones, un 66,5% superior al del año anterior, gracias al avance de los ingresos por cotizaciones sociales.
El gasto público sigue creciendo a un ritmo muy superior al de la economía. Sin tener en cuenta las partidas de la dana, el gasto del conjunto de las administraciones ha aumentado cerca de un 9% en el primer semestre, superando el crecimiento del PIB nominal. Este comportamiento se explica en parte por el incremento de las transferencias entre administraciones, que representan el 62,3% del gasto total, y por el aumento del gasto en pensiones vía transferencias a la Seguridad Social. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ya ha advertido de que las administraciones podrían agotar el margen de gasto pactado con la Comisión Europea, lo que obligaría a aprobar ajustes durante los próximos dos años.
El Estado eleva su déficit hasta julio
El Ministerio de Hacienda también ha adelantado los datos del Estado hasta julio, que profundizan la tendencia negativa. El déficit del Estado, en términos de contabilidad nacional, alcanzó los 44.539 millones de euros, un 13,5% más que en el mismo periodo de 2025. Esta cifra equivale al 2,5% del PIB, 0,17 puntos porcentuales por encima de la ratio registrada un año antes. Este incremento se debe, en parte, a la liquidación definitiva del sistema de financiación de las comunidades autónomas y a la actualización de las entregas a cuenta, con un impacto conjunto de más de 25.000 millones.
A pesar del aumento del déficit, la recaudación no deja de crecer. Los ingresos tributarios alcanzaron los 151.354 millones hasta julio, un 10% más que en el mismo periodo del año anterior, gracias al buen comportamiento del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades. Los ingresos por IRPF crecieron un 20,4%, hasta los 46.652 millones, mientras que el Impuesto sobre Sociedades aportó 16.561 millones, un 13,8% más. La recaudación de la Agencia Tributaria superó por primera vez los 200.000 millones en julio, un hito que refleja la fortaleza de los ingresos, pero que no está sirviendo para reducir el déficit debido al alto ritmo de gasto.
La dana modula las cifras, pero no oculta el aumento del gasto estructural
El impacto de la dana sigue presente en las cuentas públicas, aunque con menor intensidad que el año pasado. Entre enero y junio se registraron 679 millones de gasto extraordinario asociado a esta catástrofe, frente a los 3.337 millones del mismo periodo de 2025. Si se aísla este efecto, el déficit público habría crecido un 16,5%, lo que revela la velocidad a la que avanza el gasto subyacente. Este comportamiento se repite en la Administración Central, cuyo déficit aumentó un 14,1%, y en las comunidades autónomas, con un incremento del 10,9%.
En el ámbito autonómico, la Comunitat Valenciana, una de las más afectadas por la dana, registró un déficit de 1.694 millones, lo que equivale al 1,02% de su PIB. Esta cifra desciende en 266 millones respecto al mismo periodo de 2025, aunque el peso sobre el PIB se reduce del 1,25% al 1,02%. En Galicia, el déficit se situó en 1.188 millones, un 1,97% más que el año anterior, mientras que la ratio sobre el PIB bajó del 1,35% al 1,30%. En ambos casos, el comportamiento autonómico refleja el aumento del gasto en servicios públicos y la dependencia de los anticipos del sistema de financiación.
El comportamiento de los impuestos energéticos también condiciona las cifras. La caída de los ingresos por hidrocarburos y electricidad, debido a las rebajas temporales de tipos aprobadas para contener la inflación, ha restado recursos a las arcas públicas. El impuesto especial sobre hidrocarburos recaudó 6.836 millones hasta julio, un 5,9% menos, mientras que el impuesto eléctrico cayó un 25,4%, hasta los 683 millones. A partir de julio, el Gobierno ha ido recuperando los tipos ordinarios, lo que permitirá una mejora de la recaudación en los próximos meses.
Las perspectivas a corto plazo no invitan al optimismo en cuanto a la consolidación fiscal. La AIReF ya ha alertado del riesgo de incumplir las reglas de gasto y de la necesidad de adoptar ajustes. El contexto político, con elecciones en prácticamente todas las administraciones, podría aumentar la presión sobre el gasto en los próximos meses, mientras que la desaparición progresiva de las medidas anticrisis mejorará los ingresos. Aun así, el margen para reducir el déficit se antoja limitado si no se aborda una contención del gasto estructural.
En definitiva, el déficit público español vuelve a ensancharse y se sitúa en el 1,89% del PIB en el primer semestre, con un crecimiento real que supera el 16% si se excluyen los efectos de la dana. El aumento de la recaudación no está siendo suficiente para compensar el acelerado ritmo del gasto, y las comunidades autónomas y la Administración Central siguen siendo los principales focos de desequilibrio. La Seguridad Social, en cambio, mantiene un superávit creciente. El cumplimiento de las reglas fiscales europeas se antoja complejo en el actual escenario de gasto expansivo y tensiones políticas, lo que exigirá decisiones difíciles en los próximos meses.
