El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ha aprobado este viernes, tras más de tres horas de reunión, la propuesta del Ministerio de Hacienda para reformar el sistema de financiación autonómica. El texto solo ha contado con el voto a favor de Cataluña y Canarias, mientras que el resto de comunidades, incluidas las gobernadas por el PSOE como Asturias y Castilla-La Mancha, han mostrado su rechazo frontal. La Comunidad de Madrid, que anunció su ausencia en señal de protesta, no ha acudido a la cita, dejando vacío su asiento en la mesa.
El Gobierno, que dispone de la mitad de los votos en el órgano, ha logrado sacar adelante un proyecto que incrementa en cerca de 21.000 millones de euros anuales la financiación de las autonomías de régimen común. El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha calificado la jornada de “histórica”, aunque ha reconocido que el modelo no es perfecto. Sin embargo, las críticas por el procedimiento y por los criterios de reparto han ensombrecido el avance, con acusaciones de “corrupción política” por parte del PP.
Una reforma nacida del pacto con ERC
La propuesta fue presentada en enero por la entonces vicepresidenta María Jesús Montero y se fraguó en el acuerdo de investidura entre PSC y ERC. El partido de Oriol Junqueras ha participado activamente en su diseño, y el actual ministro Arcadi España ha heredado el texto sin variaciones. Aunque desde Hacienda se insiste en que todas las comunidades ganan recursos, la oposición denuncia que el modelo ha sido pactado “de espaldas” al resto de territorios.
La incorporación de Canarias al bando favorable fue clave para evitar que el Gobierno dependiera únicamente del apoyo catalán. El Ejecutivo canario, presidido por Coalición Canaria, accedió a cambio de un refuerzo adicional de 1.300 millones de euros. Este movimiento se conoció a finales de julio, justo antes de que el CPFF fuera aplazado por las quejas de los populares por falta de documentación.
Los detalles del nuevo sistema de financiación
El modelo aprobado prevé una mayor cesión de impuestos a las comunidades: el IRPF pasaría del 50% al 55%, y el IVA del 50% al 56,5%. Se mantiene el 58% en los impuestos especiales sobre tabaco, alcohol e hidrocarburos, y se incorporan al 100% tributos como sucesiones, patrimonio o electricidad. Esta ampliación de la cesta tributaria supone unos 15.756 millones de euros adicionales para los territorios.
Además, se reformula el cálculo de la población ajustada, incluyendo factores como el envejecimiento, la dispersión geográfica o la insularidad. El Gobierno asegura que la brecha de financiación per cápita se reducirá de 1.500 a 700 euros, aunque varias autonomías consideran que el peso de estos criterios es insuficiente. También se introduce un fondo de compensación para el turismo masivo, la despoblación o la reindustrialización, sin cuantía fijada.
Las cifras del reparto y los criterios
Según los cálculos de Hacienda, Andalucía sería la principal beneficiaria con 4.846 millones de euros adicionales, seguida de Cataluña (4.686 millones), la Comunidad Valenciana (3.669 millones) y Madrid (2.555 millones). El resto de regiones obtendría incrementos que oscilan entre los 25 millones de La Rioja y los 1.248 millones de Castilla-La Mancha. El total de recursos anuales para el régimen común alcanzaría los 224.507 millones en 2027.
Los criterios de reparto otorgan un 38% a la población protegida equivalente, un 30% a la composición del padrón, un 17% a la edad escolar y un 7% a los mayores de 65 años. La dispersión y la superficie también cuentan, aunque con porcentajes menores. Las comunidades del PP consideran que estos parámetros no reflejan adecuadamente el coste real de los servicios públicos, especialmente en sanidad y educación, mientras que la deuda autonómica sigue siendo una preocupación constante.
El camino hacia el Congreso y la incertidumbre
Tras el visto bueno del CPFF, el texto deberá pasar por el Consejo de Ministros y luego ser remitido al Congreso, donde se tramitará como ley orgánica. La aprobación parlamentaria no está garantizada porque necesita mayoría absoluta, y el Gobierno no tiene asegurados los apoyos. PP y Vox han avanzado su rechazo, y Junts ha amenazado con una enmienda a la totalidad si no se incluye un concierto económico para Cataluña.
El ministro España ha pedido “diálogo” y ha asegurado que el modelo es voluntario, de modo que ninguna comunidad está obligada a adoptarlo si no lo desea. Sin embargo, los consejeros del PP, liderados por Carolina España, han tachado la reforma de “traición” y “ataque a la igualdad”. Incluso los socialistas de Castilla-La Mancha y Asturias han expresado su malestar por el pacto bilateral con Cataluña.
A pesar del rechazo generalizado, algunas de las comunidades críticas, como Andalucía, no han descartado acogerse al nuevo sistema si finalmente prospera en las Cortes. El Ejecutivo confía en que el incremento de recursos acabe convenciendo a los territorios, pero la incertidumbre política sigue siendo máxima. El objetivo es que el modelo entre en vigor el 1 de enero de 2027, aunque el calendario parlamentario es ajustado.
En definitiva, el CPFF ha dado el primer paso para una reforma que lleva 17 años esperando, pero el futuro de la financiación autonómica se decidirá en el Congreso, donde el Gobierno deberá negociar con sus socios y con la oposición. La propuesta promete más dinero para todas las regiones, pero su legitimidad y equidad siguen siendo cuestionadas por la mayoría de los ejecutivos autonómicos.
