La sucesión de fenómenos meteorológicos adversos y sísmicos que está sacudiendo varias regiones de España ha puesto en alerta a los servicios de emergencia y a las entidades encargadas de cubrir los daños. El Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) se ha convertido en el principal protagonista de la gestión de las reclamaciones, tanto por los terremotos que afectan a la provincia de Granada como por las inundaciones que han golpeado el Camp de Tarragona. En ambos casos, los afectados buscan respuestas rápidas para recuperar sus pérdidas materiales.
La entidad pública, adscrita al Ministerio de Economía, ha movilizado todos sus recursos para atender una avalancha de solicitudes que no tiene precedentes recientes. Mientras que en la zona andaluza se contabilizan ya miles de expedientes por los seísmos, en la costa catalana los vecinos afectados por las lluvias torrenciales también han comenzado a reclamar. La clave está en saber a qué organismo acudir y qué requisitos cumplir para recibir la compensación correspondiente.
Terremotos en Granada: cifras y previsiones
El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se ha reunido con alcaldes de los municipios más afectados por la sucesión de seísmos que comenzó el pasado 14 de agosto. En el encuentro, celebrado en la Subdelegación del Gobierno en Granada, se informó de que el Consorcio de Compensación de Seguros ha recibido más de 27.500 solicitudes de indemnización por daños materiales, con un coste estimado que ya alcanza los 72 millones de euros. Esta cifra, según las previsiones, podría aumentar considerablemente, ya que se espera que el total de reclamaciones llegue a las 60.000, con un registro medio de 2.000 peticiones diarias.
El 95% de la siniestralidad corresponde a viviendas y comunidades de propietarios, que concentran 25.797 expedientes y una estimación de daños de 65,4 millones de euros. Más de la mitad de estas solicitudes se localizan en el área metropolitana de Granada. El resto se reparte entre comercios, almacenes, oficinas, industrias, vehículos y obras civiles. El Gobierno tiene previsto declarar la zona como afectada gravemente por emergencias de protección civil, lo que facilitará la llegada de ayudas adicionales.
Inundaciones en Tarragona: cómo reclamar
Las lluvias torrenciales que han azotado el Camp de Tarragona y localidades como Roda de Berà, Creixell, Torredembarra, El Vendrell o la propia Tarragona han dejado importantes daños materiales. Ante esta situación, los afectados deben conocer las tres vías principales para reclamar. La primera es el Consorcio de Compensación de Seguros, que cubre los daños por inundaciones extraordinarias, como el agua acumulada en sótanos, garajes o vehículos arrastrados por rieras. Para ello, es imprescindible tener una póliza de seguro vigente con el recargo del Consorcio al corriente de pago. La reclamación se puede realizar online o llamando al teléfono gratuito 900 222 665. Eso sí, las nuevas pólizas tienen un periodo de carencia de siete días.
La segunda vía son las aseguradoras privadas, que se encargan de los daños directos por fenómenos ordinarios, como goteras, filtraciones, granizo o viento. En los seguros del hogar, suele cubrirse la lluvia si supera los 40 litros por metro cuadrado en una hora, y el viento si pasa de los 80 kilómetros por hora. En los vehículos, los daños por granizo o inundación suelen estar cubiertos si se tiene un seguro a todo riesgo. Por último, los ayuntamientos pueden habilitar oficinas de atención y tramitar la solicitud de zona afectada gravemente para acceder a fondos públicos.
Refuerzo del Consorcio y plazos de pago
Para hacer frente a esta emergencia, el CCS ha reforzado sus canales de recepción de solicitudes, tanto telefónicos como telemáticos, y ha adoptado medidas extraordinarias de simplificación administrativa. Además, ha movilizado a 146 peritos especializados, con la previsión de ampliar la cifra hasta los 250 en los próximos días. Todas las solicitudes recibidas hasta la fecha tienen ya un perito asignado, y las primeras indemnizaciones han comenzado a abonarse. Según las estimaciones, el 90% de los pagos se realizará en los próximos tres o cuatro meses.
La previsión de pago de indemnizaciones supera los 100 millones de euros, una cifra muy superior a los 17 millones que se abonaron en 2021, cuando se registraron 13.000 solicitudes. Este aumento refleja la magnitud de los daños causados por los terremotos y las inundaciones. Los asegurados pueden comunicar sus daños por teléfono, en la web del Consorcio o a través de sus propias aseguradoras, que actuarán como intermediarias para que la entidad pública les indemnice.
Consejos clave para los afectados
Antes de reclamar, es fundamental revisar la póliza de seguro y comprobar que está al corriente de pago, especialmente el recargo del Consorcio. En caso de inundación, hay que documentar los daños con fotografías y listados de objetos afectados. Si se trata de un fenómeno extraordinario, como los terremotos o las lluvias torrenciales, el CCS es el organismo competente. Para daños ordinarios, la aseguradora privada será la encargada. En cualquier caso, es recomendable actuar con rapidez y no esperar a que se declare oficialmente la zona catastrófica, ya que el Consorcio actúa de forma automática.
Los vecinos sin seguro no recibirán indemnizaciones de aseguradoras ni del Consorcio, pero pueden estar atentos a las ayudas públicas que los ayuntamientos y el Gobierno habiliten. La declaración de zona afectada gravemente por emergencias de protección civil, que el Gobierno aprobará para Granada, también podría extenderse a otras zonas si la situación lo requiere. Mientras tanto, el CCS continúa trabajando para agilizar los pagos y dar respuesta a una crisis que ha puesto a prueba el sistema de compensación de seguros en España.
La gestión de las catástrofes naturales en España ha evidenciado la importancia del Consorcio de Compensación de Seguros como herramienta de protección para los ciudadanos. Con más de 27.500 solicitudes en Granada y un número creciente en Tarragona, la entidad ha respondido con un refuerzo de medios y una agilización de los pagos. Los afectados deben conocer los cauces para reclamar y los plazos establecidos, mientras las administraciones trabajan en la declaración de zonas afectadas y en la coordinación de ayudas. La previsión de superar los 100 millones en indemnizaciones marca un hito en la historia reciente del organismo, que se consolida como el principal garante frente a los imprevistos climáticos y sísmicos.