El Pleno del Congreso de los Diputados ha dado un paso importante este martes al admitir a trámite la proposición de ley presentada por Podemos para que los trabajadores con 40 o más años cotizados puedan jubilarse de forma anticipada sin sufrir recortes en su pensión. La iniciativa, que pretende eliminar los coeficientes reductores que castigan el retiro anticipado, ha contado con el respaldo de los socios del Gobierno de coalición, PSOE y Sumar, mientras que el PP se ha abstenido y Vox ha votado en contra.
Se trata de una reivindicación que lleva años sobre la mesa y que afecta a cerca de 900.000 personas en España que, tras décadas de cotización, ven cómo su prestación se reduce de por vida si adelantan su salida laboral. La propuesta no supone todavía la eliminación de los coeficientes, sino que abre la puerta a su tramitación parlamentaria, donde podrá ser modificada mediante enmiendas. El cambio de postura del PSOE, que en junio pasado votó en contra de una medida similar, ha sido clave para desbloquear el debate.
Un cambio de rumbo en la posición socialista
El portavoz del PSOE en la Comisión de Trabajo, Alberto Mayoral, justificó el apoyo de su grupo al considerar que hay que atender a aquellos españoles que son «muy mayores para reincorporarse al mercado laboral y demasiado jóvenes para no ser penalizados». En la misma línea, la portavoz adjunta de Sumar, Aina Vidal, respaldó la tramitación pero advirtió de que el umbral de los 40 años es «excesivamente rígido» y abogó por un mecanismo gradual que tenga en cuenta los meses de anticipación y la causa de la jubilación.
El texto de Podemos, defendido por su secretaria general Ione Belarra, plantea suprimir los coeficientes reductores para las tipos de jubilación en España, tanto voluntarias como involuntarias, siempre que el trabajador acredite 40 años de cotización. Además, incluye un efecto retroactivo para quienes ya se jubilaron con esas condiciones y quieran solicitar un nuevo cálculo de su pensión.
El coste de la reforma y las dudas económicas
Uno de los principales escollos es el impacto económico. El Gobierno ha calculado que eliminar estas penalizaciones supondría un coste de 3.358 millones de euros anuales, de los cuales 1.345 millones corresponderían a las jubilaciones voluntarias y 2.013 millones a las involuntarias. El PP ha criticado que la proposición no incluya un análisis de costes y ha considerado «inasumible» que la medida se extienda a las prejubilaciones voluntarias, mientras que Vox ha tachado el texto de «paripé» y ha cuestionado que se fije una frontera arbitraria en los 40 años, dejando fuera a quien tenga unos meses menos.
Desde la óptica contraria, los partidos vascos, como PNV y EH Bildu, han señalado que las penalizaciones actuales no reflejan el esfuerzo real de quienes han contribuido durante décadas. Han puesto como ejemplo que en Alemania se permite jubilarse sin recorte con 45 años de seguro, en Portugal a partir de los 60 con 48 años cotizados, y en Francia se protege a las carreras largas para que puedan retirarse con el 100% de la pensión hasta cuatro años antes de la edad legal. ERC y Junts también han apoyado la tramitación, aunque han reprochado a Podemos no haber impulsado esta reforma cuando formaba parte del Gobierno.
Qué implica este paso y qué viene ahora
La admisión a trámite no garantiza la aprobación final. La proposición tendrá que pasar por la fase de enmiendas y por los cauces parlamentarios habituales, un proceso que puede durar meses. La pelota está ahora en el tejado de los grupos, que deberán negociar los detalles del texto, como el número exacto de años de cotización, la inclusión de las jubilaciones voluntarias y el alcance retroactivo. Mientras tanto, los futuros jubilados con 40 años cotizados tendrán que esperar para ver si por fin se les hace justicia.
Este respaldo parlamentario supone un avance significativo en una demanda que la asociación Asjubi40 lleva años reclamando. La decisión de este martes refleja un consenso amplio en la Cámara para revisar una norma que, a juicio de muchos, penaliza precisamente a quienes más han aportado al sistema. Ahora, la pelota está en el tejado de los legisladores, que tendrán que convertir esta intención en una realidad concreta.
