La posibilidad de retirarse antes de la edad ordinaria sin soportar un recorte permanente en la pensión tras haber trabajado más de cuatro décadas ha vuelto al centro del debate político. El Congreso de los Diputados ha dado este martes el primer paso para tramitar una proposición de ley impulsada por Podemos que pretende eliminar los coeficientes reductores para quienes acrediten al menos 40 años de cotización, tanto en la modalidad voluntaria como en la derivada de causas no imputables al trabajador.
La votación, que se saldó con 178 votos a favor, 33 en contra y 136 abstenciones, no implica que la reforma haya entrado en vigor. El texto debe superar ahora la fase de enmiendas, el debate en comisión y una nueva votación antes de continuar su recorrido legislativo. Sin embargo, el cambio de postura del PSOE, que meses atrás había rechazado una enmienda casi idéntica, ha sido interpretado por los colectivos afectados como un avance significativo en una reivindicación que lleva años sobre la mesa.
Qué plantea exactamente la proposición de ley
El núcleo de la iniciativa es relativamente sencillo en su formulación: cuando un trabajador acredite 40 años de cotización, dejarían de aplicarse los coeficientes reductores previstos por anticipar la jubilación. La reforma modificaría tanto el artículo 207 de la Ley General de la Seguridad Social, relativo a la jubilación anticipada involuntaria, como el artículo 208, que regula la jubilación anticipada y sus requisitos por decisión del propio trabajador.
Conviene aclarar que la medida no permitiría jubilarse automáticamente a cualquier edad. Seguirían siendo exigibles los requisitos generales de acceso a la jubilación anticipada. Lo que desaparecería sería el recorte aplicado a la cuantía de la pensión. En la actualidad, una persona con exactamente 40 años cotizados que adelante voluntariamente su jubilación los 24 meses máximos se enfrenta a una reducción del 19%. Si la anticipación es involuntaria y alcanza los cuatro años, el coeficiente puede llegar al 28%.
El giro del PSOE y las posiciones de los grupos
El portavoz del PSOE en la Comisión de Trabajo, Alberto Mayoral, justificó el respaldo de su partido aludiendo a la necesidad de atender a quienes «eran muy mayores para reincorporarse al mercado laboral y demasiado jóvenes para no ser penalizados». El diputado socialista defendió que se abra «un debate serio sobre esas largas carreras de cotización» y reprochó al PP que en 2013, bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, se elevaran a 35 los años exigidos para la jubilación anticipada voluntaria.
Sumar, a través de su portavoz adjunta Aina Vidal, confirmó el voto favorable a la admisión a trámite, aunque advirtió de que fijar el umbral en 40 años resulta «excesivamente rígido». La formación plantea estudiar un sistema gradual que tenga en cuenta no solo los años cotizados, sino también los meses de adelanto y el motivo de acceso a la pensión.
El PP, por su parte, optó por la abstención. Su portavoz en la Comisión del Pacto de Toledo, Miguel Ángel Paniagua, admitió que es «injusto» mantener coeficientes reductores para carreras tan prolongadas, pero rechazó que la reforma se extienda a las prejubilaciones voluntarias, al considerar esta pretensión «inasumible». También cuestionó que se planteen efectos retroactivos «amplísimos sin ni siquiera haber aportado ningún impacto económico».
Vox fue el único grupo que votó en contra, junto con otros 32 diputados. El diputado Juanjo Aizcorbe calificó la iniciativa de «un paripé sin escrúpulos» y alertó de que quien acredite 39 años y 11 meses conservará durante toda su jubilación el coeficiente reductor. Como ejemplo, señaló que una persona con derecho a una pensión de 2.000 euros mensuales que adelante cuatro años su retiro de forma involuntaria seguiría perdiendo 560 euros al mes si no alcanza los 40 años de cotización.
Un coste estimado de 3.358 millones anuales
El principal obstáculo para la aprobación de la reforma reside en su impacto sobre el sistema público de pensiones. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha calculado que eliminar los coeficientes para los actuales pensionistas con al menos 40 años cotizados supondría aproximadamente 3.358 millones de euros adicionales cada año. De esa cantidad, 1.345 millones corresponderían a personas que accedieron voluntariamente a la jubilación anticipada y otros 2.013 millones a quienes se retiraron antes por causas no imputables a su voluntad.
Los datos del propio Ministerio permiten dimensionar el alcance de los recortes actuales. Entre los jubilados anticipados voluntarios con largas carreras laborales, la cotización media alcanza los 43 años y seis meses y la edad media de retiro fue de 63 años y dos meses. Ese grupo soporta un coeficiente reductor medio del 11,36% y percibe una pensión media de 2.002,58 euros mensuales. Eliminar la penalización elevaría de media sus pensiones alrededor de un 12,8%.
Entre quienes accedieron a una jubilación anticipada involuntaria, la carrera media alcanza 42 años y once meses. Se retiraron de media a los 61 años y diez meses y soportan una reducción media del 18,9%. En su caso, el nuevo cálculo de la pensión de jubilación supondría un aumento medio cercano al 22,75%, lo que explica la mayor parte del coste presupuestario de la reforma.
Qué pasaría con los pensionistas actuales
Uno de los elementos más relevantes de la proposición es que no beneficiaría únicamente a quienes se jubilen en el futuro. El texto permite que quienes ya hayan accedido a la pensión con al menos 40 años cotizados puedan solicitar al Instituto Nacional de la Seguridad Social un nuevo cálculo de su prestación conforme a las nuevas reglas. Hay, sin embargo, un matiz importante: aunque suele hablarse de una aplicación retroactiva, el proyecto no contempla pagar atrasos desde la fecha original de jubilación.
Si el recálculo produce un aumento de la pensión, la nueva cuantía comenzaría a aplicarse desde el momento en que el pensionista presente la solicitud al INSS. La disposición final establece además que la norma entraría en vigor en el momento de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, sin fijar una fecha concreta.
Desde la asociación Asjubi40, que lleva alrededor de una década reclamando esta reforma, calculan que cerca de 900.000 personas soportan actualmente reducciones en sus pensiones después de haber acumulado largas carreras laborales. Sus representantes sostienen que resulta difícil justificar que una persona que comenzó a trabajar muy joven y acumula más de cuatro décadas de aportaciones mantenga un recorte de por vida simplemente por haber abandonado el mercado laboral antes de cumplir la edad ordinaria.
Referencias a otros modelos europeos
Durante el debate parlamentario, varios grupos recordaron que algunos países europeos ya han adoptado soluciones en esta línea. La portavoz del PNV, Idoia Sagastizabal, detalló que Alemania contempla la jubilación sin coeficientes reductores para quienes acreditan 45 años de seguro, mientras que Portugal permite retirarse a partir de los 60 años sin recorte a quienes suman 48 años cotizados, o 46 en determinados supuestos.
El representante de EH Bildu, Oskar Matute, explicó que en Francia se protegen las carreras extensas de cotización para que quienes empezaron a trabajar muy jóvenes puedan jubilarse con el 100% de la pensión entre dos y cuatro años antes de la edad legal fijada. Estas referencias internacionales han sido utilizadas por los defensores de la reforma para argumentar que la medida no es excepcional en el contexto europeo.
Desde el Ministerio de Seguridad Social, sin embargo, se ha puesto el foco en que «son pocos los países» del entorno en los que la jubilación anticipada no penaliza los casos de largos periodos de cotización. El departamento dirigido por Elma Saiz considera que la reforma del sistema de pensiones actualmente en vigor ya contempla medidas de protección al respecto, como el complemento económico para quienes accedieron a la jubilación anticipada entre enero de 2002 y diciembre de 2021 con largos periodos de cotización y bajas pensiones.
Los sindicatos y las organizaciones de pensionistas, divididos
La iniciativa ha generado reacciones diversas entre los agentes sociales. Desde UGT se realiza una valoración positiva y se recuerda que se trata de una «reivindicación histórica» de la organización, que ya defendía en 2020 la eliminación de los coeficientes reductores para las jubilaciones anticipadas con más de 40 años cotizados. El sindicato pide ahora que la iniciativa consiga el respaldo parlamentario necesario para convertirse en ley.
La Unión Democrática de Pensionistas (UDP) también se muestra favorable, al considerar que después de cotizar durante 40 años «no puedes estar penalizado». Su presidente califica la medida como «una cuestión de justicia» y respalda que finalmente haya posibilidad de que pueda ser aprobada.
Más crítica con el contenido concreto de la propuesta se muestra CCOO, que considera la proposición «manifiestamente mejorable», fundamentalmente porque concentra la mejora en quienes acrediten 40 años y no beneficia a quienes se encuentran por debajo de ese umbral. A su juicio, esto introduce además un sesgo de género, al ser mayoritariamente hombres quienes acumulan las carreras de cotización más largas. CCOO apuesta por ampliar las mejoras al conjunto de las personas que acceden a la prejubilación en el marco de la Mesa de Diálogo Social.
El camino legislativo que queda por delante será determinante para el alcance real de la reforma. La proposición debe pasar por la comisión correspondiente, atravesar el periodo de enmiendas y ser nuevamente votada. Varias formaciones que respaldaron la tramitación han dejado claro que intentarán introducir cambios importantes en el texto, especialmente en lo relativo al umbral de años cotizados, su aplicación a la jubilación voluntaria y la retroactividad.
La votación de este martes supone, en cualquier caso, un punto de inflexión en un debate que llevaba años encallado. Para los cerca de 900.000 afectados que calcula Asjubi40, sin embargo, todavía no cambia la pensión que cobran cada mes. Hasta que la ley complete su recorrido y aparezca publicada en el BOE, los actuales coeficientes reductores continúan plenamente vigentes. La pelota está ahora en el tejado de la tramitación parlamentaria, donde deberán concretarse los principales interrogantes: el umbral de años cotizados, su aplicación a la jubilación voluntaria, la retroactividad y cómo financiar un coste que el Gobierno cifra en más de 3.300 millones de euros anuales.
