La Casa Blanca ha confirmado lo que durante días fue un secreto a voces en los círculos energéticos internacionales: Estados Unidos y Venezuela han cerrado un acuerdo que otorga a Washington el control mayoritario sobre una parte sustancial de las reservas de crudo del país sudamericano. El anuncio, realizado por el presidente Donald Trump a través de su plataforma Truth Social, describe la operación como «el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial», una afirmación que, más allá de la hipérbole habitual del mandatario, sitúa la magnitud del pacto en dimensiones difíciles de comparar con cualquier precedente moderno.
Según los detalles revelados por la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, el convenio contempla el desarrollo conjunto de 17 campos estratégicos que albergan unas reservas probadas de 65.000 millones de barriles. Esta cifra representa aproximadamente el 21,5% del total de reservas venezolanas, estimadas en unos 303.000 millones de barriles por la Administración de Información Energética de EE.UU. (EIA), y equivale al 141% de las reservas probadas de crudo y condensado de Estados Unidos, que al cierre de 2024 ascendían a 46.000 millones de barriles. En otras palabras, el acuerdo más que duplica las reservas petroleras estadounidenses, un salto cuantitativo que ningún otro pacto bilateral ha logrado jamás.
Los términos del pacto: control, inversión y arrendamiento centenario
El acuerdo, negociado directamente por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, junto a la propia Rodríguez, establece un modelo de gestión que combina la participación accionarial con la producción. Según un funcionario estadounidense citado por Associated Press, Washington tendrá una participación efectiva del 55% en la nueva empresa, repartida entre propiedad accionarial y derechos de compra de petróleo a precio de coste. La entidad, que operará bajo un arrendamiento de 100 años, se convertiría en la segunda mayor compañía del mundo en reservas probadas, solo por detrás de Saudi Aramco.
La estructura jurídica del pacto ha generado un intenso debate entre expertos. La Constitución venezolana establece que los yacimientos petrolíferos pertenecen al Estado y no pueden transferirse a otro propietario, lo que plantea un posible obstáculo legal. Sin embargo, las reformas aprobadas recientemente por el Gobierno de Rodríguez permiten la creación de empresas mixtas y contratos de producción compartida, un marco que la Administración Trump considera suficiente para dar cobertura legal a la operación. Reuters, que tuvo acceso a una lista de los 17 yacimientos incluidos en las conversaciones, señala que entre ellos figuran campos sin desarrollar de la Faja del Orinoco y otros más antiguos situados en torno al lago de Maracaibo.
La inversión prevista alcanza los 100.000 millones de dólares, una cifra que Rodríguez desglosó en su comunicado oficial: más de 209.000 millones en tributos para el Estado venezolano y un flujo de capital extranjero destinado a la recuperación de infraestructuras estratégicas. La mandataria interina, que asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro en enero, aseguró que el pacto permitirá «incrementar considerablemente la producción de petróleo con la participación de operadores privados» y contribuirá a «la seguridad energética de nuestro hemisferio y a un mayor equilibrio en los mercados internacionales».
Un contexto de crisis: la guerra de Irán y el precio de la gasolina
La urgencia geopolítica de este macroacuerdo responde a una coyuntura crítica. El conflicto con Irán y el bloqueo del Estrecho de Ormuz han reducido la Reserva Estratégica de Petróleo de EE.UU. hasta el 41% de su capacidad, el nivel más bajo en cuatro décadas, y han disparado el precio medio de la gasolina hasta los 4,09 dólares por galón. Esta situación ha generado una presión creciente sobre la Administración Trump, que afronta elecciones legislativas en poco más de dos meses con unas encuestas que reflejan el descontento ciudadano por el alto coste de la vida.
El impacto de la crisis energética ha trascendido el Atlántico. En España, el IPC escaló al 4,3% en agosto, su peor dato en 43 meses, arrastrado por un repunte del 17% en los productos energéticos. Esta circunstancia ha obligado al Gobierno a recuperar la bonificación de 20 céntimos al diésel, una medida que evidencia la vulnerabilidad europea ante las turbulencias del mercado petrolero. El control del crudo venezolano emerge así como la gran apuesta de Washington para enviar una señal de estabilización que desbloquee el mercado a futuro y relaje los precios, aunque los expertos advierten de que el impacto físico en el suministro global no se notará a corto plazo.
Trump, que tiene previsto reunirse el próximo martes con los responsables de las principales petroleras estadounidenses, ha insistido en que el acuerdo se ha gestado «sin coste alguno para el contribuyente estadounidense», gracias a una alianza directa con el sector privado. Chevron, la única gran compañía que opera actualmente en Venezuela, negocia ampliar su presencia con la incorporación de dos nuevos yacimientos, mientras que Halliburton mantiene conversaciones para prestar servicios a productores del país. SLB y Hunt Oil ya han firmado contratos durante el mes de agosto, según confirmaron varias fuentes a The Wall Street Journal.
La reacción de la oposición y los interrogantes legales
El anuncio del acuerdo ha provocado una oleada de críticas entre sectores de la oposición venezolana que llevan meses presionando a Washington para que condicione su apoyo a Rodríguez a la celebración de elecciones libres. Ricardo Hausmann, economista de la Universidad de Harvard y exfuncionario del Gobierno venezolano, fue especialmente contundente en su valoración: «Un gobierno interino ilegítimo con una ley de hidrocarburos ilegítima no tiene legitimidad para cerrar este acuerdo inconstitucional». El economista auguró que la operación «será un fiasco para todos los implicados, empezando por Rubio».
La Constitución venezolana reserva al Estado la propiedad de los yacimientos petrolíferos, un precepto que choca frontalmente con la cesión de control mayoritario a una entidad controlada por el Gobierno estadounidense. Aunque las reformas legales impulsadas por la Administración Rodríguez han flexibilizado el marco regulatorio, permitiendo empresas mixtas y contratos de producción compartida, la transferencia de derechos de explotación a un actor extranjero durante un siglo carece de precedentes en la historia jurídica del país. Los expertos consultados por Reuters advierten de que esta circunstancia podría generar litigios futuros y comprometer la viabilidad del acuerdo.
La oposición democrática, que esperaba un proceso de transición política tras la caída de Maduro, ve con preocupación cómo la alianza entre Trump y Rodríguez se consolida a costa de los recursos naturales del país. Han pasado casi ocho meses desde la captura del dictador y no hay rastro del calendario electoral que prometió Washington. La operación, lejos de favorecer la apertura institucional, refuerza la posición de la presidenta interina y profundiza la dependencia del régimen chavista respecto a Estados Unidos.
El desafío técnico: recuperar una industria devastada
Más allá de las consideraciones políticas y legales, el acuerdo enfrenta un desafío técnico de enormes proporciones. Venezuela llegó a producir más de tres millones de barriles diarios a finales de los años 90, pero la extracción se desplomó en las décadas siguientes por la falta de inversión, el deterioro de las infraestructuras, los problemas operativos y las sanciones internacionales. Actualmente, el país produce alrededor de 1,25 millones de barriles diarios, una cifra que representa apenas el 1% de la producción mundial y que se sitúa muy por debajo de su máximo histórico.
El crudo venezolano, especialmente el de la Faja del Orinoco, es extrapesado y muy viscoso, con una densidad que oscila entre 8º y 16º API. Esta característica geológica exige procesos de extracción costosos y el uso de diluyentes, lo que encarece la producción y reduce los márgenes de beneficio. A ello se suma una infraestructura en ruinas: oleoductos obsoletos, refinerías semiparalizadas y un sistema eléctrico deficiente que compromete cualquier operación a gran escala. Los expertos del sector consideran que devolver al país a los tres millones de barriles diarios requerirá más de una década de inversiones continuadas.
El acuerdo contempla precisamente esa reconstrucción. La entrada masiva de capital privado estadounidense, financiada por las propias compañías, permitiría modernizar pozos, oleoductos, refinerías y puertos, sentando las bases para una recuperación sostenida de la producción. Trump, que ya prometió tras la captura de Maduro que «nuestras muy grandes compañías petroleras entrarían a reparar la infraestructura gravemente deteriorada», ve en esta operación la materialización de su plan: garantizar el suministro de crudo a las refinerías de la costa del Golfo, que están diseñadas para procesar petróleo pesado, y reducir la dependencia de las importaciones de Oriente Medio.
Un punto de inflexión en las relaciones bilaterales
El acuerdo marca un hito en las relaciones entre ambos países, que pasaron de la confrontación abierta durante la era Maduro a una creciente normalización bajo el mandato de Rodríguez. Estados Unidos ha flexibilizado las sanciones, ha intervenido el sector petrolero venezolano y ha animado a las compañías estadounidenses a regresar a un país donde durante décadas fueron víctimas de expropiaciones. La reanudación formal de los vínculos diplomáticos en marzo, tras siete años de ruptura, ha facilitado un acercamiento que culmina ahora con este pacto energético.
Para Washington, la operación tiene un valor estratégico incalculable. Más allá del control sobre 65.000 millones de barriles, el acuerdo aleja a Venezuela de la órbita de China, Rusia e Irán, y consolida la influencia estadounidense en el Hemisferio Occidental. La posible salida de Venezuela de la OPEP y su repercusión en la economía global, que se baraja como un escenario real, debilitaría aún más la influencia de los países de Oriente Medio en el precio del combustible y reforzaría la posición de Estados Unidos como garante de la estabilidad energética global.
La magnitud de la operación, sin embargo, no está exenta de riesgos. La falta de transparencia sobre los detalles jurídicos y financieros del acuerdo, la incertidumbre sobre la estructura legal de la nueva empresa y las dudas sobre la capacidad real de las compañías para operar en un entorno tan complejo como el venezolano constituyen factores de vulnerabilidad que podrían comprometer su ejecución. El propio Trump reconoció que el impacto en los precios de la gasolina se notará «a largo plazo», una admisión implícita de que los beneficios tangibles del pacto tardarán años en materializarse.
