El debate sobre los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) ha vuelto con fuerza a la agenda pública chilena, esta vez de la mano de un plan de cobro más agresivo por parte del Gobierno. La prioridad inmediata está puesta en quienes tienen mayor capacidad de pago, con medidas que van desde notificaciones formales hasta eventuales embargos de bienes.
En paralelo, se están activando mecanismos automáticos como la retención de devoluciones de impuestos durante la Operación Renta, lo que ha pillado por sorpresa a muchas personas que desconocían su situación de morosidad. La combinación de estas herramientas marca un giro claro: el Estado quiere recuperar una deuda millonaria que se ha disparado en los últimos años.
Plan del Gobierno: quiénes serán los primeros deudores del CAE en la mira
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, instruyó a la Tesorería General de la República (TGR) para que reactive y acelere el proceso de cobro del CAE. Según los antecedentes manejados al interior del Ejecutivo, la primera semana de abril comenzarán a salir notificaciones formales dirigidas a un grupo acotado pero relevante de morosos.
Ese primer tramo está compuesto por, al menos, 1.800 personas con ingresos mensuales superiores a $5 millones, que mantienen deudas impagas del CAE desde hace tiempo. De acuerdo a los datos internos, cada uno de estos deudores arrastra una deuda promedio cercana a los $11 millones, lo que se traduce en unos US$20 millones de merma para el Estado si no se cobran.
La instrucción de Hacienda es clara: se buscará que el pago se produzca en el corto plazo, aprovechando todas las herramientas legales disponibles. Entre ellas destaca la posibilidad de descontar directamente fondos desde las cuentas bancarias de los deudores identificados, siempre que exista saldo suficiente para cubrir total o parcialmente la obligación.
En los casos en que el dinero disponible en las cuentas no alcance, el Gobierno no descarta ir un paso más allá y activar el embargo de bienes como vehículos u otros activos. Estas medidas, que hasta ahora se habían aplicado con baja intensidad, se convierten en la carta fuerte para presionar a quienes, según el Ejecutivo, sí tienen margen económico para saldar su deuda.
Al interior del Gobierno se admite que, tras conocerse estos anuncios, un número creciente de deudores de altos ingresos ya ha comenzado a acercarse a Tesorería para sondear alternativas y regularizar su situación antes de enfrentar medidas más drásticas.
Segunda fase: presión y facilidades para ingresos medios
Una vez desplegada la ofensiva inicial sobre el grupo de mayores ingresos, el plan contempla una segunda etapa centrada en quienes ganan entre $1,5 millones y $5 millones mensuales. En este caso, la estrategia combina presión con ciertas facilidades de pago, intentando evitar que el conflicto escale rápidamente a los tribunales.
Para este segmento, la TGR ofrecerá la posibilidad de suscribir convenios y repactar la deuda, aunque con una condición clave: serán los propios deudores quienes deberán acercarse voluntariamente a las oficinas o canales oficiales para concretar estos acuerdos. Quienes no se muevan corren el riesgo de que, con el tiempo, se apliquen medidas similares a las previstas para los tramos de renta más alta.
El foco político del Gobierno ha sido insistir en que la reactivación del cobro busca especialmente a los deudores del CAE con capacidad de pago, en el marco de un esfuerzo más amplio por incrementar la recaudación fiscal. El ministro Quiroz ha enmarcado esta estrategia dentro de un proceso de saneamiento de las finanzas públicas, subrayando que la morosidad del CAE se ha disparado en los últimos años.
Para quienes obtienen ingresos inferiores a $1,5 millones mensuales, el diseño del plan todavía se mantiene más difuso. El tramo de menores sueldos queda, por ahora, pendiente de medidas específicas, lo que abre la puerta a futuros ajustes o a un tratamiento diferenciado, dados los debates sociales que históricamente ha generado el CAE.
En cualquier caso, el mensaje que se intenta transmitir desde Hacienda es que el Estado no renunciará a las herramientas legales para recuperar el dinero, aunque el ritmo y la intensidad del cobro variarán según la capacidad económica de cada grupo.
Cómo puede cobrar el Estado: de las retenciones al embargo de bienes
La reactivación del cobro del CAE se apoya en un entramado de facultades administrativas y judiciales y medidas de control tributario que ya existían, pero que durante años tuvieron una aplicación limitada. Expertos en derecho tributario y administrativo coinciden en que el problema no ha sido la ausencia de normas, sino la escasa persecución de la mora en la práctica.
Una vez que un crédito CAE entra en mora y se ejecuta la garantía estatal, la deuda pasa a ser exigible directamente por el Fisco. En ese momento, la Tesorería General de la República se transforma en el organismo encargado de impulsar su cobro, con un abanico de herramientas a su disposición.
En la fase administrativa, las primeras medidas suelen ser menos invasivas, pero igualmente efectivas: se puede recurrir a la retención de devoluciones de impuestos durante la Operación Renta, compensaciones con otros créditos a favor del contribuyente y diversas formas de notificación preventiva para instar al pago voluntario.
Si estas vías no dan resultado, el Estado puede escalar hacia mecanismos judiciales. En ese escenario se utilizan los llamados juicios ejecutivos, pensados precisamente para exigir el pago de deudas en forma rápida. A través de estos procesos, Tesorería solicita a un tribunal civil un mandamiento de ejecución y embargo sobre los bienes del deudor.
Si la persona notificada no paga ni presenta defensas dentro del plazo legal, el proceso avanza hacia el embargo efectivo y el eventual remate de los bienes afectados, con el objetivo de cubrir el monto adeudado. La notificación, como regla general, se hace de manera personal; no obstante, la ley también permite alternativas como la notificación por cédula o por avisos cuando no es posible ubicar al deudor en su domicilio.
Retención de la devolución de impuestos a deudores del CAE
Cada año, miles de contribuyentes esperan la llegada de su devolución de impuestos, pero muchos se llevan una sorpresa cuando descubren que su dinero ha sido retenido total o parcialmente. Uno de los motivos habituales para esta situación son las deudas impagas del CAE.
La normativa vigente faculta a la Tesorería para realizar retenciones automáticas cuando existen obligaciones morosas con el Estado, y entre ellas se encuentran las cuotas vencidas de este crédito universitario. En la práctica, el monto que el contribuyente esperaba recibir como devolución puede terminar aplicado directamente al pago de la deuda con el Fisco.
El funcionamiento es relativamente sencillo: si la devolución de impuestos alcanza para cubrir la totalidad de lo adeudado, la retención será completa y la deuda quedará saldada o al menos reducida de forma significativa. Si la suma es menor al saldo pendiente, se aplicará un descuento parcial y el resto seguirá registrándose como deuda morosa en los sistemas de Tesorería.
Profesionales del ámbito tributario insisten en que estas retenciones no son una excepción, sino que forman parte del arsenal habitual de cobranza estatal, que también se usa para otras obligaciones como pensiones alimenticias o deudas fiscales. El problema para muchas personas es que se enteran demasiado tarde, cuando ya han hecho planes con un dinero que finalmente nunca llega.
Por ello, especialistas recomiendan revisar con antelación el estado de las obligaciones con el Fisco antes de la declaración de renta, especialmente si hubo financiamiento de estudios superiores mediante CAE. De lo contrario, la devolución de impuestos puede convertirse en una suerte de “pago forzado” que desordena por completo la planificación financiera anual.
Recomendaciones para deudores: cómo anticiparse al cobro del CAE
Frente a este escenario de endurecimiento en la cobranza, los expertos en temas financieros y tributarios coinciden en que la mejor estrategia para los deudores del CAE es anticiparse y tener claro su estado real antes de que lleguen las notificaciones o las retenciones.
Un primer paso básico es consultar el detalle de la deuda en los portales oficiales habilitados para ello, donde se puede ver si existen cuotas en mora, montos de capital, intereses y cualquier garantía ya ejecutada por parte del Estado. Esta revisión permite dimensionar si la situación es manejable por la vía de un convenio o si conviene buscar asesoría especializada.
Otra recomendación frecuente es comprobar si existen retenciones ya decretadas o procesos de cobro en curso ante la Tesorería. En algunos casos, el contribuyente puede no haber recibido o haber pasado por alto las notificaciones, lo que no impide que la maquinaria administrativa siga su curso e impacte, por ejemplo, en la devolución de impuestos o en futuros trámites.
En aquellos casos donde la carga financiera se hace difícil de asumir, una alternativa es explorar opciones de repactación o convenios de pago con la propia Tesorería, especialmente para quienes se ubican en el tramo de ingresos medios sobre el que el Gobierno ha dicho que ofrecerá facilidades. Si bien estos acuerdos pueden extender la vida de la deuda, también permiten evitar juicios, embargos y mayores costos asociados.
Por último, los especialistas aconsejan no contar la devolución de impuestos como un ingreso seguro cuando existen dudas sobre obligaciones pendientes con el Estado. Incluir ese posible dinero en el presupuesto sin tener certeza de que se recibirá es un error habitual que puede terminar generando un agujero importante en las finanzas personales o familiares.
La ofensiva del Gobierno chileno contra la morosidad del CAE supone un cambio de ritmo en la forma en que el Estado se relaciona con quienes estudiaron con este crédito y no han pagado. El énfasis en los deudores con mayor capacidad de pago, el uso intensivo de herramientas como las retenciones de impuestos, los descuentos en cuentas bancarias y los embargos, junto con la opción de convenios para rentas medias, dibujan un escenario en el que ignorar la deuda deja de ser una alternativa viable para miles de personas.
