Despidos, bajas médicas y absentismo: qué permiten la ley y los tribunales

  • El absentismo y las bajas médicas presionan las cuentas empresariales y reabren el debate sobre el despido por bajas reiteradas.
  • Los tribunales analizan si la actividad durante una incapacidad temporal retrasa la recuperación o contradice las indicaciones médicas.
  • Desde 2020 no existe en España el despido objetivo por acumular bajas justificadas, aunque sí cabe acudir a causas disciplinarias, ETOP o por fraude acreditado.
  • La discriminación por enfermedad o discapacidad puede anular el despido y obligar a readmitir, pagar salarios y una indemnización adicional.

Despido laboral

La relación entre despido y salud del trabajador vuelve a estar en el centro del debate laboral en España. No se trata solo de saber si una empresa puede extinguir un contrato, sino de cuándo una ausencia médica, una incapacidad temporal o una conducta durante la baja justifican una sanción o una salida forzosa.

El marco legal cambió desde febrero de 2020, cuando desapareció el despido objetivo por acumulación de bajas justificadas. A la vez, los datos de absentismo presionan a las empresas, los tribunales dictan fallos dispares según cada caso y las patronales reclaman volver a algunas fórmulas del pasado. Los sindicatos, en cambio, advierten del riesgo de discriminación.

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Absentismo y bajas médicas: el pulso entre empresas, Gobierno y sindicatos

Absentismo laboral

Las cifras de absentismo han escalado hasta niveles que muchas compañías consideran insostenibles. En 2026 se habla de 1,63 millones de trabajadores que no acuden a su puesto cada día, según los datos difundidos por Randstad. En el segundo trimestre de ese año se perdió el 7,2% de las horas pactadas, sobre todo por procesos de incapacidad temporal.

Por territorios, Asturias y Canarias aparecen a la cabeza, con cerca de un 9% de horas perdidas. Los sectores de correos, servicios a edificios y jardinería superan el 12%. En comercio, el absentismo ronda el 8% y genera un impacto anual de unos 240 millones de euros, equivalente al 21% de la inversión del sector, según Anged y Adecco.

La CEOE calcula que el coste global alcanza los 33.000 millones de euros al año. De esa cantidad, unos 17.000 millones corresponden a prestaciones de la Seguridad Social y el resto recae en las empresas. La incidencia de las bajas se ha triplicado en la última década, lo que explica la insistencia patronal en adoptar medidas inmediatas.

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El Libro Blanco sobre el Absentismo de Fomento del Trabajo aporta otra fotografía: en 2025 se iniciaron 9,1 millones de procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes, frente a 660.952 de contingencias profesionales. El coste conjunto para la Seguridad Social y las empresas llegó a 33.280 millones, casi el doble que en 2019; 16.115 millones los asumieron directamente las compañías.

Ese diagnóstico se completa con 1.407.819 trabajadores que no pisaron su centro de trabajo ni un solo día en 2025, un 7,73% más que el año anterior y un 75,6% más que en 2018. La patronal catalana subraya que la incapacidad temporal por contingencias comunes concentra cerca del 80% de las ausencias y que el fenómeno es multifactorial.

Entre las propuestas empresariales están reducir listas de espera, coordinar mejor sanidad pública, INSS, mutuas, inspecciones médicas y empresas, revisar el pago delegado o aliviar la carga de los primeros días de baja. Fomento también pide recuperar el despido objetivo por absentismo con garantías jurídicas. La CEOE reclama que el Estado asuma temporalmente el coste total de las bajas mientras mejora el sistema sanitario.

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El presidente de Fomento, Josep Sánchez Llibre, ha advertido de que el absentismo empieza a ser inasumible para la economía y ha pedido al Gobierno y a los grupos parlamentarios que lo pongan en la agenda. En el plano político, Alberto Núñez Feijóo ha planteado que los médicos de las mutuas puedan emitir altas, una idea defendida por AMAT con un ahorro potencial de 3.585 millones de euros.

CCOO rechaza ese paso porque, a su juicio, generaría un conflicto de interés y defiende que las mutuas se integren como entidades gestoras de la Seguridad Social. El Gobierno, por ahora, habla de observatorio, plazos y convenios con las mutuas desde el departamento de Elma Saiz. Los sindicatos insisten en que el reconocimiento de las bajas comunes debe seguir en manos públicas.

Qué valoran los jueces cuando una baja coincide con otras actividades

Baja médica y despido

La normativa laboral no incluye una lista cerrada de lo que puede o no hacer una persona de baja. El artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores permite el despido disciplinario cuando hay un incumplimiento grave de la buena fe contractual. La clave judicial no suele ser la actividad en sí, sino si contradice el diagnóstico, retrasa la curación o revela una capacidad incompatible con la incapacidad temporal.

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En la Comunidad Valenciana, un empleado de baja por una lesión lumbar fue despedido tras acreditarse que corría, hacía rutas de montaña y entrenaba en gimnasio. El tribunal entendió que esas prácticas entorpecían su recuperación y avaló la decisión empresarial. En Aragón ocurrió algo parecido con un trabajador en recuperación de una lesión de rodilla que participó en torneos de pádel.

El resultado cambia cuando no se demuestra esa incompatibilidad. El Tribunal Superior de Justicia de Murcia consideró improcedente el despido de un empleado de baja por depresión y ansiedad que viajó doce días al extranjero, porque no se probó perjuicio para su tratamiento ni contradicción con las recomendaciones médicas. El Supremo también ha tenido en cuenta informes que recomendaban ejercicio moderado en un caso de lumbalgia y pádel.

El País Vasco ha analizado otro supuesto llamativo: un trabajador que sufrió la pérdida de visión de un ojo en un accidente laboral en diciembre de 2024, llevaba prótesis ocular y siguió de baja hasta septiembre de 2025. La empresa lo despidió en mayo de 2025 después de que un delegado de personal lo viera trabajando en un local de hostelería de Leioa. Una agencia de detectives sostuvo que servía consumiciones, recogía mesas y gestionaba cobros.

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El TSJ vasco declaró nulo ese despido en una sentencia de septiembre de 2026. La resolución recordó que el accidente y las lesiones estaban acreditados, que la actividad detectada se limitó a dos días concretos y que no había prueba de incompatibilidad ni de retraso en la recuperación. Tampoco existía una prohibición médica expresa. El tribunal diferenció las funciones de peón siderometalúrgico de las tareas puntuales de camarero y apreció discriminación por enfermedad al amparo de la Ley 15/2022, con readmisión, salarios dejados de percibir y 10.000 euros adicionales.

Otra resolución del TSJ del País Vasco, de julio de 2026 (STSJ núm. 1877/2026, rec. 1654/2026), examinó el caso de un trabajador y representante legal de los trabajadores de baja por epicondilitis en el codo derecho. La empresa contrató detectives y comprobó que había hecho rutas de bicicleta de montaña. El trabajador alegó represalias, pero la Sala no vio indicios suficientes de vulneración de la garantía de indemnidad o la libertad sindical.

En el fondo, el tribunal repitió una doctrina consolidada: estar de baja no convierte en ilícita cualquier actividad. Solo tiene relevancia disciplinaria si demuestra una capacidad laboral incompatible con la incapacidad o si puede dificultar la curación. En ese expediente constaban tres recorridos de unos 45 kilómetros en bicicleta, con ascenso a un puerto exigente, mientras el trabajador seguía en tratamiento rehabilitador por dolor persistente.

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Un caso anterior en Murcia muestra que la proporcionalidad también importa. Una empleada de una empresa de frutas, con contrato desde septiembre de 2017, fue despedida en agosto de 2023 tras acumular 13 faltas de asistencia y puntualidad en seis meses. Algunas ausencias se justificaron por WhatsApp, sin informe médico y a veces sin aviso suficiente. La empresa alegó ausencias, faltas de respeto y retrasos continuados.

El Tribunal de Instancia de Murcia declaró el despido improcedente y ofreció a la compañía elegir entre readmitir o indemnizar con 7.687,02 euros. El TSJ de Murcia confirmó después esa calificación y añadió 800 euros de costas. Los magistrados consideraron desproporcionada la sanción porque algunos retrasos eran de uno, cinco o siete minutos y las faltas no llegaban a los umbrales del convenio colectivo para ser graves.

Despido objetivo por bajas reiteradas: una vía cerrada que algunos quieren reabrir

Hasta 2020, el artículo 52.d) del Estatuto de los Trabajadores permitía despedir por causas objetivas, con una indemnización de veinte días por año, cuando las faltas de asistencia justificadas por bajas médicas cortas superaban ciertos porcentajes. La norma se aplicaba aunque las ausencias fueran intermitentes y estuvieran justificadas.

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Esa posibilidad desapareció con el Real Decreto-ley 4/2020, de 18 de febrero, confirmado por la Ley 1/2020, de 15 de julio. Desde el 20 de febrero de 2020 no existe en España un mecanismo que permita extinguir el contrato de forma objetiva solo por acumular bajas médicas justificadas, por muchas que sean. Foment del Trabajo y otras patronales piden recuperarlo, pero los sindicatos se oponen.

El motivo de la derogación está en la doctrina europea. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea concluyó en los asuntos Ruiz Conejero y Nobel Plastiques Ibérica que despedir por faltas derivadas de una dolencia crónica o discapacidad podía ser discriminación indirecta si no se analizaba cada caso. El legislador español optó por eliminar directamente la causa.

Hoy quedan otras vías, pero más exigentes. La empresa puede acudir al despido disciplinario por fraude o simulación de la baja, siempre que acredite mala fe con pruebas sólidas, habitualmente informes de detectives o de la mutua. También puede usar causas económicas, técnicas, organizativas o de producción del artículo 52.c), pero nunca basadas en la enfermedad o en las bajas en sí.

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El mayor riesgo es la nulidad por discriminación. Si la decisión, con cualquier etiqueta, responde en realidad a las bajas médicas y el trabajador acredita una dolencia crónica o discapacidad, los tribunales pueden anular el despido. La nulidad obliga a readmitir y abonar salarios dejados de percibir; la improcedencia permite indemnizar y cerrar la relación laboral.

Como herramienta de control, el artículo 20.4 del Estatuto permite verificar el estado de enfermedad mediante reconocimiento médico, normalmente a través de la mutua. Si el trabajador se niega sin justificación, puede perder la prestación económica a cargo de la empresa, pero eso no basta por sí solo para justificar un despido. La empresa tampoco puede sustituir el criterio del médico público ni decidir por su cuenta el alta.

La práctica recomendable pasa por documentar ausencias, pedir controles cuando haya dudas fundadas, valorar medidas organizativas como redistribuir tareas o contratar interinos y reservar la sanción para fraudes acreditados. Actuar de forma automática ante una simple acumulación de bajas es, hoy, la vía con más riesgo legal y económico para una compañía.

Fraude, discriminación y errores de indemnización: los frentes judiciales

Los fallos recientes coinciden en que la sospecha no sustituye a la prueba sólida. En los casos de bajas médicas, la empresa debe demostrar que la conducta del trabajador rompió la buena fe o que resultó incompatible con su recuperación. Si no lo consigue, el despido puede caer por improcedente o incluso por nulo si se aprecia discriminación por enfermedad o discapacidad.

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La cuantía de la indemnización también puede jugar malas pasadas. El TSJ de Navarra declaró improcedente un despido objetivo porque la compañía puso a disposición una cantidad inferior a la legal. Faltaban 407 euros sobre 1.082 exigibles, cerca del 38%. La empresa había intentado compensar el déficit sumando 573 euros de vacaciones no disfrutadas al finiquito, una maniobra que el tribunal no consideró un simple error aritmético.

La trabajadora había pedido la nulidad alegando que su situación médica motivó el cese, pero la Sala rechazó esa tesis porque solo constaba un mensaje genérico sobre acudir al médico y la crisis económica de la empresa estaba acreditada. La condena final fue de 1.786 euros por improcedencia, con deducción de los 675 ya percibidos y con el Fondo de Garantía Salarial dentro de sus límites legales.

Fuera de España, el caso de la ingeniera Shannon Burns ha llamado la atención por su dimensión económica. Exvicepresidenta de ingeniería en Gitpod, reclama 88 millones de euros tras ser despedida después de un viaje de trabajo a Austria en el que bebió alcohol, perdió la llave de su habitación y acabó durmiendo en una sauna. Sostiene que otros compañeros, incluido el director ejecutivo, también bebieron y que solo se la cesó a ella.

La reclamación incluye salarios, bonus, acciones y el daño a su carrera. Sus participaciones en Gitpod estarían valoradas en 3 millones y podrían alcanzar los 24 millones en cuatro años, según su relato. El tribunal ha pedido aclarar el precio de venta a OpenAI. Hasta ahora, la indemnización más alta en Inglaterra por un asunto laboral era de 5,3 millones, muy lejos de la cifra solicitada.

La situación actual deja varias ideas claras. El absentismo y las bajas médicas tensionan a empresas y administraciones, pero la ley española ya no permite despedir de forma objetiva solo por encadenar bajas justificadas. Los tribunales examinan cada caso, miran los informes médicos y exigen proporcionalidad. Las patronales quieren reabrir el debate, mientras los sindicatos y parte de la jurisprudencia ponen el foco en evitar la discriminación por enfermedad.


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