La situación en el Caribe está que arde y no precisamente por el clima. Cuba atraviesa un momento histórico tras la luz verde dada por la Asamblea Nacional del Poder Popular a un paquete de reformas que pretenden darle un vuelco total a su sistema productivo. Esta decisión llega en un contexto de asfixia económica, donde la falta de suministros básicos y los apagones constantes han obligado al Gobierno a mover ficha con una rapidez inusual, aprobando medidas que hasta hace poco parecían impensables en el modelo estatal.
La celeridad ha sido tal que el plan se ha ratificado en apenas una semana, contando con el respaldo explícito de figuras históricas como Raúl Castro, quien a sus 95 años sigue siendo una voz de peso en las decisiones estratégicas de la isla. Para el ciudadano de a pie, este cambio se traduce en una necesidad imperiosa de transformar la realidad cotidiana para, según las autoridades, poder preservar las bases de su estructura social sin renunciar a la soberanía, pero adaptándose a las exigencias de un mercado global que ya no espera a nadie.
Descentralización y el adiós al estatismo rígido
El núcleo de este terremoto legislativo se compone de 176 transformaciones divididas en 23 ejes fundamentales. Lo que se busca es, básicamente, desinflar el peso del Estado en la gestión diaria y otorgar una autonomía real a los municipios y a las empresas públicas. Ya no se trata de esperar órdenes directas desde La Habana para cada movimiento, sino de que cada entidad pueda buscar su rentabilidad y gestionar sus propios recursos, algo que para los empresarios españoles con intereses en la zona podría suponer una simplificación burocrática considerable a corto plazo.
Uno de los puntos que más comentarios ha generado es la introducción de procedimientos de quiebra y liquidación. Hasta ahora, las empresas estatales vivían en una especie de limbo eterno, pero con la nueva normativa podrán convertirse en sociedades mercantiles por acciones. Esto abre la puerta a que el Estado mantenga el control en sectores que considera estratégicos, mientras permite que otros actores entren en juego, diversificando la gestión y buscando una eficiencia que ahora mismo brilla por su ausencia en muchos sectores del país.
Energía y soberanía alimentaria en el punto de mira
La alimentación se ha elevado a la categoría de asunto de seguridad nacional, y no es para menos. El Gobierno se ha propuesto acabar con las tierras ociosas de forma drástica: o se ponen a producir o se entregan a quien esté dispuesto a currarse el campo. Vaya tela con la determinación, pero es que la dependencia de las importaciones es un lastre que la isla ya no puede soportar. Se busca dinamizar la agricultura para que el mercado interno respire y los precios, que están por las nubes, empiecen a dar un respiro a las familias.
En el plano energético, la apuesta es claramente verde y descentralizada. Para intentar atajar los apagones que traen a la población de cabeza, se han eliminado los aranceles a la importación de tecnologías solares y equipos de almacenamiento. Además, se facilitará que empresas extranjeras vendan directamente paneles e inversores sin tantos intermediarios que encarecen el producto. Es una oportunidad de oro para las renovables europeas que quieran meter el hombro en un mercado con un potencial de sol envidiable pero muy poco aprovechado hasta la fecha.
Inversión extranjera y el papel de la emigración
Aquí es donde la cosa se pone interesante para la comunidad internacional y, sobre todo, para la diáspora. Por primera vez, se establece un marco claro y estable para que los cubanos que residen fuera puedan invertir en su país de origen. Se les darán las mismas facilidades que a cualquier gran inversor extranjero, permitiendo que aporten capital, tecnología o abran nuevos mercados. Esto supone un cambio de paradigma total en la relación de la isla con sus emigrados, tratándolos como socios potenciales en la reconstrucción económica del territorio.
Incluso el sector financiero va a experimentar cambios de calado con la posible creación de una banca privada. Aunque estará bajo la lupa del Banco Central, la idea es que las instituciones financieras sean más ágiles y digitales, facilitando el crédito a quienes emprenden o exportan. Para que todo esto no se quede en papel mojado, el presidente Díaz-Canel ha convocado a un grupo de expertos, incluyendo a economistas críticos y no oficialistas, para que aporten una visión contrastada y ayuden a que estas reformas no se queden trabadas en la maraña administrativa de siempre.
El escenario exterior sigue siendo un quebradero de cabeza, con un bloqueo petrolero que ha puesto al país contra las cuerdas y ha generado protestas espontáneas en varias regiones. A pesar de la presión que llega desde Washington, las autoridades insisten en que estas decisiones se toman de forma soberana y no por imposición externa, aunque es evidente que la necesidad de divisas y combustible ha acelerado todos los plazos. El futuro de estas medidas dependerá ahora de su capacidad para calmar el malestar social y atraer ese capital extranjero que tanto se resiste debido a las sanciones internacionales que aún pesan sobre la isla.