El Plan Anual de Control Tributario y Aduanero 2026 de la Agencia Tributaria se ha convertido en una pieza clave para entender hacia dónde se dirigirá la actuación de la Administración en los próximos meses. No es un simple documento técnico: marca qué perfiles se van a vigilar más, qué operaciones se consideran de riesgo y qué herramientas tecnológicas se van a exprimir al máximo para detectar el fraude.
Este plan se enmarca dentro del Plan Estratégico 2024‑2027 de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y desarrolla, de forma muy detallada, cómo se van a combinar la asistencia al contribuyente, la prevención, la inspección y la recaudación. Si eres empresa, profesional o simplemente contribuyente con cierta complejidad fiscal, conviene conocer bien estas directrices porque condicionarán revisiones, requerimientos y, en su caso, inspecciones.
Qué es el Plan Anual de Control Tributario y cómo encaja en la estrategia de la AEAT
La AEAT tiene encomendada la aplicación efectiva del sistema tributario y aduanero estatal, con la misión de asegurar los recursos públicos que financian servicios esenciales. Para conseguirlo, combina dos grandes líneas de trabajo: por un lado, servicios de información y asistencia que faciliten el cumplimiento voluntario y, por otro, una potente estructura de prevención, control e investigación del fraude.
Dentro de esta arquitectura, el Plan Estratégico 2024‑2027 actúa como hoja de ruta global y plurianual. A partir de él se elaboran cada año las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero, que se publican en el BOE para dar transparencia a los criterios que guiarán la selección de contribuyentes, sectores y riesgos fiscales.
Estas directrices, que en 2026 se aprueban mediante Resolución de 11 de marzo de la Dirección General de la AEAT, no recogen el detalle operativo (que es reservado), pero sí desgranan las líneas de actuación más relevantes en materia de asistencia, prevención, comprobación, recaudación y colaboración con otras administraciones tributarias.
La estructura del plan se articula, como viene siendo habitual desde 2012, en cinco grandes bloques: información y asistencia; prevención de los incumplimientos y fomento del cumplimiento voluntario; investigación y comprobación del fraude tributario y aduanero; control del fraude en fase recaudatoria; y colaboración con las administraciones tributarias autonómicas y forales.
Eje 1: Información y asistencia al contribuyente en 2026
Uno de los pilares del plan es la consolidación del modelo de información y asistencia, rediseñado en 2023 y desplegado entre 2024 y 2025 con el foco puesto en la centralidad del ciudadano y la omnicanalidad. En 2026 se culminan los últimos desarrollos informáticos necesarios para que todos los canales de atención (presencial, telefónico, online, app, chat) estén plenamente integrados.
En este contexto, la AEAT prevé reforzar la atención telefónica y presencial con cita en el día, de manera que el contribuyente pueda obtener cita presencial o telefónica incluso el mismo día de la petición siempre que haya huecos disponibles. Se incorpora además personal laboral específico dedicado a la información y asistencia, lo que libera recursos técnicos para tareas de comprobación e inspección más complejas.
El modelo de omnicanalidad se apoya en una herramienta interna única que recoge el histórico de atenciones, de forma que, con independencia de por dónde entre el contribuyente (teléfono, sede electrónica, app, oficinas), la AEAT disponga de una visión completa de sus consultas y gestiones. Se mantienen y mejoran los servicios de chat, con interfaces más amigables y protocolos de calidad para evaluar respuestas y tiempos.
En el ámbito de las campañas periódicas, destaca la consolidación de Renta DIRECTA para la campaña de IRPF 2025, pensada para contribuyentes que pueden presentar la declaración sin modificar el borrador de Renta WEB. Se amplía el colectivo de potenciales beneficiarios y, para quienes presenten la renta vía app, se ofrece la posibilidad de pagar mediante Bizum o tarjeta electrónica.
También se amplían funcionalidades de Renta WEB en apartados como bienes inmuebles, determinación de gravámenes estatal y autonómico y paneles de retenciones y pagos a cuenta, buscando una usabilidad más clara y una reducción de errores habituales en estos bloques de la declaración.
En paralelo, la AEAT impulsa nuevas herramientas virtuales: se transforma el Informador del Impuesto sobre la Renta de No Residentes en asistente virtual conversacional, se desarrolla un Informador del Impuesto de Matriculación (Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte) y se lanza el Informador a la exportación para operaciones de salida de mercancías del territorio aduanero de la UE.
El área censal también evoluciona con Censos WEB, que ya permitía asistir al emprendedor persona física en el alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores, y que en 2026 se amplía a determinadas modificaciones censales. Además, la Agencia enviará comunicaciones a contribuyentes con discrepancias detectadas en su domicilio fiscal, invitándoles a corregirlas vía Censos WEB.
En materia de pagos, se da un paso relevante: además de las opciones ya existentes en sede electrónica y app (cargo en cuenta, Bizum y tarjeta en entorno seguro), se habilita el pago con tarjeta también en oficinas y por teléfono en determinadas situaciones, reforzando la comodidad del contribuyente a la hora de cancelar deudas.
Un capítulo importante lo ocupa la implantación del Reglamento VERI*FACTU y del Reglamento de Sistemas Informáticos de Facturación (RRSIF). Aunque el plazo para adaptar los sistemas se extiende hasta enero de 2027, la AEAT ya ha puesto en marcha servicios de remisión, consulta y descarga de registros de facturación, cotejo de códigos QR en sede electrónica y una aplicación de facturación gratuita para negocios con procesos sencillos; las grandes campañas de difusión se concentran en el segundo semestre de 2026.
Eje 2: Prevención de incumplimientos y fomento del cumplimiento voluntario
En el segundo bloque, el plan se centra en actuaciones preventivas que tratan de que sea el propio contribuyente quien regularice su situación antes de que se abra un procedimiento de comprobación. La figura estrella en este ámbito es la autoliquidación rectificativa, ya operativa en IRPF, IVA e Impuesto sobre Sociedades y que en 2026 se perfecciona para facilitar su uso y completar todas las casuísticas recaudatorias.
Las autoliquidaciones rectificativas tienen una parte de contenido meramente informativo que la AEAT aprovecha para mejorar la calidad de sus bases de datos; de hecho, muchas campañas de mejora de información se instrumentan ahora mediante la presentación de estas rectificativas, reduciendo la carga administrativa frente a los clásicos requerimientos.
Durante la campaña de IRPF se seguirán enviando avisos preventivos a contribuyentes con alta probabilidad de no presentar la declaración pese a estar obligados, y comunicaciones con incidencias detectadas en las declaraciones ya presentadas, invitando a corregirlas de forma voluntaria vía autoliquidación rectificativa. Estas medidas buscan que el contribuyente pueda planificar gastos para reducir la factura fiscal y evitar procedimientos sancionadores.
En el IVA, el foco recae en los contribuyentes en Suministro Inmediato de Información (SII). Mediante el servicio Pre303, la AEAT detectará discrepancias entre libros agregados y autoliquidaciones y propondrá directamente una autoliquidación rectificativa, que el contribuyente podrá presentar de forma ágil desde el propio Pre303.
Otra línea preventiva relevante es el envío de comunicaciones informativas a sectores con indicadores de riesgo persistentes, aconsejando al contribuyente alinear su comportamiento con los niveles de cumplimiento medios del sector y advirtiendo de la posibilidad de entrar en los sistemas de selección de riesgos si persisten las anomalías.
Estas comunicaciones se complementan con un plan de visitas de carácter censal y formal, especialmente intenso en actividades con fuerte uso de efectivo, rechazo de pagos con tarjeta o riesgo de economía sumergida. En estas visitas se revisan TPV, métodos de cobro, realidad de la actividad y, en 2026, se da un impulso adicional a la detección de contribuyentes que aparentan ejercer una actividad económica sin base real.
Dentro de este plan de visitas, uno de los objetivos es aflorar arrendamientos de inmuebles residenciales para usos distintos de vivienda (alquiler turístico, arrendamientos de temporada) que o bien no se declaran, o bien se declaran incorrectamente como alquiler de vivienda, con la diferente fiscalidad que ello implica.
En el ámbito de los registros especiales de IVA, 2026 verá una intensificación del control sobre los requisitos de permanencia en el Registro de Operadores Intracomunitarios (ROI), el Registro de Devolución Mensual (REDEME) y el Registro de Extractores de Depósitos Fiscales. Se buscan entidades que ya no cumplen las condiciones o cuya permanencia en estos registros supone un riesgo relevante para la integridad del sistema.
En Aduanas e Impuestos Especiales, la prevención girará en torno a la mejora de la coordinación con otras autoridades implicadas en operaciones de comercio exterior, el desarrollo de servicios web de intercambio de certificados y licencias, y la preparación de la Ventanilla Marítima Europea (puesta en marcha prevista para 2027) y de la ventanilla única aduanera de la UE, con el envío automatizado de información sobre el uso de certificados para prevenir su reutilización indebida.
Se vigilará de forma particular el abuso de importaciones exentas de IVA por supuesta entrega en otro Estado miembro, combinado con infravaloraciones, así como el posible uso de fábricas y depósitos fiscales para tramas de IVA, tanto en España como conectadas con otros Estados miembros o terceros países.
Finalmente, el plan incluye una línea específica de simplificación del lenguaje administrativo en documentos de alta incidencia para el contribuyente: comunicaciones sobre el Índice de Entidades, acuerdos sancionadores en IVA y Sociedades y procedimientos sancionadores por resistencia o negativa a las actuaciones de la Administración, con la idea de hacer los textos más claros y comprensibles.
Eje 3: Investigación y comprobación del fraude tributario y aduanero
El tercer bloque del plan describe el modelo de control intensivo y selectivo que aplica la AEAT, graduado en distintos niveles: actuaciones preventivas, comprobaciones limitadas y comprobaciones inspectoras de carácter completo, reservadas para los riesgos más complejos o de mayor entidad.
El punto de partida es siempre la obtención de información, tanto por suministro (declaraciones informativas, convenios con otras administraciones, intercambios internacionales) como por captación mediante requerimientos, asociados o no a procedimientos en curso. En 2026, además de mantener todas las fuentes consolidadas, se da un impulso a la explotación de la nueva información financiera y digital.
En el plano internacional, cobran especial importancia los intercambios automáticos de información sobre cuentas financieras (CRS‑DAC2), el informe país por país (CbC), las sucesivas Directivas de Cooperación Administrativa (DAC), así como FATCA en relación con Estados Unidos. Se refuerza la cooperación con entidades financieras, intermediarios, proveedores de servicios de pago, grupos multinacionales y operadores de plataformas.
En el contexto de la DAC7, la AEAT comenzará a explotar de forma sistemática la información del modelo 238, que recoge las contraprestaciones obtenidas a través de plataformas digitales por ventas de bienes, prestación de servicios, alquiler de inmuebles y medios de transporte. Estos datos se utilizarán tanto para ofrecer información fiscal pre‑cargada a los contribuyentes como para alimentar los modelos de análisis de riesgo.
En el ámbito de los criptoactivos, 2025 fue el primer ejercicio completo con declaración informativa de saldos (modelo 172), operaciones (modelo 173) y criptoactivos en el extranjero (modelo 721). En 2026 se depuran y explotan estos datos por segundo año, con un foco particular en contribuyentes que, habiendo operado de forma significativa, no han declarado ganancias, pérdidas o rendimientos vinculados.
Además, la futura transposición de la DAC8 implicará la ampliación del ámbito de productos financieros sujetos a intercambio automático de información, incluyendo dinero electrónico y monedas digitales de bancos centrales. Para ello se adaptarán los modelos 172 y 721 y se aprobará un nuevo modelo 175 que sustituirá al 173 y exigirá información detallada a proveedores de servicios de criptoactivos.
En paralelo, se amplía el ámbito subjetivo y el contenido de las declaraciones informativas 196 y 170, incorporando entidades de pago, entidades de dinero electrónico y entidades que operan en libre prestación de servicios, con una periodicidad mensual en la mayoría de los datos. También se amplían los modelos 171 y 181 y se crea el nuevo modelo 174, declaración informativa sobre todo tipo de tarjetas, que se presentará por primera vez en enero de 2027 respecto al ejercicio 2026.
Una de las grandes novedades es la recepción, a partir de 2026, de la información necesaria para el control del Impuesto Complementario (Pilar 2), el impuesto mínimo global del 15 % para grandes grupos. A través de los modelos 240 (comunicación de la entidad declarante) y 241 (declaración informativa), y de los intercambios en el marco de la DAC9 y acuerdos multilaterales, la AEAT podrá evaluar riesgos y planificar actuaciones sobre grupos multinacionales y nacionales de gran magnitud.
En cuanto al análisis de riesgos, se seguirá perfeccionando el sistema de gestión centralizada de riesgos, con nuevas herramientas y mapas de riesgo. En 2026 se desarrollará informáticamente una nueva herramienta para el análisis a posteriori de la calidad de la información, acompañada de un mapa unificado de riesgos de calidad que permitirá detectar errores complejos en datos fiscales y censales.
Una línea de trabajo destacada es la construcción de un mapa consolidado de uso de inmuebles urbanos en territorio común, a partir de múltiples fuentes (información catastral, declaraciones, modelos informativos, datos autonómicos, etc.), con el objetivo de conocer el uso efectivo de cada inmueble y detectar aquellos sobre los que apenas se dispone de información, abriendo la puerta a acciones específicas de captación o investigación.
En el terreno de las comprobaciones, el plan distingue varios grandes bloques: grupos multinacionales, grandes empresas y grupos fiscales; análisis patrimonial de personas físicas; ocultación de actividad y abuso societario; control de actividades económicas; y áreas específicas como criptoactivos, neobanca, comercio electrónico o negocio en redes sociales.
Sobre grupos multinacionales y grandes empresas, se acentúa el énfasis en IVA e Impuesto sobre Sociedades, la verificación de la correcta integración de entidades en los grupos, los precios de transferencia (especialmente reestructuraciones, intangibles, servicios intragrupo y operaciones financieras), la deducibilidad de gastos financieros, el uso de estructuras de bajo riesgo empresarial declarado y la erosión de bases imponibles mediante remansamiento de beneficios en el exterior.
En el terreno de la fiscalidad internacional, se mantendrá la apuesta por los acuerdos previos de valoración (APAs) y por los procedimientos amistosos (MAP) para evitar la doble imposición, al tiempo que se refuerzan los controles sobre operaciones vinculadas de mayor complejidad.
Dentro de las áreas de atención preferente se incluye también el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, el Impuesto sobre Transacciones Financieras, el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas y el impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras, con la ayuda de herramientas para identificar no declarantes y bases imponibles anómalas.
En el análisis patrimonial de personas físicas, la AEAT profundizará en todos aquellos supuestos en los que los signos externos de riqueza y nivel de vida no cuadran con las rentas o patrimonios declarados. Se revisará el uso de sociedades instrumentales para financiar gastos personales (viviendas, vehículos de alta gama, embarcaciones, aeronaves, arte), así como los mecanismos utilizados para drenar fondos a los socios encubriendo dividendos (préstamos ficticios, reducciones de capital atípicas, tarjetas de crédito de alto límite, ventas simuladas, cancelaciones irregulares de pasivos).
El régimen fiscal de impatriados también será objeto de escrutinio, especialmente en relación con el cumplimiento real de los requisitos (no residencia anterior, existencia de contrato de trabajo o relación de administración no simulada). Se vigilarán los usos abusivos que pervierten la finalidad del régimen (atraer talento real) para lograr una tributación más baja sin base económica suficiente.
Otro foco serán los cambios de domicilio fiscal entre Comunidades Autónomas que no se corresponden con la residencia efectiva, en especial cuando el entorno empresarial y societario permanece en la comunidad de origen y se aprecia una búsqueda de ventajas fiscales o de obstaculización del control.
En lo que respecta al uso abusivo de sociedades, se intensificarán las actuaciones sobre sociedades controladas por una persona o familia, con análisis conjunto de operaciones, flujos de renta e interacción entre entidades, para detectar menores tipos efectivos de gravamen artificiosamente obtenidos, traslados de bases a sociedades con tipos reducidos o aprovechamiento indebido de regímenes especiales (fusiones, escisiones, canje de valores, etc.).
Las SOCIMI, por su especial régimen y relevancia en el mercado inmobiliario, estarán bajo observación para comprobar tanto las obligaciones propias de la entidad como la correcta declaración de rentas y patrimonio por parte de los inversores, incluyendo las implicaciones en el Impuesto sobre el Patrimonio y el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas.
En materia de IVA, el plan insiste en la persecución de tramas de facturación irregular, sociedades sin actividad real que emiten facturas ficticias para generar devoluciones indebidas, deducciones incorrectas o gastos no reales. Las nuevas herramientas informáticas permiten analizar cadenas completas de facturación, identificando emisores, receptores y sociedades pantalla interpuestas.
Se continuará, además, el control reforzado del fraude intracomunitario de IVA en el sector de vehículos, apoyado en el convenio con la Dirección General de Tráfico, que facilita la detección de fraudes en matriculación y transmisiones posteriores.
El sector inmobiliario merece un capítulo aparte: la AEAT controlará de forma integral promoción, construcción, comercialización e intermediación, con especial atención a la deducción de gastos financieros, el uso abusivo de subcontratas, la valoración de inmuebles en transmisiones entre vinculadas, las operaciones complejas de rehabilitación y las transmisiones sucesivas. También se intensifica el control sobre arrendamientos, muy en particular los gestionados a través de plataformas digitales y el alquiler turístico.
En la economía digital y de plataformas, el plan se centra en vendedores online, arrendadores a través de plataformas, prestadores de servicios digitales y creadores de contenido en redes sociales (influencers), revisando tanto la tributación de sus ingresos como su residencia fiscal real. Se cruzará la información DAC7, CESOP (pagos transfronterizos reportados por proveedores de servicios de pago) y otros modelos informativos.
Los criptoactivos y la neobanca se consolidan como áreas de riesgo. Se intensificarán las actuaciones sobre contribuyentes que utilicen monedas virtuales, wallets no custodiadas, exchanges extranjeros o cuentas en neobancos para ocultar rentas o patrimonios, aprovechando herramientas de trazabilidad en blockchain y la nueva información mensualizada de titularidades financieras y cobros con tarjeta.
En el ámbito de no residentes, se reforzará la comprobación de retenciones en dividendos, intereses y cánones, verificando la condición de beneficiario efectivo y evitando usos abusivos de la normativa europea y de convenios de doble imposición. También se controlarán las ganancias patrimoniales de no residentes por inmuebles situados en España y la correcta aplicación del régimen FASTER de devolución rápida de retenciones, aunque su plena aplicación se extienda en el tiempo.
La colaboración con las Haciendas Forales del País Vasco y Navarra seguirá siendo intensa, tanto para la correcta aplicación de los puntos de conexión y porcentajes de tributación como para la lucha coordinada contra el fraude en hidrocarburos, vehículos y tramas de IVA, así como en el control de agrupaciones de interés económico que actúan en territorios de más de una administración.
En paralelo a todo ello, la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) y la Oficina Nacional de Investigación de Aduanas e Impuestos Especiales desarrollarán actuaciones de investigación sobre fraude sofisticado, poniendo especial énfasis en estructuras opacas, blanqueo de capitales y redes de crimen organizado, en estrecha colaboración con la Fiscalía, los juzgados y organismos como Europol, OLAF, MAOC‑N u otros cuerpos policiales.
Eje 4: Control del fraude en fase recaudatoria
El cuarto bloque se centra en la fase de cobro de deudas tributarias, donde el objetivo no es solo ingresar, sino generar un efecto preventivo en el conjunto de deudores, reforzando la percepción de que la evasión en fase ejecutiva también tiene consecuencias.
En 2026 se desarrollarán nuevas aplicaciones de selección de deudores basadas en patrones de conducta (uso de sociedades refugio, traslado de riqueza a nuevos instrumentos financieros, vaciamientos patrimoniales mediante servicios ficticios entre empresas del mismo grupo), para orientar programas específicos de investigación recaudatoria.
Se reforzará el seguimiento temprano de contribuyentes que generan por primera vez deudas significativas, con el fin de evitar acumulaciones inasumibles y diseñar estrategias de cobro desde el inicio. Al mismo tiempo, se intensificará el control de ingresos derivados de autoliquidaciones, velando porque las cuotas autoliquidadas se ingresen efectivamente.
En cuanto al procedimiento de embargo, está prevista la aprobación de una nueva resolución sobre embargo de saldos en cuentas financieras y proveedores de servicios de pago, con un procedimiento más eficaz y apoyado en cambios tecnológicos. De forma paralela, se impulsará la adhesión a la resolución que regula el embargo telemático de créditos derivados de cobros por TPV, potenciando este tipo de embargos y la obtención de información sobre el uso de terminales.
También se revisará el sistema de embargo de créditos comerciales y arrendaticios, con el doble objetivo de reducir cargas para las entidades pagadoras y evitar que las trabas repercutan de forma innecesaria en el prestigio comercial del deudor, ajustando mejor las diligencias al riesgo y al importe pendiente.
La lucha contra el delito fiscal y el contrabando seguirá teniendo un componente recaudatorio crucial: se vigilará la situación patrimonial de los deudores y de los responsables tributarios específicos, se explorarán acciones civiles (simulación, acción pauliana, responsabilidad de administradores), mercantiles y penales (frustración de la ejecución, insolvencias punibles, estafas) y se trabajará activamente en procesos concursales y preconcursales para defender el crédito público.
En el terreno internacional, se reforzará la cooperación para el cobro de créditos tributarios, aprovechando los mecanismos de asistencia mutua en la UE y promoviendo la inclusión de cláusulas de asistencia recaudatoria en convenios bilaterales con terceros países. El Equipo Nacional de Cobro Internacional impulsará además actuaciones presenciales en oficinas extranjeras (PAOE) para casos de planificación agresiva en fase recaudatoria.
Por último, se continuará depurando la deuda pendiente en periodo ejecutivo, con una revisión especial de la deuda más antigua, de las deudas suspendidas por recursos y de los vencimientos paralizados, agilizando ejecuciones de sentencias favorables a la Administración.
Eje 5: Colaboración con Comunidades Autónomas y otras Administraciones
El último gran bloque del plan gira en torno a la colaboración entre la AEAT y las administraciones tributarias autonómicas, tanto de régimen común como foral, así como con otros organismos públicos nacionales, como el Tribunal de Cuentas, y europeos.
Con las Comunidades Autónomas de régimen común y las ciudades con Estatuto de Autonomía, se impulsarán los intercambios de información a través del Censo Único Compartido, así como el suministro de datos sobre familias numerosas, grados de discapacidad, fianzas de arrendamientos, certificados de eficiencia energética y ayudas a la mejora energética de viviendas, constitución de rentas vitalicias, disoluciones de sociedades, reducciones de capital con atribución de bienes y préstamos entre particulares.
Las comunidades también facilitarán información sobre pagos presupuestarios antes de su realización para permitir el embargo del derecho de crédito cuando el beneficiario tenga deudas con la AEAT, y recibirán, a su vez, información financiera DAC2 relativa a contribuyentes con domicilio fiscal en su territorio, bajo determinadas condiciones de uso.
Se prevé intensificar el intercambio de información procedente de procedimientos de control de una y otra administración cuando pueda ser relevante para tributos gestionados por la otra parte (por ejemplo, información de la AEAT útil para regularizar donaciones no declaradas en el ámbito autonómico, o datos autonómicos valiosos para IRPF o Patrimonio).
En el caso de las Haciendas Forales, los principios de coordinación y colaboración del Concierto y el Convenio Económico exigen un esfuerzo especial en materia de intercambio de información, lucha conjunta contra el fraude que se apoya en deslocalizaciones artificiosas y coordinación en nuevas medidas, como las relacionadas con el fraude en hidrocarburos derivadas de la Ley 7/2024 o el desarrollo reglamentario en IVA.
En aduanas, la AEAT se integra en iniciativas europeas como la Alianza Europea de Puertos y la Plataforma Multidisciplinar Europea contra las Amenazas Criminales (EMPACT), centradas en reforzar la seguridad de la cadena logística portuaria, combatir el tráfico de drogas, tabaco, armas, material de doble uso, delitos medioambientales y blanqueo de capitales, y en anticipar amenazas como drones navales, narcosubmarinos o manipulación digital de documentación.
El Servicio de Vigilancia Aduanera, por su parte, seguirá colaborando con la Fiscalía Especial Antidroga y otros organismos nacionales e internacionales, reforzando su papel en la investigación patrimonial de organizaciones criminales y en la recuperación de activos procedentes del contrabando, el narcotráfico y el fraude fiscal.
Se mantiene asimismo la línea de cooperación con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a través de planes conjuntos para la lucha contra el fraude en cotizaciones y cuotas de la Seguridad Social, y contra la economía sumergida que combina actividad oculta, empleo irregular y ocultación fiscal.
Mirando al conjunto del documento, el Plan Anual de Control Tributario y Aduanero 2026 dibuja un escenario en el que la tecnología, los datos y la cooperación institucional se colocan en el centro del modelo de control: se amplía la información financiera y digital disponible, se usan algoritmos e inteligencia artificial para detectar patrones de riesgo, se prioriza el control de economía digital, inmobiliario, hidrocarburos, grandes patrimonios y sociedades complejas, y se refuerza tanto la asistencia al contribuyente como la recaudación ejecutiva, de forma que quien quiera cumplir tenga cada vez más fácil hacerlo, y quien pretenda aprovechar grietas o zonas grises se encuentre con una respuesta cada vez más rápida y sofisticada.