La aprobación de un decreto ley específico para La Palma por parte del Consejo de Ministros abre una nueva etapa en la respuesta institucional a los efectos de la erupción del volcán Tajogaite. Tras meses de negociaciones entre el Gobierno central y el Ejecutivo canario, se concreta por fin una de las demandas más repetidas por las autoridades insulares y el sector agrario: una bonificación fiscal del 60% para todos los contribuyentes residentes en la isla.
Este paquete de medidas, centrado de forma exclusiva en las consecuencias económicas y sociales de la erupción, combina alivio fiscal, inyección de fondos públicos y moratorias financieras. No se trata del llamado “decreto canario” de alcance más amplio, pero sí de un paso relevante dentro de la Agenda Canaria y de los compromisos adquiridos por el Gobierno de España con Canarias y, en particular, con La Palma.
Bonificación del 60% del IRPF para todos los residentes palmeros
El núcleo del decreto es la bonificación del 60% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para quienes tengan su residencia fiscal en La Palma. La medida se aplicará sobre el ejercicio correspondiente y se hará efectiva en la declaración de la renta que se presente en 2026, de manera que el impacto se verá directamente en el bolsillo de los contribuyentes palmeros cuando liquiden el impuesto.
Según ha detallado el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, la bonificación supondrá que la Agencia Tributaria deje de ingresar alrededor de 111 millones de euros. Se trata de una renuncia recaudatoria que el Ejecutivo central justifica como parte del esfuerzo extraordinario de reconstrucción económica de la isla, donde la actividad productiva -sobre todo en el sector primario- continúa condicionada por las consecuencias de la erupción.
La decisión de extender esta bonificación del 60% a todos los palmeros da respuesta a una reclamación que se había intensificado en las últimas semanas, especialmente desde el Gobierno de Canarias y el Cabildo. Las autoridades regionales insistían en que la isla necesitaba un marco fiscal singular de manera temporal para sostener la recuperación y evitar que familias y pequeñas empresas quedaran asfixiadas por la carga tributaria en un contexto tan excepcional.
El propio presidente autonómico, Fernando Clavijo, ha valorado el anuncio como un “avance importante” y un “inicio prometedor” dentro de la negociación más amplia de la Agenda Canaria, aunque ha remarcado que este texto normativo “no es el decreto canario”, sino un decreto urgente centrado en La Palma. Aun así, el Ejecutivo regional considera que se cumple uno de los compromisos clave pactados con Madrid.
100 millones de euros para fincas agrarias y nuevas infraestructuras
Junto al alivio fiscal, el decreto incorpora una medida de fuerte calado económico: la autorización al Gobierno de Canarias para utilizar 100 millones de euros con cargo al superávit autonómico. Este dinero se destinará principalmente a la recuperación de las plantaciones agrícolas y de las fincas que quedaron dañadas o sepultadas por las coladas en municipios como El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte.
Los fondos servirán tanto para reparar explotaciones afectadas como para financiar infraestructuras en nuevas fincas que sustituyan a las expropiadas o arrasadas por la lava. El objetivo es evitar que el sector primario, especialmente el plátano, quede tocado de forma permanente y pierda peso en la estructura económica de la isla. El ministro Torres ha subrayado que se pretende apoyar “al sector más afectado, el primario”, después de que las políticas anteriores se centraran en compensar la pérdida de viviendas habituales.
En paralelo, el decreto incluye la prórroga de proyectos financiados con fondos del Ministerio para la Transición Ecológica y otras partidas estatales que, de no ampliarse, corrían peligro de tener que devolver el dinero. Entre las actuaciones afectadas figuran la reforma del Hotel Monterrey en El Paso, la nueva sede del PLOCAN en Tazacorte y proyectos vinculados al agua y la biodiversidad en distintos puntos de la isla.
Esta extensión de plazos evita que los ayuntamientos y el Cabildo pierdan inversiones ya comprometidas por no llegar a justificar en la fecha inicialmente prevista. Las subvenciones de 12 millones de euros para infraestructuras municipales y los 3,3 millones para el Cabildo de La Palma podrán justificarse ahora hasta finales del primer trimestre de 2026, dando margen para culminar las obras sin la presión de los plazos originales.
Moratorias de préstamos y alivio financiero para agricultores
Otra de las patas del decreto es el restablecimiento y ampliación de las moratorias de obligaciones de pago para quienes se endeudaron para reconstruir o sostener sus explotaciones agrarias tras la erupción. Se recupera la suspensión temporal de intereses, cuotas de préstamos y créditos -con y sin garantía hipotecaria- vinculados a fincas en las zonas más afectadas.
Podrán acogerse a este alivio financiero aquellos deudores inscritos en el registro de personas afectadas por el volcán cuyos ingresos principales procedan de la agricultura y sean autónomos agrícolas. El foco se sitúa en explotaciones de municipios como El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte, donde la colada arrasó fincas y sistemas de riego y obligó a muchos agricultores a endeudarse para mantener su actividad o hacer frente a gastos básicos.
El real decreto también abre un nuevo plazo para solicitar la suspensión de obligaciones de pago, ampliando el margen temporal para que quienes aún no habían podido acogerse a las moratorias lo hagan ahora. La intención es que la falta de liquidez no se convierta en una trampa imposible de sostener para pequeños y medianos productores, que en muchos casos todavía están reorganizando sus terrenos y adaptándose a nuevas parcelas o infraestructuras.
Estas medidas financieras se suman a los instrumentos ya puestos en marcha desde el inicio de la crisis volcánica. Según ha recordado Ángel Víctor Torres, el conjunto de las actuaciones de la Administración General del Estado en la reconstrucción de La Palma supera los 1.100 millones de euros, a los que ahora se suman el coste de la bonificación del IRPF y el uso de estos 100 millones del superávit autonómico.
Un decreto urgente para La Palma dentro de la Agenda Canaria
El contexto político de este decreto viene marcado por la negociación más amplia de la llamada Agenda Canaria, en la que el Gobierno regional reclama un paquete integral de medidas para el archipiélago. El presidente canario, Fernando Clavijo, ha insistido en que el texto aprobado por el Consejo de Ministros es un instrumento específico y urgente para La Palma, mientras que el “decreto canario” de mayor alcance continúa discutiéndose y podría ver la luz en una fase posterior.
El contenido ahora convalidado es fruto de varias reuniones entre Pedro Sánchez y Fernando Clavijo, así como de encuentros posteriores entre el Gobierno de España y el Ejecutivo autonómico, en los que participaron la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el propio Ángel Víctor Torres. En estas citas se fueron perfilando tanto la bonificación del 60% del IRPF como la autorización para movilizar los 100 millones de euros destinados al sector agrario.
En días previos a la aprobación, desde Canarias se había elevado el tono. El consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano Hernández Zapata, expresaba públicamente su preocupación por el retraso en la adopción del llamado Decreto de La Palma y reclamaba que el texto recogiera de forma clara tres elementos: los 100 millones para las fincas agrícolas, la prórroga de la ayuda fiscal y la moratoria en los préstamos vinculados a los daños del volcán.
Zapata advertía de que no quería “juegos de trilerismo con los decretos leyes” y exigía que lo aprobado se limitara a asuntos relacionados con la isla, sin mezclar otras materias. También recordaba el compromiso del ministro Torres de que la norma fuera aprobada a mediados de noviembre, algo que finalmente se ha retrasado algunos días, pero que ya se ha materializado en el Consejo de Ministros celebrado en Madrid.
Tramitación parlamentaria y respaldo político esperado
Aunque el decreto ley entra en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado, su continuidad en el tiempo depende de la convalidación en el Congreso de los Diputados. El Gobierno confía en lograr un apoyo amplio, incluso un respaldo unánime, dada la naturaleza extraordinaria de las medidas y el consenso existente sobre la necesidad de seguir apoyando a La Palma.
Todo apunta a que el Partido Popular votará a favor, lo que facilitaría mucho la tramitación. El propio Mariano Hernández Zapata, consejero del Gobierno de Canarias y expresidente del Cabildo palmero durante la erupción, había vinculado el apoyo de su formación a que el decreto recogiera claramente la bonificación fiscal, los 100 millones para el sector agrario y la nueva moratoria de créditos para los afectados.
Una vez convalidada la norma en la Cámara baja, las medidas podrán aplicarse con total seguridad jurídica y comenzar a notarse tanto en la planificación de las campañas de renta como en la ejecución de los proyectos financiados y en la renegociación de préstamos. El Ejecutivo confía en que el calendario permita que la bonificación del IRPF se materialice sin retrasos y que las nuevas ayudas lleguen a tiempo para sostener la actividad económica durante los próximos meses.
En el plano político, desde el Gobierno central se subraya que estas decisiones forman parte de un compromiso sostenido con La Palma desde el inicio de la erupción, mientras que desde Canarias se insiste en que todavía queda camino por recorrer en la negociación del decreto canario y la Agenda Canaria. En todo caso, la bonificación del 60% en el IRPF y el paquete de ayudas se consideran un paso relevante en la consolidación de la reconstrucción.
Con la combinación de descuento del 60% en el IRPF, uso de 100 millones de euros del superávit para recuperar fincas y prórrogas de moratorias y subvenciones, La Palma suma un nuevo bloque de apoyos específicos para encarar la poscrisis volcánica. Queda por ver cómo se articula en la práctica cada medida y cómo se integra en la estrategia global de la Agenda Canaria, pero, de momento, los residentes de la isla disponen de un marco de alivio fiscal y financiero que pretende dar oxígeno a familias, agricultores y administraciones locales mientras continúan los trabajos de reconstrucción.
