La aprobación legislativa del crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Bolivia ha marcado un antes y un después en la estrategia económica del presidente Rodrigo Paz. Con un respaldo superior a los dos tercios de los votos en ambas Cámaras, el país andino asegura una inyección de 1.900 millones de dólares (unos 1.650 millones de euros) que, según el mandatario, servirá para blindar las reservas internacionales y abrir una nueva etapa de inversión y empleo. La medida llega en un contexto de fuerte tensión social y con la sombra del estado de excepción todavía presente.
El propio Paz ha celebrado el visto bueno del Legislativo calificándolo de “señal contundente de madurez política y certidumbre económica”. En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, el jefe de Estado ha subrayado que los recursos no pertenecen a una gestión concreta, sino que están destinados a estabilizar la economía nacional. Mientras tanto, el ministro de Economía, Christian Morales, ha defendido ante el Senado que esta financiación forma parte de un plan integral para ordenar las cuentas públicas y recuperar la confianza de los mercados internacionales de crédito.
El precio de la ayuda: fin de los subsidios a los carburantes
Uno de los compromisos más controvertidos asumidos por el Gobierno boliviano ante el organismo multilateral es la eliminación total de las subvenciones a los combustibles. El presidente Paz ya ha anunciado que el diésel dejará de estar subvencionado de inmediato, una decisión que afecta directamente a transportistas, agricultores y sectores productivos. “No podemos comprar caro para vender barato para que unos cuantos se lo roben”, ha justificado el mandatario en un mensaje emitido por televisión nacional.
La supresión del subsidio al diésel supone un ahorro estimado de unos 55 millones de dólares semanales para las arcas públicas, según las cifras manejadas por el Ejecutivo. La medida se completa con la promesa de eliminar también la subvención a la gasolina a partir de enero de 2027. El precio del litro de diésel ya se ha duplicado en dos ocasiones desde diciembre de 2025, hasta alcanzar los 18 bolivianos, cerca de dos dólares. Este escenario ha encendido las alarmas entre los sindicatos, que amenazan con reactivar las protestas si no se mantiene algún tipo de ayuda.
Para amortiguar el golpe, el Gobierno ha anunciado un paquete de medidas complementarias que incluye el pago de un bono extraordinario para 2,9 millones de personas a través del Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE), así como créditos preferenciales por valor de 81,6 millones de dólares para transportistas, artesanos y comerciantes minoristas. La intención es que estos sectores puedan hacer frente al encarecimiento del combustible sin que ello detenga la actividad económica.
La prórroga del estado de excepción
La aprobación del crédito del FMI coincide con la decisión del Legislativo de prorrogar durante otros 90 días el estado de excepción decretado el pasado 20 de junio. Esta medida, impulsada por el Ejecutivo tras semanas de bloqueos y protestas que llegaron a paralizar siete de los nueve departamentos del país, cuenta con el respaldo de 100 votos favorables de los 158 legisladores presentes en la sesión, que se prolongó durante más de ocho horas.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, ha justificado la prórroga ante el Parlamento argumentando que persisten riesgos de nuevos bloqueos y alteraciones del transporte y el abastecimiento. El marco legal permite aplicar restricciones temporales a la circulación, el tránsito y el derecho de reunión en las zonas donde las autoridades consideren que existen riesgos para el orden público, aunque siempre bajo criterios de necesidad y proporcionalidad.
La continuidad de estas medidas restrictivas ha generado críticas entre sectores políticos y sociales, que reclaman mayor control sobre su aplicación. Durante el debate parlamentario se llegó a plantear reducir la prórroga a 60 días, pero la alternativa no prosperó. El Comité pro Santa Cruz ya ha anunciado movilizaciones para el próximo 10 de octubre si el Gobierno no atiende sus demandas relacionadas con la situación económica y autonómica de la región.
Un respaldo internacional que abre nuevas puertas
El acuerdo alcanzado con el FMI, cerrado a nivel técnico a finales de julio, contempla un programa de 36 meses de duración que se materializará en desembolsos periódicos. Según ha explicado el viceministro del Tesoro, Óscar Navarro, los fondos son de libre disponibilidad y podrían utilizarse incluso para el pago de sueldos y aguinaldos de fin de año si fuera necesario, aunque el objetivo central es el saneamiento de las cuentas públicas.
El programa prevé un plazo de devolución de hasta diez años desde cada desembolso, con cuatro años y medio de gracia y un interés estimado de entre el 3% y el 3,5%. Una vez que el Directorio Ejecutivo del FMI ratifique el crédito, con fecha prevista para el próximo 2 de octubre, se espera que el primer desembolso ronde los 250 millones de dólares. Este respaldo inicial servirá además de trampolín para movilizar financiación adicional del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros organismos multilaterales por un montante que podría superar los 5.000 millones de dólares.
La estrategia del Gobierno boliviano pasa por aprovechar este momento para restaurar la confianza de los inversores internacionales y avanzar hacia un esquema de mayor flexibilidad cambiaria. El Banco Central ya ha situado la inflación interanual en agosto en el 5,02%, una cifra que, aunque elevada, muestra una desaceleración respecto a los picos de 2025. No obstante, los déficits fiscales persistentes, la caída de la producción de hidrocarburos y las distorsiones acumuladas en el mercado cambiario siguen siendo los principales desafíos que el programa del FMI deberá corregir.
La aprobación de este crédito supone un giro relevante en la política económica boliviana, que rompe con casi dos décadas de gobiernos socialistas reacios al endeudamiento con el organismo internacional. Tanto Evo Morales como Luis Arce evitaron recurrir al FMI, y en 2020 el entonces presidente Arce llegó a devolver un préstamo de 327 millones de dólares contraído por el gobierno transitorio de Jeanine Áñez. Ahora, el gobierno de Paz asume el desafío de demostrar que el ajuste fiscal y la eliminación de subsidios pueden sentar las bases de una recuperación económica sostenible.
El camino, sin embargo, no estará exento de obstáculos. Los sindicatos, encabezados por la Central Obrera Boliviana (COB), han rechazado el endeudamiento externo por su impacto directo en el poder adquisitivo de las familias, y las amenazas de nuevas movilizaciones planean sobre un país que todavía recuerda los 53 días de bloqueos vividos entre mayo y junio. La gestión simultánea de la conflictividad social, la aplicación de las reformas comprometidas y la llegada efectiva de los fondos internacionales marcarán los próximos meses de un Gobierno que se juega gran parte de su credibilidad en este envite.