El autoconsumo compartido se está convirtiendo en una de las fórmulas más interesantes para acercar la energía solar a la ciudadanía sin necesidad de que cada hogar instale sus propias placas. Ayuntamientos y administraciones autonómicas están probando distintos modelos de comunidades energéticas en los que la producción se concentra en cubiertas públicas y la electricidad se reparte entre vecinos y comercios cercanos.
En España empiezan a consolidarse experiencias muy variadas, desde barrios en regeneración urbana hasta pequeños municipios rurales que prácticamente han logrado que todo el pueblo participe. Bilbao, Barcelona y Calanda son tres ejemplos significativos de cómo el autoconsumo compartido puede adaptarse a realidades muy distintas y, aun así, tener un objetivo común: reducir emisiones, abaratar la factura y dar a la gente más control sobre la energía que consume.
Otxarkoaga (Bilbao): comunidades solares en la regeneración de un barrio
En Bilbao, el Gobierno Vasco ha aprobado una subvención directa de 190.000 euros al Organismo Autónomo Local Viviendas Municipales para avanzar en un proyecto experimental de comunidades de autoconsumo compartido en el barrio de Otxarkoaga. Esta ayuda da continuidad a una primera fase, dotada con 110.000 euros, en la que ya se habían instalado paneles fotovoltaicos en varios edificios residenciales y equipamientos públicos del entorno.
La nueva etapa se centra en el Centro Comercial C “El Chino”, uno de los puntos neurálgicos del barrio, formado por tres edificios interconectados. Las cubiertas de este complejo se consideran especialmente adecuadas para albergar una instalación solar de cierta envergadura, capaz de suministrar electricidad a distintos locales comerciales y posibles usuarios residenciales del entorno, dentro del radio legal permitido para el autoconsumo compartido.
El proyecto no se limita a colocar módulos fotovoltaicos. También contempla la rehabilitación de las cubiertas, la modernización del cuarto de instalaciones y la renovación de la iluminación por sistemas más eficientes. De este modo, el centro comercial mejora su calificación energética y se prepara para actuar como nodo de una comunidad energética local, desde la que se podrá compartir energía con un abanico más amplio de consumidores.
La iniciativa en Otxarkoaga forma parte de la estrategia de regeneración integral del barrio y se enmarca en la Agenda Urbana de Euskadi – Bultzatu 2050. La apuesta pasa por unir rehabilitación de edificios, eficiencia energética y participación ciudadana para avanzar hacia un modelo urbano más sostenible, con menor dependencia de combustibles fósiles y un reparto más equitativo de los beneficios de la transición energética.
Entre los objetivos de esta línea de trabajo destacan la reducción del consumo de energía convencional y de las emisiones de CO₂, el acceso a renovables para hogares con menos recursos, el impulso de soluciones innovadoras en arquitectura ecoeficiente y, en último término, una mejora de la calidad de vida y de las oportunidades económicas de un barrio tradicionalmente vulnerable.
Barcelona: energía de las pérgolas solares para un centenar de hogares
En Barcelona, el Ayuntamiento ha puesto en marcha un servicio municipal de autoconsumo compartido que aprovecha la energía solar generada en dos grandes pérgolas fotovoltaicas situadas en el espacio público: la de la plaza de Alfonso Comín, en el distrito de Gràcia, y la de la ronda de Dalt, en el paseo de la Vall d’Hebron, en Horta-Guinardó.
Se trata de una prueba piloto en la que ya participa en torno a un centenar de consumidores, entre hogares y pequeños negocios, ubicados a menos de 1.000 metros de las instalaciones. Cada usuario dispone de una asignación media de 500 W de potencia para su autoconsumo, sin necesidad de hacer inversiones propias en placas ni en equipos, ya que el consistorio se hace cargo de la infraestructura y su gestión.
La energía compartida se comercializa mediante un precio público de 70 euros anuales por cada bloque de 500 W asignados. Los estudios municipales estiman que este esquema puede permitir un ahorro energético cercano al 20% del consumo anual de un hogar tipo, lo que suele traducirse en una reducción de la factura eléctrica de entre 90 y 150 euros anuales, en función de la evolución de los precios de la luz.
El Ayuntamiento, a través de la Agencia Local de la Energía, acompaña a las personas usuarias con asesoramiento personalizado. La idea es que los beneficiarios conozcan en todo momento sus patrones de consumo y adapten sus hábitos para aprovechar mejor los periodos de mayor generación solar. De este modo, el proyecto no solo aporta ahorro, sino también cultura energética y mayor consciencia sobre el uso responsable de la electricidad.
El diseño del servicio incorpora una vertiente social relevante: una parte de las plazas se adjudican mediante concurrencia pública competitiva, mientras que se reserva un cupo específico para familias en situación de vulnerabilidad, que son seleccionadas con criterios sociales y disfrutan de una bonificación del 100% sobre el precio público. Así, estos hogares pueden acceder a energía renovable sin coste adicional, en línea con los objetivos de una transición energética justa.
Capacidad de las pérgolas y reparto de la energía en Barcelona
Las dos pérgolas municipales que alimentan el servicio concentran buena parte de la apuesta fotovoltaica de la ciudad en esta fase inicial. La estructura de la ronda de Dalt cuenta con una potencia instalada de alrededor de 43 kWp, con una producción anual estimada en torno a 54.000 kWh. Esta instalación suministra electricidad compartida a unas decenas de hogares procedentes de la convocatoria pública, más un grupo adicional de familias vulnerables, mientras que una pequeña parte de la potencia se reserva para suministros municipales cercanos.
Por su parte, la pérgola de la plaza de Alfonso Comín dispone de algo más de 24 kWp de potencia y una generación prevista de unos 30.000 kWh al año. Su energía también se distribuye entre varios grupos de usuarios domésticos, combinando participantes de la convocatoria general con hogares que presentan criterios de vulnerabilidad, y dejando un margen para consumos de servicios públicos próximos.
En ambos casos, el esquema de reparto cumple con los requisitos del autoconsumo compartido de proximidad, aprovechando al máximo la superficie disponible en estructuras ya existentes. Esto permite poner en valor infraestructuras municipales que antes tenían un uso limitado, convirtiéndolas en auténticos puntos de generación eléctrica al servicio de la comunidad.
La teniente de alcaldía responsable del área de acción climática y urbanismo ha señalado que este proyecto coloca a Barcelona entre las ciudades referentes en autoconsumo compartido a nivel estatal. El piloto tendrá una vigencia máxima de cuatro años, periodo en el que se analizará su impacto, el grado de satisfacción de los usuarios y el potencial de ampliación a otros barrios y cubiertas públicas de la ciudad.
A nivel estratégico, la iniciativa se enmarca en el Plan Clima municipal y en la línea de desarrollar comunidades energéticas urbanas. El objetivo de fondo es ir construyendo un sistema energético más distribuido, con mayor participación ciudadana y menos dependencia de grandes infraestructuras centralizadas, sin dejar de lado la dimensión social y el apoyo a quienes tienen más dificultades para afrontar los costes energéticos.
Calanda: un municipio que comparte la energía de casi todo el pueblo
Mientras las grandes ciudades ensayan proyectos piloto a escala de barrio, en el municipio turolense de Calanda se ha puesto en marcha lo que se presenta como la mayor planta de autoconsumo compartido de titularidad municipal registrada hasta ahora en España. Casi 1.000 familias —en torno al 70-75% de los hogares de la localidad— se han adherido a esta iniciativa impulsada por el Ayuntamiento junto con Enel Green Power, filial renovable de Endesa.
El proyecto, bautizado como ‘Genera Calanda’, se articula en torno a 15 instalaciones fotovoltaicas situadas sobre edificios y dependencias municipales como el polideportivo, la residencia, las piscinas, almacenes y un pabellón multiusos. En conjunto suman una potencia instalada cercana a los 950 kW, lo que supone una capacidad de generación notable para un municipio de este tamaño y permite cubrir parte de la demanda de un número muy elevado de viviendas.
La iniciativa nace como una de las medidas de acompañamiento socioeconómico vinculadas al Nudo Mudéjar, tras el cierre de la central térmica de Andorra. El objetivo es que la transición desde un modelo intensivo en combustibles fósiles hacia uno renovable tenga un retorno claro para la población del entorno, reduciendo costes energéticos y generando nuevas oportunidades económicas y de gestión local de la energía.
En relación con la financiación, Enel Green Power ha asumido alrededor del 80% de una inversión superior a los 2 millones de euros, mientras que el 20% restante lo aporta el Ayuntamiento. Esta fórmula de colaboración público-privada ha permitido acelerar la ejecución del proyecto y minimizar la carga económica inicial para las arcas municipales, manteniendo al mismo tiempo la titularidad pública de las instalaciones.
Gracias a este despliegue, cada familia adherida puede disponer de hasta 1.000 kWh anuales de energía generada localmente. Los cálculos municipales apuntan a que, en un hogar medio con una potencia instalada de unos 5,5 kW, el ahorro podría rondar los 30 euros al mes en la factura eléctrica, siempre condicionado por la evolución de los precios de la energía en el mercado.
Comunidades energéticas locales y ahorros a largo plazo
El diseño del proyecto de Calanda contempla dos grandes fases. La primera, ya completada, ha consistido en la instalación de las placas solares y la puesta en servicio técnica de las plantas. La segunda se centra en la creación y activación de una comunidad ciudadana de energía, que será la encargada de gestionar el reparto de la energía, la relación con las comercializadoras y, en general, la organización del autoconsumo compartido.
Está previsto que, una vez finalizado el periodo inicial de explotación por parte de la empresa impulsora, las instalaciones reviertan al Ayuntamiento, que las cederá a esta comunidad energética para su gestión. En ese momento se espera consolidar un ahorro en la factura eléctrica que, según las estimaciones municipales, podría situarse entre el 35% y el 40% para las familias participantes.
El impacto no se limita a los hogares. El propio Ayuntamiento calcula que podrá reducir en torno a un 40% su gasto energético, con un ahorro anual estimado entre 35.000 y 38.000 euros para la administración local. Además, numerosas empresas del municipio con consumos elevados se han sumado al esquema de autoconsumo compartido, lo que les permitiría rebajar sus costes a medio plazo y ganar competitividad.
El alcalde ha subrayado el carácter colectivo del proyecto y la elevada participación vecinal, destacando que casi tres cuartas partes de las familias del municipio se han adherido. Según sus declaraciones, la vida útil prevista de las instalaciones, de entre 20 y 25 años, abre una etapa prolongada en la que el municipio podrá beneficiarse de una energía más barata y limpia, reduciendo a la vez su huella de carbono.
La experiencia de Calanda se plantea como un posible modelo para otras localidades del entorno del Convenio de Transición Justa de Aragón, donde se baraja que hasta miles de familias puedan acogerse a soluciones similares en los próximos años, a medida que se desplieguen nuevos proyectos renovables ligados a la reconversión de antiguas infraestructuras térmicas.
El impulso del autoconsumo compartido en Bilbao, Barcelona y Calanda muestra que, con enfoques distintos y escalas muy diversas, es posible construir comunidades energéticas que combinen ahorro económico, reducción de emisiones y participación ciudadana. Desde un centro comercial de barrio convertido en nodo solar, pasando por pérgolas urbanas que dan sombra y energía a la vez, hasta un pequeño municipio donde casi todo el pueblo comparte la producción fotovoltaica, los proyectos apuntan a un escenario en el que la energía se genera más cerca, se reparte mejor y se integra como una pieza clave en las políticas de regeneración urbana, cohesión social y transición ecológica.